ANÁLISIS

Seis meses para la Corte: Washington sanciona a toda la CPI y abre una negociación sobre su independencia

10 de octubre de 2026 — Estados Unidos / Países Bajos / Corte Penal Internacional

Serie «La Corte bajo asedio» · 5 de 6

El viernes por la mañana, en Oslo, el presidente del Comité Noruego del Nobel anunció el premio de la Paz y tuvo que pedir desde el atril a la ganadora que contestara el teléfono si veía una llamada de un número noruego: no habían logrado avisarla (CBS News). La ganadora era Navi Pillay, 85 años, jurista sudafricana, exjueza de la Corte Penal Internacional y después Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Por la tarde, en Washington, el secretario de Estado Marco Rubio publicó un vídeo: Estados Unidos sancionaba a la Corte en la que Pillay había trabajado. Dos noticias del mismo día, sobre la misma Corte.

Los hechos

El 9 de octubre el Departamento de Estado designó a la Corte Penal Internacional con base en la orden ejecutiva 14203, firmada por Donald Trump en febrero de 2025. Hasta ese día la orden se había usado contra personas: al menos trece funcionarios de la Corte, entre ellos nueve jueces, la presidenta Tomoko Akane y los dos fiscales adjuntos que hoy dirigen la Fiscalía, además de la relatora especial de la ONU Francesca Albanese (OFAC, lista de designaciones). Ahora el objetivo es la institución.

En el vídeo Rubio dijo que Estados Unidos prohibirá las transacciones con esta «corte canalla», cortándole los recursos y paralizando su capacidad de funcionar, y que el presidente Trump nunca permitirá que la Corte procese a estadounidenses. Terminó con una disyuntiva: o la Corte pone fin a sus amenazas, o Estados Unidos pondrá fin a la Corte (The National).

Qué prohíbe y qué no. Una sanción de este tipo prohíbe a ciudadanos y empresas estadounidenses cualquier transacción con la Corte sin autorización del Tesoro, y en la práctica disuade también a los bancos extranjeros, que dependen del sistema financiero de Estados Unidos (Reuters, vía The Senior). Pero junto con la designación el Tesoro publicó cuatro licencias generales. La más importante, la n.º 13, autoriza hasta las 00:01 (hora de Washington) del 7 de abril de 2027 todas las operaciones necesarias para mantener o liquidar las actividades de la Corte. El texto las enumera: los pagos de los Estados miembros, los salarios, el seguro médico y la atención sanitaria del personal, el alquiler, los suministros, los impuestos, los servicios por suscripción, las facturas anteriores al 9 de octubre (OFAC, licencia general n.º 13). Las otras tres licencias mantienen legales los servicios de telecomunicaciones, internet y software, el pago de las pensiones del personal y la detención de los acusados ya bajo custodia en La Haya (The Sanctions Drop).

En otras palabras: hoy la Corte sigue funcionando. Dentro de seis meses, si la licencia no se prorroga, no.

Por qué seis meses. Según el Departamento de Estado, el periodo sirve para dar a los Estados miembros de la Corte la oportunidad de mostrar «avances significativos» hacia soluciones diplomáticas y jurídicas, que podrían llevar al levantamiento de las sanciones o a una prórroga de la licencia (The Sanctions Drop, que cita el comunicado). Lo que Washington considera un avance lo ha dicho muchas veces: la retirada de las órdenes de detención de 2024 contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant, y el cierre de la antigua investigación sobre las tropas estadounidenses en Afganistán (Reuters, vía The Senior).

Las reacciones

La Corte calificó las sanciones de ataque al Estado de derecho y a los fundamentos del orden jurídico internacional. La presidenta Akane dijo que la Corte seguirá cumpliendo su mandato con independencia e imparcialidad, sobre la base del derecho y de las pruebas, por las víctimas de crímenes graves (UPI). El comunicado añade que la Corte no puede actuar sola, y que su destino está ahora también en manos de los Estados que la crearon (Corriere della Sera). La fiscal adjunta Nazhat Shameem Khan, sancionada a su vez en 2025, dijo a Reuters que las medidas deben ser condenadas (Jerusalem Post, de Reuters).

Los Estados respondieron de dos maneras a la vez: defendiendo a la Corte y ofreciendo diálogo.

• Ocho gobiernos, Italia incluida. Los ministros de Exteriores de Italia, Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, Japón, Países Bajos y Reino Unido firmaron una declaración conjunta. Expresan su firme oposición a las sanciones y su apoyo a la independencia de la Corte, y advierten que, si se aplicaran, tendrían un impacto significativo en su trabajo y en su personal. En la misma declaración se comprometen a un diálogo «constructivo e inclusivo» con los Estados que no son parte del Estatuto, de cara a la Asamblea de los Estados Partes de diciembre de 2026 (Corriere della Sera). Al día siguiente el ministro italiano Antonio Tajani reiteró a Il Messaggero que Italia se opone «con firmeza» a las sanciones y seguirá apoyando a la Corte (Italpress).
• Unión Europea. El 9 de octubre la Comisión calificó el anuncio de profundamente lamentable y se declaró dispuesta a adoptar todas las medidas necesarias para que la Corte pueda trabajar y para proteger a los operadores europeos en el mercado único; con seis meses de transición, añadió, hay margen para el diálogo (Corriere della Sera). El 10 de octubre la alta representante Kaja Kallas, en nombre de la Unión, pidió a Estados Unidos que retire las sanciones. En la misma declaración acogió con satisfacción la disposición de Washington a dialogar con los Estados Partes e interpretó el aplazamiento de las medidas como un espacio para la diplomacia (Sky TG24). El estatuto de bloqueo, que solo la Comisión puede activar, no se había activado a la noche del 10 de octubre.
• Países Bajos. El primer ministro Rob Jetten dijo que su país protegerá a la Corte «ladrillo a ladrillo», dando la vuelta a la expresión de Rubio. También explicó que varios países trabajan en propuestas de reforma de la Corte, y que el mensaje a los estadounidenses es que participen en ese diálogo (Corriere della Sera). El ministro de Exteriores Tom Berendsen acogió el periodo de seis meses como una oportunidad que explorar con los demás Estados miembros (News.az, de Anadolu).
• Otros gobiernos europeos. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, dijo que la justicia internacional debe ser defendida y que la Unión usará herramientas políticas, diplomáticas, financieras y prácticas (TRT World). El ministro belga de Exteriores, Maxime Prévot, pidió activar el estatuto de bloqueo europeo para proteger a la Corte (Al Jazeera). También Austria, Dinamarca, Portugal y Suecia condenaron las sanciones; Suiza, que no forma parte de la Unión, se declaró contraria a sanciones y amenazas contra la independencia de la Corte (TRT World).
• ONU. El secretario general António Guterres se mostró profundamente alarmado: a su juicio, la decisión es un duro golpe para la justicia penal internacional (Al Jazeera). El alto comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó las sanciones de inaceptables (Corriere della Sera).
• Estados Unidos, sobre el Nobel. En un mitin en Syracuse, la noche del 9 de octubre, Trump dijo que nunca había oído hablar de Pillay y calificó la elección del Comité de decisión «vergonzosa y bochornosa», una «mancha indeleble» para Noruega (GV Wire, de Reuters). No habló de la Corte.
• Sudáfrica. El presidente Cyril Ramaphosa felicitó a Pillay y la situó junto a Luthuli, Tutu, Mandela y De Klerk. Su mensaje no menciona la Corte ni las sanciones (SAnews).
• Israel. El primer ministro Benjamin Netanyahu felicitó a Trump y a Rubio y escribió que la Corte no es un tribunal sino un órgano político (Corriere della Sera).

Sobre el Nobel, la reacción más dura llegó de Israel. El ministro de Exteriores Gideon Saar calificó el premio de instrumentalización grotesca y escribió que, si existiera un premio a las mentiras y las calumnias, Pillay sería la gran favorita. Llamó a sus conclusiones sobre Gaza la mayor mentira del siglo, llegando a evocar a Goebbels (Open). El blanco es el trabajo de Pillay al frente de la Comisión de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado. Su informe de 2025 concluyó que las fuerzas y los dirigentes israelíes cometieron cuatro de los cinco actos de genocidio previstos en la Convención de 1948.

El presidente del Comité, Jørgen Watne Frydnes, respondió que ese trabajo procede de una comisión de la ONU, que el Comité tiene plena confianza en la profesionalidad de Pillay, y que decidir si es genocidio corresponde a los tribunales internacionales, no al Comité. Pillay dijo que no entiende por qué haría falta valor para decir la verdad (Open). Al día siguiente, por videoconferencia desde Núremberg con el Centro Nobel de la Paz de Oslo, calificó las sanciones contra jueces por sus decisiones de «sin precedentes, inaceptables» (Dawn, de AFP).

Por lo que hemos podido verificar, a la noche del 10 de octubre no constaban declaraciones oficiales de Rusia, China e India, que no son miembros de la Corte, ni de Brasil, que sí lo es (Rio Times, sobre Brasil).

El Nobel y la secuencia de los hechos

El Comité premió a Pillay «por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional», y escribió que ha contribuido de forma decisiva a que se persigan los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio, y que el premio quiere recordar al mundo que el Estado de derecho, nacional e internacional, es la base del sistema construido para mantener la paz (nobelprize.org). Pillay forma parte hoy de la Corte Internacional de Justicia en el caso en que Myanmar está acusado de genocidio contra los rohinyás. Dedicó el premio a los supervivientes de crímenes internacionales (Al Jazeera).

La tentación es leer las sanciones como una respuesta al premio. Los hechos no lo respaldan. Ya el 21 de septiembre dos fuentes decían a Reuters que las sanciones contra toda la Corte estaban listas y solo faltaba la fecha (Reuters, vía The Senior). Lo informamos en ese momento, al contar el llamamiento de Trump en la ONU. La coincidencia de calendario es real, y dice algo sobre cómo dos instituciones miran el mismo derecho. Un móvil, no.

Cómo se llegó hasta aquí

Lectura jurídica

1. La jurisdicción en disputa. La tesis estadounidense es que la Corte no puede juzgar a nacionales de Estados que no se han adherido al Estatuto de Roma, como Estados Unidos e Israel. El Estatuto dice otra cosa: según el artículo 12, la Corte juzga los crímenes cometidos en el territorio de un Estado parte, sea cual sea la nacionalidad de quien los comete. Es la misma regla por la que un tribunal español juzga a un extranjero que comete un delito en España. Afganistán y Palestina son Estados partes. Lo explicamos con más detalle aquí.

Israel impugna esta lectura con dos argumentos serios: Palestina no sería un Estado a efectos del Estatuto, y según los Acuerdos de Oslo no tendría jurisdicción penal sobre los israelíes que pudiera transferir a la Corte (Lieber Institute, West Point). En abril de 2025 la Sala de Apelaciones de la Corte dio la razón a Israel en una cuestión de procedimiento y pidió a los jueces que examinaran esa impugnación en el fondo (JURIST). En enero de 2026 ese examen seguía en curso. Sobre otra objeción, según la cual la Corte debía haber avisado a Israel y darle la posibilidad de investigar por su cuenta, la Sala de Apelaciones se pronunció el 15 de diciembre de 2025 y la rechazó por tres votos contra dos; tres días después Estados Unidos sancionó a dos jueces de esa sala (Just Security). Mientras tanto, las órdenes siguen vigentes (The New Arab, de Reuters). Ese es el lugar donde debe decidirse la cuestión: un tribunal, no una licencia del Tesoro.

2. Quién decide qué. Ni los jueces ni el fiscal pueden «retirar» una orden por acuerdo político: una orden se revoca con una decisión judicial. Los Estados miembros no tienen ese poder. Tienen, sin embargo, herramientas indirectas: el presupuesto, la elección del nuevo fiscal, que la Asamblea de los Estados Partes debe elegir tras la destitución de Khan, y la presión política. Es con estas herramientas con las que se juegan los seis meses.

3. La inmunidad de quien juzga. El artículo 48 del Estatuto reconoce a jueces y fiscales inmunidad por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones. Lo recordaron expertos de la ONU cuando Rusia condenó en rebeldía a Khan y a ocho jueces por la orden contra Putin (JURIST). Vale también hoy.

El test de simetría

Moscú y Washington. En diciembre de 2025 un tribunal de Moscú condenó al fiscal Khan a quince años y a ocho jueces a penas de hasta quince años por haber emitido la orden contra Putin. Lo contamos en Quince años por una orden de arresto. La presidenta Akane está hoy condenada por Rusia y sancionada por Estados Unidos: dos potencias que no reconocen a la Corte y golpean a las mismas personas, por razones opuestas. La vara de medir debe ser la misma.

Las críticas desde dentro. Mali, Burkina Faso, Níger, Venezuela y Chad notificaron su salida del Estatuto en 2026, acusando a la Corte de parcialidad hacia África y América Latina (BSS, de AFP). Hungría había hecho lo mismo en 2025, pero el nuevo gobierno revocó la retirada antes de que surtiera efecto (ASIL).

Italia. En enero de 2025 Italia detuvo y luego devolvió a Libia en un vuelo de Estado a Osama Almasri, buscado por la Corte por crímenes de lesa humanidad. La Corte constató el incumplimiento italiano y en enero de 2026 remitió a Italia a la Asamblea de los Estados Partes (Universidad de Padua, Centro de Derechos Humanos). En febrero de 2025, cuando Trump firmó la orden ejecutiva, Italia no estuvo entre los 79 Estados que firmaron una declaración en defensa de la Corte (LaPresse). Esta vez Roma firmó la declaración de los ocho en defensa de la Corte. Es un cambio de posición, y hay que dejar constancia. El caso Almasri sigue abierto: quien defiende a la Corte frente a Washington debe pedir a Roma la misma coherencia.

La propia Corte. La Corte tiene sus límites, y un texto que la defiende no debe callarlos. A mediados de 2025, según Reuters, contaba con once condenas y cuatro absoluciones en más de veinte años, solo seis por los crímenes más graves (Daily Maverick, de Reuters). Casi todos los acusados son africanos (University of Minnesota, Imagine Rights). En julio de 2026 su fiscal jefe fue destituido por acoso, con 82 votos de 125; él lo niega y recurre (Anadolu). Y la investigación sobre Afganistán, cuyo cierre exige Washington, ya había sido reducida por la propia Corte en 2021, entre las críticas de las organizaciones de derechos humanos (Al Jazeera).

Juicio editorial

Esta sección expresa la posición del sitio. Está separada de los hechos expuestos más arriba.

El titular fue «Estados Unidos sanciona a la Corte». El texto de la licencia n.º 13 cuenta algo más sutil: la Corte no se cierra, se pone bajo condición. Salarios, alquiler y contribuciones de los Estados siguen siendo legales durante seis meses. Después, si nadie ha hecho «avances», se apaga la luz. No es un golpe: es una cuenta atrás, y una invitación a negociar.

Por eso la pregunta de los próximos meses no tiene que ver con Washington, cuya posición es clara. Tiene que ver con los 125 Estados que crearon la Corte, y es la propia Corte quien lo dice: su destino, escribió, está en sus manos. La primera respuesta llegó en el mismo día, y ya contiene los dos caminos: firme oposición a las sanciones y, en la misma frase, diálogo con quien las impone, reformas, la Asamblea de diciembre. Pueden usar estos seis meses para protegerla de verdad: bancos y proveedores fuera del alcance del Tesoro estadounidense, un escudo europeo que funcione, un fiscal elegido sin hipotecas. O pueden usarlos para «dialogar», como dijo el gobierno neerlandés, y descubrir que el precio del diálogo es una investigación que se deja morir o un fiscal elegido para no molestar. El primer escenario salva un tribunal. El segundo salva el edificio y vacía el tribunal.

Una Corte que sobrevive renunciando a juzgar a quien protege una gran potencia ya no es la misma Corte. Sería, literalmente, aquello de lo que la acusan Moscú, los gobiernos del Sahel y hoy también Washington: un instrumento que solo vale para los débiles.

Qué seguir

• El comunicado completo del Departamento de Estado y la duración de las licencias n.º 14, 15 y 16.
• La respuesta de la Unión Europea: si activa o no el estatuto de bloqueo, y si puede proteger a una institución internacional.
• Las posiciones de los Estados miembros, empezando por Países Bajos, Alemania, Japón (primer financiador de la Corte) e Italia.
• Si hablarán, y cómo, Rusia, China, India y Brasil, hasta ahora en silencio.
• La Asamblea de los Estados Partes de diciembre de 2026, el «diálogo» con los Estados no miembros y las propuestas de reforma anunciadas por Jetten: qué contienen.
• La elección del nuevo fiscal.
• La decisión de los jueces sobre la impugnación israelí de la jurisdicción, pendiente desde hace más de un año.
• El 7 de abril de 2027: prórroga, levantamiento o bloqueo.

Fuentes: CBS News · OFAC, lista de designaciones · The National · Reuters, vía The Senior · OFAC, licencia general n.º 13 · The Sanctions Drop · UPI · Corriere della Sera · Jerusalem Post, de Reuters · Italpress · Sky TG24 · News.az, de Anadolu · TRT World · Al Jazeera · GV Wire, de Reuters · SAnews · Open · Dawn, de AFP · Rio Times · nobelprize.org · Al Jazeera · Al Jazeera · Lieber Institute, West Point · JURIST · Just Security · The New Arab, de Reuters · JURIST · BSS, de AFP · ASIL · Universidad de Padua, Centro de Derechos Humanos · LaPresse · Daily Maverick, de Reuters · University of Minnesota, Imagine Rights · Anadolu · Al Jazeera

Noticias relacionadas: El faro · El llamamiento que cayó en el vacío: Trump, la CPI y el peso de lo que no se reconoce · Quince años por una orden de arresto · Dos órdenes, cero detenciones

← Todas las noticias y manifiestos