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Tres firmas contra la Corte: en Shenzhen, Washington, Moscú y Pekín piden inmunidad para quienes gobiernan
19 de noviembre de 2026 — Shenzhen, China
Serie «La Corte bajo asedio» · 6 de 7
En síntesis
- El 19 de noviembre de 2026 en Shenzhen, al margen de la cumbre de la APEC, los presidentes de Estados Unidos, China y Rusia celebraron el primer encuentro a tres de la historia y firmaron una «Declaración por la paz» en cuatro puntos.
- El punto 3 afirma que el consentimiento de los Estados y el respeto de las inmunidades de los funcionarios del Estado son «de importancia primordial» y que la CPI y los organismos similares «no deben abusar de su jurisdicción».
- Al abrir la reunión, Trump calificó a la Corte de «fuera de control», la misma fórmula que usó en septiembre en la Asamblea General de la ONU.
- Ninguno de los tres países forma parte de la Corte. Sobre Putin pesa desde marzo de 2023 una orden de detención por la deportación de niños ucranianos.
- La declaración es política y no tiene efectos jurídicos sobre la Corte. La ONU, la Unión Europea e Italia defendieron a la CPI.
- Hasta octubre, Moscú y Pekín callaban sobre las sanciones estadounidenses contra la Corte. Desde hoy hay un texto común.
Los hechos
El jueves 19 de noviembre, en una villa a las afueras de Shenzhen, Donald Trump, Xi Jinping y Vladímir Putin se sentaron a la misma mesa durante unos ochenta minutos. Nunca había ocurrido. Al final difundieron una «Declaración por la paz» en cuatro puntos, publicada íntegramente por el Kremlin y por los medios estatales chinos, entre ellos la cadena CGTN.
Los dos primeros puntos se refieren a la reforma de la ONU, que los tres se comprometen a impulsar como miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y al aumento de la producción de combustibles refinados. El cuarto repite que una guerra nuclear no se puede ganar y nunca debe librarse y anuncia un diálogo sobre los riesgos nucleares, sin plazos y sin recortes de los arsenales.
El tercer punto se refiere a la justicia internacional. Los tres jefes de Estado reconocen que «el principio del consentimiento de los Estados y el respeto de las inmunidades de los funcionarios del Estado son de importancia primordial» y coinciden en que «la Corte Penal Internacional y otros organismos similares no deben abusar de su jurisdicción».
Trump lo había anticipado al abrir el encuentro. Dijo que propondría «formas de proteger la soberanía de nuestras naciones frente a organizaciones globalistas fuera de control como la Corte Penal Internacional», que a su juicio ha ido «mucho más allá de su jurisdicción». Y añadió: «Creo que todos lo pensamos» (The New Republic). Era la misma fórmula que usó en septiembre ante la Asamblea General, contada en El llamamiento que cayó en el vacío.
El texto no menciona Ucrania ni la guerra entre Estados Unidos e Irán.
Qué valor tiene
La declaración no es un tratado. No obliga a ningún Estado, no modifica el Estatuto de Roma y no afecta a ninguno de los procedimientos abiertos en La Haya. El Estatuto solo pueden cambiarlo los Estados que forman parte de él, y ninguno de los tres firmantes lo es: Estados Unidos y Rusia lo habían firmado y luego retiraron su firma, y China nunca lo firmó.
Su peso es político. Las sanciones estadounidenses contra la Corte, contadas en Seis meses para la Corte, eran una campaña de Washington, y Rusia y China miraban sin exponerse. Desde hoy, las tres mayores potencias militares fuera de la Corte han puesto por escrito un principio común sobre lo que la Corte puede hacer y lo que no. En Shenzhen lo firmó también un hombre buscado por esa Corte: el 17 de marzo de 2023 la CPI dictó una orden de detención contra Putin por la deportación ilegal de niños de los territorios ucranianos ocupados. Moscú rechaza las acusaciones.
Las reacciones
- ONU: el portavoz adjunto del secretario general, Farhan Haq, dijo que la Corte es «uno de los organismos cruciales para la justicia internacional» y que debe reforzarse, no debilitarse. Preguntado por cómo pueden decidir sobre la Corte líderes de los que al menos uno está buscado, respondió que deja a la Corte comentar su propio trabajo (Anadolu).
- Unión Europea: reafirmó su «firme e inquebrantable compromiso» con el orden internacional basado en normas, «del que la Corte Penal Internacional es parte fundamental» (Sky TG24).
- Italia: el ministro de Asuntos Exteriores Antonio Tajani dijo que la Corte «puede cometer errores, pero no podemos poner en duda una institución» como la CPI, y que Shenzhen «no es la nueva Yalta» (Agenzia Nova).
- Ucrania: el ministro de Asuntos Exteriores Andrí Sibiga escribió que «Shenzhen no es la Yalta de los sueños de Putin». Zelenski, que no fue invitado, calificó de error reunirse con Putin sin Ucrania (Silere non possum).
- Analistas: para Jonathan Eyal (RUSI), el ataque a los tribunales internacionales es el aspecto más relevante de la cumbre: «las grandes potencias dictan, las pequeñas se someten».
- La Corte: en el momento de la publicación no había hecho comentarios.
Lectura jurídica
La inmunidad de la que habla la declaración existe, pero vale en un ámbito preciso. Un jefe de Estado en ejercicio no puede ser juzgado por los tribunales de otro Estado: entre iguales, nadie juzga al otro. Lo estableció en 2002 la Corte Internacional de Justicia en el caso de la Orden de detención (Congo contra Bélgica). En la misma sentencia, sin embargo, la Corte precisó dos cosas. La inmunidad no es impunidad: el crimen sigue siendo un crimen. Y la inmunidad no impide el proceso ante un tribunal internacional que tenga jurisdicción.
El Estatuto de Roma va en la misma dirección. El artículo 27 dice que el cargo oficial, incluido el de jefe de Estado, no exime de responsabilidad ni impide que la Corte actúe. En 2019 la Sala de Apelaciones de la CPI, en el caso del expresidente sudanés al Bashir, estableció que ante un tribunal internacional la inmunidad de los jefes de Estado no se aplica.
Queda el «consentimiento de los Estados». La Corte no juzga a cualquiera: tiene jurisdicción sobre los crímenes cometidos en el territorio de un Estado que la ha aceptado (artículo 12), aunque el acusado sea nacional de un país que nunca se adhirió. Es el caso de Putin. Los hechos imputados ocurrieron en Ucrania, que había aceptado la jurisdicción de la Corte con dos declaraciones en 2014 y 2015 y se convirtió en el 125.º Estado parte el 1 de enero de 2025. Es también el caso de Netanyahu, por los hechos de Gaza, donde Palestina es Estado parte desde 2015 y la Corte rechazó las impugnaciones de Israel. Pedir que cuente el consentimiento del Estado del acusado, y no el del Estado donde se cometió el crimen, equivale a pedir que esas órdenes no existan.
El argumento más fuerte de la otra parte. La sentencia de 2019 sobre la inmunidad es cuestionada por una parte de la doctrina, porque aplica a jefes de Estado de países que no firmaron el Estatuto una norma que esos países no aceptaron. En este punto, la declaración de Shenzhen toca una cuestión abierta entre juristas, no una tesis infundada.
La prueba de simetría
El principio de Shenzhen protege a los tres firmantes, de maneras distintas.
- Moscú: protege directamente a Putin.
- Washington: protege a un aliado, Netanyahu, buscado desde noviembre de 2024, y a su propio personal en la investigación sobre Afganistán. Desde 2021 esa parte de la investigación no es una prioridad de la Fiscalía, que se centra en los talibanes y el Estado Islámico, pero no está cerrada, y Washington pide su cierre. En 2023 el mismo Washington, que no reconoce a la Corte, había calificado de «justificada» la orden contra Putin: lo dijo el presidente Biden.
- Pekín: no tiene procedimientos abiertos, pero refuerza un principio que lo pone a salvo en el futuro.
También vale lo contrario. La Corte ha dictado órdenes contra africanos, rusos, israelíes, líderes talibanes y el expresidente filipino Duterte, pero nunca contra nacionales de las potencias occidentales. Es una crítica que se le hace desde hace años, también desde Estados miembros, y cinco de ellos (Mali, Burkina Faso, Níger, Venezuela y Chad) han iniciado o anunciado su retirada. Pero esa crítica pide una Corte que juzgue a todos. El texto de Shenzhen pide una Corte que no juzgue a quienes gobiernan.
Nuestro juicio
Esta sección es una opinión declarada y está separada de los hechos.
Si dos personas se ponen de acuerdo para no denunciarse mutuamente, el robo no deja de ser un robo: solo han decidido que ninguno de los dos lo juzgará. Pero si el robo ocurrió en casa ajena, y el dueño de la casa ha llamado a la policía, su acuerdo no cuenta.
Eso es lo que pasó en Shenzhen. Nadie dijo «abolamos la Corte». Dijeron algo más sutil: la Corte está bien mientras no toque a quienes gobiernan. Dicho así parece razonable. Pero si se convirtiera en la regla vaciaría el artículo 27, es decir, el motivo por el que nació la Corte. Tres países que no forman parte de la Corte han intentado cambiar las reglas de un campo en el que no juegan. Las reglas de ese campo solo pueden cambiarlas los 125 Estados que juegan en él, y en diciembre se reúnen en La Haya.
Qué seguir
- La respuesta de la Corte y de su Presidencia.
- La Asamblea de los Estados Partes de diciembre de 2026: si el «diálogo con los Estados no partes» parte de este texto.
- Las «propuestas» anunciadas por Trump: si se convierten en actos concretos.
- El vencimiento, el 7 de abril de 2027, de la licencia del Tesoro estadounidense que mantiene en funcionamiento a la Corte.
- La posible activación del estatuto de bloqueo de la UE.
Fuentes: unos ochenta minutos · CGTN · sin recortes de los arsenales · The New Republic · Estatuto de Roma · orden de detención contra Putin · Anadolu · Sky TG24 · Agenzia Nova · Orden de detención · al Bashir · 125.º Estado parte · rechazó las impugnaciones de Israel · investigación sobre Afganistán · Biden · líderes talibanes · iniciado o anunciado su retirada
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