ANÁLISIS
El llamamiento que cayó en el vacío: Trump, la CPI y el peso de lo que no se reconoce
Septiembre de 2026
Serie «La Corte bajo asedio» · 4 de 6
Los hechos
El 22 de septiembre de 2026, en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Donald Trump calificó a la Corte Penal Internacional de institución "rebelde", "fuera de control" y "antiamericana", y añadió que sus funcionarios son "un grupo de gente malvada". Pidió a todos los Estados miembros que se retiraran de inmediato y reiteró que Washington nunca permitirá que militares estadounidenses u otros ciudadanos sean sometidos a "juicios espectáculo" por un "tribunal antiamericano" sin jurisdicción sobre Estados Unidos. No nombró a Israel ni a Netanyahu.
El resultado, según Reuters, es medible: durante toda la Asamblea General, un solo país respondió al llamamiento. Naoero — la pequeña nación insular del Pacífico antes conocida como Nauru — anunció, por boca de su presidente David Adeang, su retirada del Estatuto de Roma, alegando la "creciente irrelevancia" de la Corte. Un alto funcionario del Departamento de Estado para Asuntos de Asia Oriental y el Pacífico celebró en X la decisión como una defensa de la soberanía frente a los "abusos ilegítimos" de la CPI.
Otros intereses en juego
El llamamiento no surge de la nada. En virtud de la orden ejecutiva que Trump firmó en febrero de 2025, Estados Unidos ya ha sancionado a más de una docena de jueces y fiscales de la CPI; en agosto de 2026 la lista se amplió a la presidenta de la Corte, la japonesa Tomoko Akane. En julio, el secretario de Estado Marco Rubio había prometido una campaña para desmantelar la Corte "ladrillo a ladrillo". Desde entonces, Venezuela y Chad han anunciado su retirada del Estatuto, tras Burkina Faso, Malí y Níger el año anterior.
El salto cualitativo, según el Wall Street Journal y recogido por Reuters, está en el blanco: hasta ahora las sanciones golpeaban a funcionarios individuales; ahora apuntarían a la Corte como institución, con el objetivo declarado de excluirla en gran medida del sistema financiero en dólares tras un período de gracia de seis a siete meses. No se había tomado una decisión final en el momento de las primeras filtraciones, pero funcionarios estadounidenses indicaron a los periodistas que el anuncio podría llegar durante la propia Asamblea General o poco después.
El motivo está en parte declarado por el propio Trump, quien en otras ocasiones ha vinculado la campaña a la protección de Netanyahu, destinatario en 2024 — junto con el entonces ministro de Defensa Yoav Gallant y un comandante de Hamás — de una orden de arresto de la CPI por crímenes de guerra en Gaza, donde han muerto más de 73.000 personas según las autoridades sanitarias palestinas. Washington pide además el cierre de la antigua investigación de la Corte sobre las tropas estadounidenses en Afganistán.
En la sala, la respuesta llegó desde varios frentes. El primer ministro neerlandés Rob Jetten, cuyo país acoge a la Corte, dijo que la CPI está "bajo ataque" e instó a la comunidad internacional a proteger las instituciones jurídicas globales, entre largos aplausos. La primera ministra japonesa Sanae Takaichi reiteró en su propio discurso el apoyo de Japón a la Corte. La UE, por boca de la Alta Representante Kaja Kallas, dijo estar estudiando un estatuto de bloqueo contra posibles sanciones estadounidenses. El comisionado alemán de derechos humanos, Lars Castellucci, rechazó el llamamiento de Trump recordando que "los crímenes más graves no deben quedar impunes".
Comentario jurídico
La tesis jurídica estadounidense merece exponerse con precisión, porque es el único punto en que la posición de Washington tiene un fundamento técnico: Estados Unidos sostiene que la Corte no tiene jurisdicción sobre ciudadanos de Estados que no han ratificado el Estatuto de Roma. La respuesta del Estatuto es el art. 12(2)(a): la jurisdicción de la CPI es territorial, no basada en la nacionalidad. La Corte puede juzgar crímenes cometidos en el territorio de un Estado parte, sea quien sea su autor. Tanto Palestina como Afganistán son Estados parte. La disputa real, por tanto, no es si existe jurisdicción en abstracto, sino si un Estado no parte puede sustraer a sus propios nacionales — o a los de un aliado no parte, en el caso de Israel — de una jurisdicción territorial que pertenece a otros.
En cuanto a la duración de sus actos, el art. 29 del Estatuto establece que los crímenes de competencia de la Corte son imprescriptibles. Una orden de arresto no caduca con el cambio de la administración que la impugna, ni cuando el Estado del buscado se niega a reconocerla. Ni siquiera la retirada del Estatuto es inmediata: según el art. 127, surte efecto un año después de la notificación — regla que también rige para Naoero.
Implicaciones — la prueba de simetría
La primera fricción concierne a la irrelevancia declarada y las sanciones movilizadas. Naoero justificó su retirada citando la "creciente irrelevancia" de la Corte, y Washington aplaudió la decisión como defensa de la soberanía. En el mismo momento, la administración prepara contra esa misma Corte las sanciones más duras jamás dirigidas a un tribunal internacional, hasta el punto de que la presidencia y la secretaría de la CPI han advertido que hasta las operaciones rutinarias podrían verse afectadas: compra de servicios informáticos y de seguros, o el pago de decenas de empleados estadounidenses. El Tesoro de Estados Unidos no se moviliza contra una institución realmente irrelevante: la campaña desmiente el argumento que aplaude.
La segunda fricción concierne a una jurisdicción intermitente. En marzo de 2023, el presidente Joe Biden calificó de "justificada" la orden de arresto de la CPI contra Vladímir Putin, reconociendo al mismo tiempo que Estados Unidos no reconoce a la Corte: "tampoco lo reconocemos internacionalmente nosotros — pero creo que envía un mensaje muy contundente", dijo. Entonces era Moscú quien tildaba a la Corte de organismo "políticamente sesgado" y "marioneta" de Occidente. Hoy Washington emplea un lenguaje no muy distinto contra esa misma institución. La jurisdicción de la CPI, para dos administraciones estadounidenses sucesivas, parece contar cuando golpea a otros.
La tercera fricción concierne a lo que permanece. Repudiar una corte es un acto político, y dura lo que dura quien lo pronuncia. Los actos de la Corte siguen otra lógica: no prescriben, y una retirada del Estatuto solo surte efecto un año después de la notificación. Las propias palabras de Biden sobre Putin lo confirman indirectamente: el presidente de un Estado que no reconoce a la CPI reconoció igualmente el peso de un acto emitido por esa Corte. El no reconocimiento cambia adónde puede viajar con seguridad un buscado. No cambia lo que ha quedado establecido, ni lo que permanece en el expediente.
Nueva York, dos días después
El 25 de septiembre, Netanyahu se dirigió a la Asamblea General en una sala que decenas de delegaciones habían abandonado en cuanto subió a la tribuna, entre abucheos y aplausos. Los llamó "cobardes morales", invitando a quienes aún no hubieran salido a hacerlo. Atacó al alcalde de Nueva York Zohran Mamdani — quien había pedido a las autoridades federales que ejecutaran la orden de arresto de la CPI — llamándolo "antisemita" y diciéndole: "Intentaste impedir que viniera aquí. Intentaste silenciarme. Bueno, no puedes silenciarme." Rechazó las acusaciones de genocidio en Gaza como "la mayor mentira del siglo".
Horas antes, el presidente palestino Abbas se había dirigido a la Asamblea solo por videoconferencia: por segundo año consecutivo, el Departamento de Estado le negó el visado de entrada a Estados Unidos. Netanyahu, buscado por la CPI, fue recibido en persona por el mismo país que negó la entrada al líder de la parte palestina. Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma y no tenía obligación alguna de arrestarlo; el acuerdo de sede de la ONU garantiza de todos modos el acceso a los jefes de gobierno. Pero la asimetría entre quién entra y quién se queda fuera no la explica ninguna norma. Es una elección.
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Fuentes: Reuters/US News — discurso de Trump en la ONU · The Federalist — citas completas y sanciones según el WSJ · Reuters — solo Naoero sigue el llamamiento · Politiko — declaración de Jetten · Al Jazeera — discurso de Netanyahu · CBC — visado denegado a Abbas · NPR — Netanyahu y Mamdani · Biden sobre la orden contra Putin (marzo 2023) · Estatuto de Roma — arts. 12, 29, 127
Nota de verificación: las sanciones contra toda la CPI estaban, al momento de la publicación, presuntamente preparadas pero no anunciadas oficialmente — según WSJ/Reuters, no confirmadas por el Departamento de Estado; formulación en condicional. La cifra de "más de una docena" de funcionarios sancionados y la designación de Tomoko Akane se basan en informes de prensa agregados, sin una lista oficial consolidada hallada en esta sesión — a verificar con la lista de la OFAC cuando esté disponible.
Sobre el estatuto de bloqueo que la Unión Europea está evaluando existe un llamamiento público. Eumans, movimiento político europeo presidido por Marco Cappato, pide a la Comisión Europea que lo active de inmediato para proteger a la Corte de las sanciones estadounidenses, y apoya la candidatura de la CPI al Premio Nobel de la Paz 2026. Es una campaña de parte, no de este sitio: la señalamos porque se refiere directamente al instrumento analizado en el artículo.
Lee y firma el llamamiento (en inglés)