ANÁLISIS

La condenada que no murió. Quién sigue aplicando la pena de muerte, y qué límites del derecho vulnera

2 de octubre de 2026 — Estados Unidos / Mundo

El miércoles por la noche, en una cárcel de Nashville, una mujer de 50 años recibió dos dosis del fármaco que debía matarla y siguió consciente. Según una periodista presente como testigo, en un momento miró a los funcionarios y preguntó si era normal sentirse así. Tras casi una hora se detuvo el procedimiento, se hizo salir a los testigos y Christa Pike fue llevada al hospital. Allí, ahora, los médicos trabajan para salvarle la vida. Es la misma vida que el Estado acababa de intentar quitarle, y que la ley le permite intentar quitarle de nuevo.

Este artículo parte de ella, pero no se queda en Estados Unidos. En 2025, 17 países ejecutaron condenas a muerte. Las ejecuciones registradas fueron 2.707, la cifra más alta en más de cuarenta años. Y casi todas ocurrieron lejos de los focos que hoy iluminan Tennessee.

Los hechos

Christa Pike fue condenada a muerte en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, asesinada en 1995 en un bosque cerca de un centro de formación profesional de Knoxville. Pike tenía 18 años. Pasó treinta años en el corredor de la muerte. Habría sido la primera mujer ejecutada en Tennessee en unos dos siglos.

La ejecución estaba fijada para el 30 de septiembre de 2026 en la cárcel de máxima seguridad de Riverbend, en Nashville. Hacia las 20 horas se le administraron dos dosis de pentobarbital. Pike siguió consciente: los testigos oyeron los latidos de su corazón y después fuertes ronquidos. Hacia las 20.53 se interrumpió el procedimiento. Pike fue trasladada a un hospital cercano, donde recibe atención para salvarle la vida. Sus abogados describen su estado como crítico.

El Departamento Penitenciario sostiene que siguió cada paso del protocolo previsto por la ley. El gobernador Bill Lee canceló las ejecuciones aún programadas para 2026 y ordenó una revisión a cargo de un organismo externo. No es el primer fracaso del año en Tennessee: en mayo la ejecución de Tony Carruthers se suspendió tras más de una hora de intentos fallidos de colocar una vía intravenosa. Según sus abogados, la persona encargada no lo hacía con un paciente desde hacía más de diez años.

Qué pasará ahora no está decidido. Pike podría volver al corredor de la muerte. Sus abogados piden que la condena se conmute por cadena perpetua y califican lo que sufrió de tortura química. Hay precedentes. En mayo de 1946 Willie Francis, un adolescente negro de Luisiana condenado por un asesinato cometido a los 15 años, sobrevivió a la silla eléctrica a los 17. El Tribunal Supremo federal rechazó su recurso (Louisiana ex rel. Francis v. Resweber) y en mayo de 1947 fue ejecutado en el segundo intento. En 2009 Ohio no logró colocar la vía a Romell Broom, y en 2016 el Tribunal Supremo del Estado resolvió que se podía volver a intentar. Broom murió de covid en el corredor de la muerte en 2020, antes del segundo intento. El caso de Pike, sin embargo, es distinto: esta vez el fármaco entró en su cuerpo.

Quién sigue matando por ley

El panorama más completo es el informe anual de Amnistía Internacional sobre condenas a muerte y ejecuciones en 2025, publicado en mayo de 2026. Las cifras son mínimas: incluyen solo las ejecuciones que la organización pudo documentar.

Fuente: Amnistía Internacional, Death Sentences and Executions 2025 (mayo de 2026). El total de 2.707 excluye China.

Dos países lo hacen casi todo. Irán y Arabia Saudí suman por sí solos el 93 % de las ejecuciones registradas. En Irán el aumento fue brusco tras la guerra de doce días con Israel de junio de 2025: 654 ejecuciones en el primer semestre, 1.505 en el segundo. Teherán aprobó una ley que castiga con la muerte obligatoria el «espionaje» y la «colaboración con Estados hostiles», en vigor desde el 15 de octubre de 2025. Desde el 13 de junio de 2025 al menos 11 hombres fueron ejecutados tras juicios por espionaje a favor de Israel que Amnistía califica de gravemente injustos. Este sitio ya ha documentado el uso de la pena de muerte como instrumento de represión en Irán, en los artículos sobre la represión de las protestas y sobre la disidencia redefinida como terrorismo.

La droga es la primera causa. 1.257 ejecuciones, el 46 % del total, fueron por delitos de drogas, en China, Irán, Kuwait, Arabia Saudí y Singapur. En 2024 habían sido 637.

Estados Unidos es el único país de las Américas que ejecuta, y lo es desde hace diecisiete años consecutivos. En 2025 hubo 47 ejecuciones en 11 estados, casi el doble que en 2024, y casi la mitad en Florida. Alabama y Luisiana usaron la asfixia con nitrógeno; Carolina del Sur fusiló a tres hombres. A finales de año había 1.948 personas en el corredor de la muerte estadounidense, 47 de ellas mujeres: por primera vez menos de dos mil.

Cómo se mata por ley. El informe enumera los métodos utilizados en 2025:

La asfixia con nitrógeno es el método más reciente, introducido en Alabama en 2024 como alternativa a una inyección letal cada vez más cuestionada. La persona respira nitrógeno puro a través de una mascarilla hasta morir por falta de oxígeno. Según los testigos, el primer condenado ejecutado así, Kenneth Smith, en enero de 2024, tardó más de veinte minutos en morir, entre convulsiones. En noviembre de 2024 un grupo de expertos de la ONU pidió a Estados Unidos que prohibiera el método, porque puede constituir un trato cruel, inhumano o degradante, o incluso tortura.

Otros datos del informe. En todo el mundo, a finales de 2025, al menos 25.508 personas esperaban su ejecución. Las mujeres ejecutadas fueron 61 en Irán, 5 en Arabia Saudí, una en Egipto y una en Kuwait, más un número desconocido en China. Hubo al menos 17 ejecuciones públicas: 11 en Irán y 6 en Afganistán. Japón, Taiwán, Sudán del Sur y los Emiratos reanudaron las ejecuciones tras una pausa.

China y el agujero en las cifras. Amnistía dejó de publicar estimaciones sobre China en 2009, porque las autoridades de Pekín usaban esas cifras, siempre inferiores a la realidad, como si fueran completas. Pekín nunca ha publicado una cifra. Para Amnistía sigue siendo el primer país del mundo en ejecuciones, con miles cada año. También en Vietnam los datos son secreto de Estado. Para estos países no existe un número honesto que escribir, y eso mismo es un dato: las resoluciones de la ONU sobre la moratoria piden a todos los Estados que publiquen la información sobre el uso de la pena de muerte.

Israel, un caso nuevo. Israel ha ejecutado a dos personas desde su fundación; la última fue Adolf Eichmann, en 1962. El 30 de marzo de 2026 la Knéset aprobó, por 62 votos contra 48, la ley sobre la pena de muerte para terroristas. El texto funciona en dos vías. En los tribunales militares de Cisjordania, ante los que comparecen los palestinos, la muerte por ahorcamiento es la pena ordinaria para el homicidio calificado de terrorismo, a ejecutar en un plazo de 90 días desde la sentencia firme y sin posibilidad de conmutación. En los tribunales civiles la ley se aplica solo a quien mata con el fin de negar la existencia del Estado de Israel: una fórmula que en la práctica excluye a los autores judíos de atentados.

La víspera de la votación, los ministros de Exteriores de Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda habían pedido a la Knéset que renunciara a ella, denunciando su carácter de facto discriminatorio. El 31 de marzo el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, escribió que aplicarla a los residentes de los territorios ocupados constituiría un crimen de guerra. Estados Unidos no la condenó, invocando la soberanía de Israel.

Varias organizaciones israelíes, entre ellas la Asociación por los Derechos Civiles en Israel (ACRI) y Adalah, recurrieron al Tribunal Supremo. El juez encargado no suspendió la ley de forma cautelar y pidió al Gobierno que respondiera antes del 24 de mayo. El 17 de mayo el jefe del Mando Central del ejército firmó la orden que la hace aplicable en Cisjordania. El 11 de mayo la Knéset había aprobado además, por 93 votos a cero, un tribunal militar especial que podrá condenar a muerte a los palestinos acusados de haber participado en los ataques del 7 de octubre de 2023. A la fecha de este artículo no hemos encontrado noticia de una sentencia del Tribunal Supremo ni de condenas a muerte dictadas con arreglo a las nuevas leyes.

No solo señales negativas. En 2025 en Bielorrusia no se dictó ni se ejecutó ninguna condena a muerte, por primera vez desde que Lukashenko llegó al poder (1994). Vietnam abolió la pena de muerte para ocho delitos, entre ellos el transporte de drogas y la corrupción. Zimbabue conmutó todas las condenas. En Alabama la gobernadora Kay Ivey indultó a Rocky Myers: el primer indulto concedido a un preso negro desde 1976. A finales de 2025, 113 países eran abolicionistas para todos los delitos, frente a 16 en 1977. Otros 9 la han abolido para los delitos comunes y 23 no la aplican desde hace años. 54 países la mantienen.

Lectura jurídica: dónde dice no el derecho

Hay que decirlo de entrada, porque es el punto en que más a menudo se yerra: el derecho internacional general no prohíbe la pena de muerte. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 6, protege el derecho a la vida y al mismo tiempo admite la pena capital en los países que no la han abolido, con condiciones precisas. La prohibición absoluta rige solo para los Estados que han ratificado el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto (1989) y, en Europa, los Protocolos 6 y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Lo que el derecho impone a todos son límites. El Comité de Derechos Humanos de la ONU los resumió en su Observación general n.º 36 de 2019:

• Solo para los «más graves delitos», es decir, el homicidio intencional (párr. 35). Los delitos de drogas no lo son, y casi la mitad de las ejecuciones de 2025 vulneran por tanto este límite. El Pacto obliga solo a los Estados que lo han ratificado, y Arabia Saudí, China y Singapur no lo han hecho. El mismo límite rige sin embargo también para ellos como norma de la ONU, fijada por las Salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte adoptadas por el Consejo Económico y Social en 1984: una norma, no un tratado.
• Nunca para quien era menor en el momento del delito (art. 6.5 del Pacto; art. 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por todos los Estados del mundo salvo Estados Unidos). En 2025 Irán y Arabia Saudí lo vulneraron al menos tres veces.
• Nunca la pena de muerte obligatoria. Una ley que quita al juez la elección hace arbitraria la condena (párr. 37). Amnistía documentó condenas obligatorias en Irán, Nigeria, Pakistán, Arabia Saudí, Singapur, Trinidad y Tobago y Yemen. La ley israelí de 2026 la prevé como pena ordinaria en los tribunales militares, salvo excepciones estrictas.
• Nunca tras un juicio injusto o una confesión forzada. Amnistía documentó juicios de este tipo en Afganistán, Bangladés, China, Egipto, Irán, Irak, Arabia Saudí, Singapur y Yemen.
• Nunca contra personas con discapacidades mentales o intelectuales graves (párr. 49). Personas en esta situación estaban en el corredor de la muerte, entre otros, en Japón y en Estados Unidos.
• Nunca de forma discriminatoria (arts. 2 y 26 del Pacto; Convención sobre la Eliminación de la Discriminación Racial).
• En un territorio ocupado rigen normas adicionales. El IV Convenio de Ginebra (art. 75) prohíbe ejecutar una condena a muerte antes de que pasen seis meses desde la notificación de la sentencia firme a la Potencia protectora, y garantiza siempre el derecho a pedir el indulto. El plazo de 90 días y la prohibición de conmutación de la ley israelí son el motivo por el que Türk habla de crimen de guerra.
• Nunca con métodos que inflijan sufrimientos evitables. La prohibición de los tratos crueles, inhumanos o degradantes (art. 7 del Pacto; Convención contra la Tortura) vale también para la forma de ejecutar la condena (párr. 40).

El caso estadounidense tiene una particularidad. Estados Unidos ratificó el Pacto en 1992 con dos reservas precisamente sobre estos puntos. Con la primera se reserva el derecho de aplicar la pena de muerte a cualquiera, salvo a las mujeres embarazadas, incluso por delitos cometidos por menores. Con la segunda acepta la prohibición de tratos crueles del artículo 7 solo en la medida en que coincide con lo que prohíbe su Constitución (texto de las reservas). En la práctica, si una ejecución fallida es un trato cruel lo decide el Tribunal Supremo estadounidense, no el Comité de la ONU. Sobre los menores, el Tribunal Supremo llegó después por sí solo adonde el Pacto quería llevarlo: desde 2005 (Roper v. Simmons) Estados Unidos ya no ejecuta a personas que tenían menos de 18 años en el momento del delito.

Dos elementos pesan directamente en el caso Pike. El primero es la espera. En 1989 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la sentencia Soering contra Reino Unido, prohibió al Reino Unido extraditar a un hombre a Estados Unidos porque años de espera en el corredor de la muerte constituían ya un trato inhumano. Pike pasó treinta. El segundo es la salud mental: tras la condena, expertos y el propio Departamento Penitenciario de Tennessee le diagnosticaron un trastorno bipolar y un trastorno de estrés postraumático.

Quedan dos hechos del derecho estadounidense. La Constitución obliga al Estado a atender médicamente a los presos: la indiferencia deliberada ante sus necesidades médicas graves es una pena cruel (Estelle v. Gamble, 1976). Y la misma Constitución, como muestran los casos Francis y Broom, no prohíbe volver a intentar una ejecución fallida. El Estado está, por tanto, obligado a salvar a Christa Pike, y nada le impide matarla después de haberla salvado.

Quién la pide, y qué dicen los datos

Incluso en Italia, donde la Constitución la prohíbe (art. 27, sin excepciones desde 2007), una parte de la opinión pública querría la pena de muerte para algunos delitos. Según una encuesta de SWG de febrero de 2024, el 31 % de los italianos estaría a favor de reintroducirla, el 57 % en contra y el 12 % no se pronuncia. Según los datos publicados, los delitos más citados son el homicidio (28 %), los abusos sexuales a menores (25 %) y la violación (23 %), y un 5 % la querría incluso para el robo. Las fuentes disponibles no aclaran si estos porcentajes se calculan sobre todos los encuestados o solo sobre los favorables.

En otras democracias los partidarios son más. Las encuestas hacen preguntas distintas y deben compararse con cautela, pero el orden de magnitud es claro:

Dos cosas saltan a la vista. La primera: la opinión pública no decide la práctica. Japón, con un 83 % a favor, ejecutó a una persona en 2025; Francia y el Reino Unido, con la mitad de la población a favor, siguen siendo abolicionistas. En Europa la abolición fue una decisión de los parlamentos, a menudo tomada contra la mayoría de los votantes. La segunda: de los países que más ejecutan, Irán, Arabia Saudí y China, no existen encuestas libres y fiables. Donde más se mata, nadie puede preguntar a la gente si está de acuerdo.

Las razones más comunes de quienes la piden son dos: la pena de muerte tendría un efecto disuasorio, y quien comete ciertos delitos no merecería vivir en una comunidad civilizada. Aquí las contrastamos con los datos disponibles.

La violación y los abusos a menores. Varios países ya castigan la violación con la muerte: en 2025 se dictaron condenas de este tipo en Bangladés, India, Irán, Pakistán y Arabia Saudí. En Perú una comisión gubernamental recomendó introducirla para la violación de menores. En Estados Unidos el Tribunal Supremo la prohibió en 2008 para los delitos que no causan la muerte de la víctima (Kennedy v. Louisiana). Desde 2023, sin embargo, Florida, Tennessee, Idaho, Oklahoma y Arkansas han aprobado leyes para la violación de menores, con el objetivo declarado de llevar de nuevo la cuestión ante el Tribunal. Para el Comité de la ONU, que interpreta el Pacto, la violación, por grave que sea, no figura entre los «más graves delitos» del artículo 6, que reserva al homicidio intencional.

Investigadores y profesionales del sector señalan además un riesgo. Si la violación se castiga como el asesinato, quien la comete ya no tiene nada que perder si mata a la víctima, que a menudo es la única testigo. En el caso Kennedy la asociación estadounidense de trabajadores sociales advertía también de un segundo efecto: muchos abusos a menores ocurren en la familia, y la perspectiva de enviar a la muerte a un pariente desalienta las denuncias. Un estudio de la Universidad de California en Riverside (Bansal y Troiano, diciembre de 2025) halló que en Estados Unidos penas mucho más duras para los abusos a menores coincidieron con un aumento de los homicidios de niños, coherente con la eliminación de testigos. Es un trabajo aún no revisado por pares y debe leerse como un indicio, no como una prueba.

La disuasión. En 2012 el National Research Council, el órgano científico de las academias nacionales estadounidenses, examinó treinta años de estudios y concluyó que la investigación no permite establecer si la pena de muerte reduce los homicidios. Recomendó no utilizar esos estudios para decidir las políticas penales. No es la prueba de que la pena de muerte no funcione. Es la prueba de que nadie ha demostrado que funcione.

El error. Desde 1973, en Estados Unidos al menos 203 condenados a muerte fueron después reconocidos inocentes: uno por cada ocho ejecutados. Y Estados Unidos tiene uno de los sistemas judiciales más abiertos al control entre los que ejecutan. De los errores en los juicios iraníes, chinos o saudíes no sabemos nada.

El test de simetría

La misma vara de medir, aplicada a todos. Para cada límite, quién lo vulneró en 2025 según los datos documentados. Para los Estados que no han ratificado el Pacto se trata de normas de la ONU, no de obligaciones de tratado:

Ningún bloque geopolítico sale limpio. Las vulneraciones afectan a aliados de Washington (Arabia Saudí, Egipto, Kuwait, Emiratos, Singapur, Israel), a sus adversarios (Irán, China, Corea del Norte) y a Estados Unidos mismo. En 2025 Europa fue el único continente sin ejecuciones ni nuevas condenas registradas, tras el año de pausa de Bielorrusia, que sin embargo mantiene la pena de muerte en su ley. Conviene recordar, no obstante, que la abolición europea es reciente: en Francia la última ejecución se remonta a 1977.

El test vale también para la forma en que la noticia nos llega. El caso Pike llegó a las radios italianas porque ocurrió en Estados Unidos, que lo publica todo: fecha de la ejecución, protocolo, testigos, horarios. Las 2.159 ejecuciones iraníes de 2025 y las miles chinas no tienen ni nombres ni testigos. La transparencia estadounidense es precisamente lo que hace visible el fracaso estadounidense. Sería un error de perspectiva, que este sitio no quiere cometer, concluir que el problema está sobre todo allí: Estados Unidos representa el 2 % de las ejecuciones registradas.

En la ONU, la próxima ocasión para medir las posiciones llega a fin de año. El 17 de diciembre de 2024 la Asamblea General adoptó la décima resolución para una moratoria universal de las ejecuciones, con 130 votos a favor, un récord; Italia dirigió las negociaciones junto con Argentina. En 2024 votaron en contra 32 Estados y se abstuvieron 22. En 2022 Estados Unidos había votado en contra, junto con Irán, Irak, Arabia Saudí, China, Corea del Norte y Vietnam. La resolución se presenta cada dos años: la undécima se espera antes de que termine 2026.

Juicio editorial

Esta sección expresa la posición del sitio. Está separada de los hechos expuestos más arriba.

Hay una pregunta que el caso Pike hace imposible eludir: ¿para qué la están curando? Hoy nadie en Tennessee ha dicho que vaya a ser ejecutada de nuevo, y el gobernador lo ha detenido todo. Pero la ley lo permite, y los precedentes existen. Si ocurriera, el Estado habría empleado a sus médicos para devolver a una persona que ya estaba muriendo por su mano a la condición de poder ser matada. Es un cortocircuito, pero no es un accidente. Es el punto en el que la pena de muerte muestra lo que siempre ha sido: el Estado que trata una vida como un expediente que cerrar, y que lo reabre cuando se atasca.

La promesa de la inyección letal era una muerte limpia, médica, sin sufrimiento: la versión «humana» de la pena capital. Tennessee ha fracasado dos veces en cinco meses. Alabama y Luisiana han pasado al nitrógeno. Carolina del Sur ha vuelto al pelotón de fusilamiento. Cuanto más se busca el método que no hace sufrir, más evidente resulta que no existe.

Hay además un cortocircuito más antiguo, y nació en Italia. En 1764 Cesare Beccaria escribía, en De los delitos y de las penas, que le parecía absurdo que las leyes, expresión de la voluntad pública, que detestan y castigan el homicidio, cometan uno ellas mismas y, para apartar a los ciudadanos del asesinato, ordenen un asesinato público. Veintidós años después, el 30 de noviembre de 1786, el Gran Ducado de Toscana de Pedro Leopoldo fue el primer Estado del mundo en abolir la pena de muerte. Un sitio que nace a pocos kilómetros de Florencia no puede dejar de recordarlo.

Quienes están a favor responden que también la cárcel priva de la libertad y una multa quita dinero: si el Estado no pudiera hacer nada de lo que castiga, no podría castigar nada. La objeción es seria, pero no se sostiene por una razón precisa: la muerte es la única pena que no se puede corregir. Un inocente en la cárcel puede ser liberado e indemnizado. Un inocente ejecutado, no. Y los 203 inocentes que salieron vivos de los corredores de la muerte estadounidenses demuestran que el error no es una hipótesis de manual.

Queda la voz de quienes dicen que para ciertos delitos, la violación, los abusos a niños, el asesinato feroz, la muerte es la única respuesta justa, porque quien los comete no merece vivir entre nosotros. Es una reacción humana y no hay que burlarse de ella: nace del horror por lo que sufrieron las víctimas. Pero la demanda de exclusión ya tiene una respuesta: la cadena perpetua aparta de la comunidad a quien es un peligro para ella, sin pedir al Estado que mate. La pena de muerte no protege a las víctimas, porque nadie ha demostrado que disuada. Corre en cambio el riesgo de exponer a otras nuevas, cuando el violador comprende que matar a quien puede acusarlo no le cuesta nada más. Y no hace más civilizada a la comunidad: la acostumbra a pensar que la vida de alguien puede quitarse por decreto. Sobre esto Beccaria ya lo había dicho todo.

El caso estadounidense, sin embargo, no debe convertirse en el árbol que oculta el bosque. En 2026 un país que no había ejecutado a nadie en sesenta años escribió una ley que por su propia forma, con dos vías y la muerte obligatoria para uno solo de los dos pueblos, vulnera a la vez varios de los límites enumerados más arriba. Quien se indigna por Tennessee y calla sobre Teherán, Riad, Pekín o Jerusalén está aplicando el derecho según quién lo viola. Vale también al revés.

El derecho internacional aún no ha prohibido la pena de muerte. Pero le ha puesto fronteras, y casi todos los Estados que la aplican las cruzan. Esta es la parte que se puede documentar, y la hemos documentado. Lo demás es una convicción, y aquí la declaramos: un Estado que puede curarte para poder matarte ha perdido el derecho de llamar a todo esto justicia.

Actualización, 9 de octubre de 2026. Entre el 5 y el 8 de octubre el Pentágono comunicó que Nidal Malik Hasan, el exmayor del ejército condenado a muerte por un consejo de guerra en 2013 por matar a 13 personas en la base de Fort Hood en 2009, será fusilado por un pelotón de soldados el 3 de diciembre en esa misma base, y que la ejecución se transmitirá en directo. Según el portavoz del Pentágono, Trump aprobó la ejecución. El secretario de Defensa Pete Hegseth dijo que la gente debe poder verla, «porque tiene que entender que hay consecuencias graves» (PBS, Al Jazeera). Hasan aún puede recurrir a un tribunal civil y, según expertos en derecho militar, el recurso podría retrasar la ejecución durante años. La última ejecución militar estadounidense data de 1961; la última ejecución pública en Estados Unidos, de 1936. En 2025, según Amnistía, las ejecuciones públicas registradas en el mundo tuvieron lugar en solo dos países: Irán y Afganistán. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, en la Observación general n.º 36 citada arriba (párr. 40), considera las ejecuciones públicas contrarias a la prohibición de penas crueles, inhumanas o degradantes.

Christa Pike sigue en el hospital. El 6 de octubre sus abogados dijeron que está consciente y habla. En un escrito presentado ante el tribunal sostienen que las vías intravenosas se colocaron mal y que nadie del equipo se dio cuenta. Tennessee no ha dicho si volverá a intentar la ejecución. El jefe del Departamento Penitenciario dejará el cargo (Al Jazeera). Corrección: en la primera versión de este artículo el intento de ejecución estaba fechado el 1 de octubre. Tuvo lugar la noche del 30 de septiembre, hora de Nashville.

Qué seguir

• El estado de Christa Pike y la decisión de Tennessee: nuevo intento o conmutación. El resultado de la revisión independiente ordenada por el gobernador.
• Los recursos ante el Tribunal Supremo israelí contra la ley del 30 de marzo de 2026.
• La votación de la undécima resolución de la ONU sobre la moratoria, a finales de 2026.
• El próximo informe de Amnistía, previsto para la primavera de 2027.
• La ejecución de Nidal Malik Hasan, fijada para el 3 de diciembre, y un eventual recurso ante un tribunal civil.

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Fuentes: Amnesty International — Death Sentences and Executions 2025 (5/2026) · Amnesty International — Condanne a morte ed esecuzioni 2025 (IT, 5/2026) · CBS News (1/10/2026) · Al Jazeera (1/10/2026) · PBS NewsHour (10/2026) · CNN via ABC17 (2/10/2026) · UPI (2/10/2026) · OHCHR — UN experts on nitrogen gas executions (20/11/2024) · Haaretz (30/3/2026) · Joint statement Australia, France, Germany, Italy, New Zealand, UK (3/2026) · UN — High Commissioner Türk on Israel's death penalty law (31/3/2026) · Jerusalem Post — High Court petitions (31/3/2026) · Times of Israel (17/5/2026) · DPIC — Israel's death penalty law (2026) · UN Human Rights Committee — General Comment No. 36 (2019) · ECOSOC — Safeguards, res. 1984/50 · US reservations to the ICCPR (1992) · Fanpage — SWG poll (23/2/2024) · Nippon.com — Cabinet Office poll (2025) · DPIC — Public opinion 2025 (Gallup) · Ipsos / CEVIPOF — Fractures françaises (11/2024) · YouGov (11/2025) · Alabama Reflector (1/8/2025) · Bansal & Troiano, UC Riverside — working paper (12/2025) · National Research Council — Deterrence and the Death Penalty (2012) · DPIC — NRC on deterrence (2012) · DPIC — Innocence · Permanent Mission of Italy to the UN (17/12/2024) · Amnesty International — UN moratorium vote (17/12/2024) · DPIC — UN vote 2022 · Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene (1764)

Nota de verificación: las cifras de ejecuciones son de Amnistía Internacional y son mínimas. Beccaria se parafrasea a partir de De los delitos y de las penas (1764), cap. XXVIII. Estado del caso Pike y de la ley israelí a 2 de octubre de 2026.

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