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ANÁLISIS
En Libia han vuelto los fusilamientos: en Bengasi deciden los tribunales militares de Haftar
25 de octubre de 2026 — Bengasi, Libia
En síntesis
- Desde el 23 de agosto las fuerzas del general Jalifa Haftar, que gobiernan de hecho el este de Libia, han vuelto a ejecutar condenas a muerte. El 14 de octubre la enviada de la ONU dijo al Consejo de Seguridad que en Bengasi, en dos meses, habían sido ejecutadas 58 personas condenadas por terrorismo.
- Las organizaciones de derechos humanos denuncian juicios ante tribunales militares, a puerta cerrada, basados en confesiones que los detenidos dicen haber hecho bajo tortura. Al menos dos hombres habrían sido fusilados después de que su pena se redujera a cadena perpetua.
- Libia no ejecutaba una condena a muerte desde 2010. En la prisión militar de Gernada al menos cincuenta condenados corren el riesgo de ser los siguientes.
- El derecho internacional no le prohíbe a Libia tener la pena de muerte. Le prohíbe aplicarla tras juicios injustos y con confesiones arrancadas.
El contexto
Libia tiene la pena de muerte en su código, pero durante quince años no la aplicó: una moratoria de hecho, nunca escrita, que sobrevivió a la caída de Gadafi y a la guerra civil. Desde 2014 el país está dividido entre el gobierno de Trípoli, reconocido por la ONU, y el este controlado por Haftar y por la Cámara de Representantes de Bengasi (lo contamos en octubre, en nuestro análisis del acuerdo de Trípoli). Libia no aparecía en nuestro artículo sobre los países que todavía ejecutan: hoy entra.
Muchos de los condenados habían sido detenidos en Bengasi y en Derna entre 2014 y 2018, durante la guerra entre las fuerzas de Haftar y grupos armados rivales. Entre 2018 y 2021 los tribunales militares del este juzgaron a cientos de civiles (Human Rights Watch).
Los hechos
Las primeras ejecuciones. El 23 de agosto la fiscalía militar del este anunció el fusilamiento de diez personas condenadas por asesinato y terrorismo. El 29 de agosto fueron ejecutadas otras seis (Amnistía, CIJ, Libya Crimes Watch y OMCT). Dos semanas antes, el 10 de agosto, un coche bomba había matado en Bengasi al jefe de la inteligencia militar de Haftar, el general Fawzi al Mansuri (Al Jazeera). Ninguna fuente relaciona ambos hechos.
Cuántas. Los recuentos aumentan y no coinciden. Las organizaciones locales habían documentado 31 al 10 de septiembre, 23 en Bengasi y 8 en Derna (JURIST). El 14 de octubre la enviada de la ONU Hanna Tetteh habló de 58 ejecuciones en Bengasi en los dos últimos meses (UNSMIL). En la prisión militar de Gernada al menos cincuenta hombres condenados a muerte corren el riesgo de ser los siguientes (Amnistía Internacional).
Cómo. Según Human Rights Watch y Amnistía, los juicios se celebraron ante tribunales militares, sin aviso previo y sin público: ni familias ni periodistas. Algunos acusados no pudieron elegir abogado ni ver las pruebas. Las sentencias no están motivadas por escrito. Varios condenados cuentan que confesaron bajo tortura, tras su detención, ante grupos armados vinculados a Haftar. No se avisó a las familias, no se devolvieron los cuerpos, se prohibieron los funerales. Al menos dos hombres fueron fusilados pese a que un tribunal militar de apelación había conmutado su pena por cadena perpetua.
Qué responden. Las autoridades del este anunciaron las ejecuciones enumerando los cargos, pero no hemos encontrado ninguna respuesta suya a las críticas sobre los juicios. El 14 de octubre, ante el Consejo, la enviada de la ONU informó de un primer paso: el este ha aceptado abrir a la misión los expedientes de las condenas a muerte y permitir visitas a las cárceles.
Quién ha protestado. El 16 de septiembre la misión de la ONU pidió suspender las ejecuciones y revisar los procedimientos. El gobierno de Trípoli las condenó. El 30 de septiembre la Unión Europea pidió que se detuvieran y que la misión de la ONU revisara los juicios (SEAE). En el Consejo, Dinamarca pidió una moratoria oficial como primer paso hacia la abolición (Dinamarca ante la ONU). La intervención de Estados Unidos en la misma sesión, publicada por su misión, habla del acuerdo electoral, de drones y de petróleo, pero no de las ejecuciones (Misión de EE. UU. ante la ONU).
Comentario jurídico
La pena de muerte en sí. Libia no ha firmado el protocolo del Pacto de la ONU de Derechos Civiles y Políticos que abole la pena de muerte. El derecho internacional, por tanto, no le prohíbe tenerla. Le prohíbe aplicarla así.
El Pacto. Libia es parte del Pacto desde 1970 (Human Rights Library, Universidad de Minnesota). El artículo 6 permite la pena capital solo para los delitos más graves y solo tras una sentencia firme de un tribunal competente. El artículo 14 garantiza un juicio justo y público. El Comité de la ONU que interpreta el Pacto es explícito: una condena a muerte dictada tras un juicio injusto viola el derecho a la vida (Observación general n.º 36). El mismo Comité considera los juicios militares a civiles una excepción que debe justificarse caso por caso, no una regla (Observación general n.º 32). Y considera trato inhumano para los familiares mantener en secreto la fecha de la ejecución y el lugar de sepultura.
La tortura. Libia ratificó la Convención de la ONU contra la Tortura en 1989. Una confesión obtenida bajo tortura no puede utilizarse como prueba en ningún procedimiento (artículo 15).
El derecho libio. El 2 de noviembre de 2025 la sala constitucional del Tribunal Supremo, en Trípoli, declaró inconstitucional la ley de 2017 que entregaba a los tribunales militares a los civiles acusados de terrorismo (Libya Herald). El este, sin embargo, impugna esa sala: la Cámara de Representantes ha creado en Bengasi su propio Tribunal Constitucional, que ha declarado abolida la sala constitucional de Trípoli (Asharq Al-Awsat). La división del país llega hasta la pregunta de qué juez puede decir qué es legal. En un punto, sin embargo, no hace falta elegir juez: un hombre cuya pena ha sido conmutada ya no tiene una condena a muerte que ejecutar.
Quién responde. Las obligaciones del Pacto son de Libia. En el este las ejerce, de hecho, quien controla el territorio y los tribunales: el mando de Haftar.
Prueba de simetría
- El este. Las ejecuciones fueron decididas y anunciadas por sus instituciones militares. Los condenados estaban acusados de delitos graves, algunos vinculados a una guerra en la que el este sufrió atentados y asesinatos: el último, el de al Mansuri, en agosto. La gravedad de las acusaciones, sin embargo, no cambia las reglas del juicio: es precisamente para los delitos más graves para los que el Pacto las hace más estrictas.
- Trípoli. El gobierno reconocido por la ONU condenó las ejecuciones. Pero por la cárcel de Mitiga, en Trípoli, la Corte Penal Internacional ha confirmado los cargos de tortura y asesinato de detenidos contra su exresponsable, Khaled El Hishri, que será juzgado. El problema de los detenidos sin garantías no es solo del este.
- Los de fuera. La Unión Europea y Dinamarca se pronunciaron. La intervención publicada por Estados Unidos, que a través de su enviado Massad Boulos negocia directamente con la familia Haftar, no. Human Rights Watch pide a los gobiernos que apoyan a las fuerzas de Haftar que intervengan: al 25 de octubre no hemos encontrado ninguna declaración pública suya.
- La vara de medir. Si un gobierno hostil a Occidente fusilara a decenas de opositores tras juicios militares secretos, ¿serían más ruidosas las reacciones? No podemos demostrarlo. Podemos dejar constancia de que aquí, hasta ahora, han sido pocas.
Qué ha funcionado
La misión de la ONU ha obtenido acceso a los expedientes de las condenas y a las cárceles. Es poco, pero es la primera puerta abierta. El caso llegó al Consejo de Seguridad en el mes en que debe renovar el mandato de la misión.
Nuestro juicio
Esta sección expresa la posición del sitio. Está separada de los hechos expuestos arriba.
Quince años sin ejecuciones no eran una ley. Eran una decisión, repetida cada día por quien podría haber firmado una orden y no lo hacía. Por eso se pueden romper en un solo día.
No sabemos por qué el este ha vuelto a empezar precisamente ahora. Quizá para responder al coche bomba de Bengasi. Quizá para mostrar fuerza mientras se negocia quién gobernará el país. No lo sabemos. Sabemos que los juicios fueron secretos, que las confesiones están en duda y que al menos dos hombres murieron con una pena que ya no era de muerte.
«Cada ejecución llevada a cabo en estas condiciones es una injusticia irreversible», escribió Human Rights Watch. Esa es la palabra que cuenta: irreversible. Un juicio equivocado se puede repetir. Un fusilamiento no. Cincuenta hombres siguen en Gernada. El Consejo de Seguridad, que estos días redacta el nuevo mandato de la misión de la ONU, tiene la ocasión de pedir algo sencillo: que ninguno de ellos sea ejecutado antes de que alguien haya leído su expediente.
Qué seguir
- La renovación del mandato de la misión de la ONU antes del 31 de octubre: si el texto menciona las ejecuciones y el acceso a los expedientes.
- Qué encuentra la misión en los expedientes y en las cárceles del este.
- La suerte de los detenidos de Gernada.
- La votación de la Asamblea General sobre la moratoria de la pena de muerte, a finales de año, y cómo votará Libia.
Fuentes: Human Rights Watch · Amnistía, CIJ, Libya Crimes Watch y OMCT · Al Jazeera · JURIST · UNSMIL · Amnistía Internacional · SEAE · Dinamarca ante la ONU · Misión de EE. UU. ante la ONU · Human Rights Library, Universidad de Minnesota · Observación general n.º 36 · Libya Herald · Asharq Al-Awsat
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