ANÁLISIS

Nigeria: quién muere, quién lo cuenta, quién debería juzgar

3 de octubre de 2026 — Nigeria

Nigeria tiene unos 230 millones de habitantes. Está dividida más o menos a partes iguales entre musulmanes, mayoritarios en el norte, y cristianos, mayoritarios en el sur y en parte del centro. El censo no pregunta por la religión desde hace décadas, así que también esta proporción es una estimación. Desde hace un año el país está en el centro de un choque de relatos: para una parte de la política estadounidense hay en curso un genocidio de cristianos; para el Gobierno de Abuja la religión no tiene nada que ver. Este artículo intenta separar los hechos de los relatos, y preguntar quién debería responder por los muertos.

Los hechos

El 31 de octubre de 2025 Estados Unidos volvió a incluir a Nigeria entre los «países de especial preocupación» en materia de libertad religiosa, una lista de la que había salido en 2023. Al día siguiente el presidente Trump escribió que el cristianismo en Nigeria se enfrenta a una «amenaza existencial» y que Estados Unidos podría entrar en el país «guns-a-blazing», disparando, para eliminar a los terroristas islamistas (CBS News). El secretario de Defensa, Pete Hegseth, respondió que el departamento se preparaba para actuar. El presidente nigeriano, Bola Tinubu, replicó que la libertad religiosa y la tolerancia son un principio fundacional del país.

El 25 de diciembre de 2025 el mando estadounidense para África atacó campamentos del Estado Islámico en el estado de Sokoto, en el noroeste, «en coordinación con las autoridades nigerianas» (AFRICOM). No difundió el número de muertos. Desde febrero de 2026 han llegado a Nigeria militares estadounidenses para formación y apoyo técnico: unos 100 a mediados de febrero, unos 200 con drones a finales de marzo, según el centro de estudios CSIS. El 15 de mayo una operación conjunta mató a Abu-Bilal al-Minuki, uno de los principales dirigentes del Estado Islámico en África Occidental (Washington Post).

Mientras tanto, las matanzas continúan. El 26 de septiembre de 2026 Amnistía Internacional denunció el asesinato de al menos 54 personas en Zikke, en la zona de Bassa, estado de Plateau, dos semanas después de otro ataque con 52 muertos en el mismo estado (Sahara Reporters). El 8 de septiembre la organización nigeriana Intersociety publicó un informe según el cual entre enero y agosto de 2026 fueron asesinados 3.083 cristianos y secuestrados 3.193 (Catholic World Report).

Quién muere, y quién cuenta los muertos

En Nigeria no existe un recuento oficial y completo de las víctimas. Hay varios recuentos, hechos por actores distintos con criterios distintos. Puestos uno al lado del otro parecen contradecirse. En realidad responden a preguntas distintas.

Fuentes indicadas en la tabla. Para Amnistía, Benue y Plateau son los estados más afectados. ACLED a través de The Week, 20/10/2025.

La clave está en la tercera y la cuarta fila. ACLED considera «religiosos» solo los ataques en los que las fuentes señalan la identidad religiosa de la víctima como motivo. Es un criterio estrecho, que deja fuera la gran mayoría de los casos, aquellos en los que el móvil no se declara o es mixto. Intersociety hace lo contrario: cuenta a todos los cristianos asesinados, sea cual sea el autor y sea cual sea el motivo. No publica su metodología, y sus informes los difunden sobre todo medios y organizaciones cristianos. El mismo grupo estima también las víctimas musulmanas: 61.400 «musulmanes moderados» asesinados entre 2009 y marzo de 2026, una cifra también sin metodología publicada. Las dos cifras no prueban que una de las dos fuentes mienta. Prueban que la pregunta «cuántos cristianos son asesinados por ser cristianos» no tiene hoy una respuesta verificada.

Lo que se puede decir con más seguridad se refiere a dónde y a manos de quién. El International Crisis Group, que estudia el país desde hace años, describe al menos cuatro conflictos distintos, que se superponen.

Fuente: International Crisis Group, 7/11/2025.

Según un estudio de ACLED citado por Crisis Group, entre enero de 2020 y junio de 2022 la violencia en la que los cristianos eran atacados por su identidad religiosa supuso alrededor del 5 % de los ataques contra civiles. Al mismo tiempo, en el Middle Belt, «la mayoría de las víctimas son cristianos de aldeas agrícolas». Las dos cosas son ciertas a la vez.

Algunos episodios, entre los documentados por Human Rights Watch en su informe de 2026, muestran hasta qué punto el cuadro es mixto. En junio de 2025 en Yelewata, en el estado de Benue, hombres armados mataron a 59 personas; según los habitantes, a más de 100. El 19 de agosto de 2025 un ataque contra una mezquita en el estado de Katsina mató a 32 fieles musulmanes.

Las víctimas de las fuerzas del Estado. Hay también muertos de los que no se ocupa ninguno de los dos relatos. En enero de 2025 un ataque de la aviación nigeriana en el estado de Zamfara mató al menos a 20 civiles, sin que se abriera una investigación pública (HRW). El 10 de mayo de 2026, según Amnistía, un ataque aéreo militar mató al menos a 100 civiles en el mercado de Tumfa, también en Zamfara. El ejército confirmó el ataque y dijo no tener «pruebas verificables» de víctimas civiles (AP vía ABC News). En una zona de mayoría musulmana, esas víctimas eran con toda probabilidad musulmanas en su mayor parte.

A quién beneficia la confusión

Saber a quién beneficia una guerra no demuestra quién la ha querido. Ayuda, sin embargo, a entender por qué no termina. En Nigeria no hace falta imaginar a un director en la sombra: basta con mirar quién gana con que la violencia continúe y con que nadie la cuente con precisión. Aquí nos limitamos a lo que está documentado.

Los rescates. Casi 3.000 secuestros en un año, según Human Rights Watch, son una economía, no solo un delito: cada rescate pagado financia al grupo que ha secuestrado, y el próximo secuestro.

El oro. Zamfara y los estados vecinos tienen yacimientos de oro explotados en gran parte de forma artesanal e ilegal. Entre 2012 y 2018 salieron de Nigeria de contrabando unas 97 toneladas de oro, por más de 3.000 millones de dólares (Council on Foreign Relations). Los gobiernos de Zamfara y Katsina han denunciado que esos ingresos sirven a los grupos armados para comprar armas. En abril de 2019 el Gobierno federal suspendió toda actividad minera en Zamfara precisamente para romper el vínculo entre bandidos y minas ilegales, pero la prohibición se quedó en gran parte en papel mojado. En septiembre de 2026 un mapeo contabilizó 374 puntos de extracción ilegal en 17 estados (allAfrica).

El litio, una pregunta abierta. El Middle Belt, donde se concentran las matanzas de campesinos cristianos, es también la zona de los minerales: litio, estaño, columbita, entre Plateau, Nasarawa y Kwara. Entre 2023 y 2025 empresas chinas invirtieron unos 1.300 millones de dólares en el procesamiento del litio nigeriano. En julio de 2026, en Nasarawa, abrió una planta de 250 millones de dólares construida por las chinas Jiuling y Canmax (Semafor). En Nigeria circula la tesis de que las aldeas se vacían para liberar los terrenos de los yacimientos. No hemos encontrado pruebas sistemáticas de ese vínculo. Lo señalamos como coincidencia geográfica y como pregunta a la que una investigación debería responder, no como un hecho.

Los fondos de seguridad. Los gobernadores y las administraciones locales nigerianas disponen de los security votes, fondos de seguridad pagados en efectivo, fuera del presupuesto, sin control parlamentario y sin auditoría. Según Transparency International (2018) suman unos 670 millones de dólares al año, y se usan también para financiar campañas electorales y para el enriquecimiento personal. Más inseguridad significa más fondos, y nadie tiene que rendir cuentas de cómo se gastan.

Las armas. Entre 2021 y 2025 Nigeria fue el primer importador de armas del África subsahariana, con el 16 % de las importaciones de la región (SIPRI). Los proveedores son muchos. En agosto de 2025 Estados Unidos aprobó la venta de munición, bombas y cohetes de precisión por 346 millones de dólares, tras un acuerdo de 997 millones de 2022 para helicópteros de ataque. Human Rights Watch pidió al Congreso que condicionara la venta a garantías, recordando que los ataques aéreos nigerianos han matado civiles en repetidas ocasiones sin que nadie respondiera por ello (HRW). Y está Italia: Nigeria encargó a Leonardo 24 aviones de combate ligeros M-346FA, el primero de los cuales fue aceptado el 27 de julio de 2026 (Janes). También el país desde el que escribimos está entre los proveedores.

Lectura jurídica

1. El deber del Estado de proteger. Nigeria es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos desde 1993 y de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos desde 1983. Ambos protegen el derecho a la vida y la libertad de religión (Pacto, artículos 6 y 18; Carta Africana, artículos 4 y 8). El Comité de Derechos Humanos de la ONU, en su Observación general n.º 36 de 2018, aclara que el Estado no solo debe abstenerse de matar. Debe también prevenir con la diligencia debida los asesinatos cometidos por particulares y grupos armados, e investigar y juzgar a los responsables cuando se producen. Un Estado que no protege a sus ciudadanos, y luego no juzga a quien los mata, viola el Pacto aunque no haya disparado un solo tiro. En julio de 2026 Human Rights Watch calificó de «ineficaces» los juicios masivos a sospechosos de Boko Haram, que dejan a las víctimas sin verdad ni justicia (allAfrica).

2. El genocidio: qué hace falta para poder afirmarlo. Nigeria es parte de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio desde 2009. El artículo II define como genocidio una serie de actos, empezando por la matanza, perpetrados «con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal». El número de muertos no basta, ni tampoco su religión. Hace falta la intención específica de destruir al grupo. La Corte Internacional de Justicia, en las sentencias sobre Bosnia (2007) y sobre Croacia (2015), estableció que cuando esa intención se deduce de los hechos, debe ser la única conclusión razonable posible. Aplicado a Nigeria: para el conjunto de la violencia, con víctimas de ambas religiones, móviles económicos y territoriales y autores distintos, los datos públicos no permiten llegar a esa conclusión. Pero el razonamiento cambia para algunos actores. El Estado Islámico y Boko Haram declaran abiertamente que combaten a los cristianos y han difundido durante años vídeos de ejecuciones de prisioneros cristianos. Para estos grupos la pregunta sobre la intención está abierta, y solo una investigación penal puede darle respuesta.

3. Los crímenes de lesa humanidad, y una Corte que no actúa. Nigeria ratificó el Estatuto de Roma en 2001, así que la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción sobre los crímenes cometidos en su territorio. La Fiscalía abrió un examen preliminar en 2010. El 11 de diciembre de 2020 la fiscal Fatou Bensouda lo concluyó: había una base razonable para creer que se habían cometido crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, tanto por Boko Haram y los grupos surgidos de Boko Haram como por las fuerzas de seguridad nigerianas. El artículo 15, párrafo 3, del Estatuto dice que en ese caso el fiscal pide a los jueces autorización para abrir una investigación. La petición nunca llegó. En diciembre de 2024 Amnistía Internacional se dirigió a los jueces para desbloquear la situación (Amnistía); los jueces respondieron que no tenían el poder de obligar al fiscal a actuar. En marzo de 2026 el fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang firmó con el Gobierno nigeriano un memorando de entendimiento: Nigeria investiga y juzga por sí sola, con planes de acción comunes y verificaciones periódicas. El principio se llama complementariedad (artículo 17): la Corte interviene solo si el Estado no quiere o no puede juzgar. Pero, según varios juristas, el Estatuto no prevé este paso. Valérie Gabard, de la organización UpRights, lo calificó de «un paso procesal muy inusual, actualmente fuera del marco» de las normas de la Corte (JusticeInfo; véase también Opinio Juris). Han pasado dieciséis años desde la apertura del examen y casi seis desde su conclusión. En este sitio ya hemos escrito sobre la Corte que dicta órdenes de detención que nadie ejecuta; aquí el problema es anterior: la orden no existe porque la investigación no existe.

4. La intervención estadounidense. La Carta de la ONU (artículo 2, párrafo 4) prohíbe la amenaza y el uso de la fuerza contra otro Estado. La amenaza de entrar en Nigeria «disparando», hecha en noviembre de 2025 sin el consentimiento de Abuja, entra en la prohibición. Los ataques posteriores tienen en cambio una base jurídica distinta: el consentimiento del Gobierno nigeriano. Una intervención armada a petición o con el consentimiento del Estado territorial es en principio lícita. Siguen vigentes, sin embargo, las normas del derecho humanitario sobre la protección de los civiles, que valen para Estados Unidos igual que para el ejército nigeriano. Hay que distinguir dos cosas. La base jurídica es el consentimiento, no la religión de las víctimas: el derecho internacional no reconoce un derecho a intervenir para proteger a un grupo religioso sin autorización del Consejo de Seguridad. Y las operaciones se desarrollan sobre todo en el noroeste y en el noreste, es decir, precisamente donde, según los datos disponibles, la mayoría de las víctimas son musulmanas.

5. La blasfemia, y la pena de muerte. En los doce estados del norte que aplican la sharía también en materia penal, la blasfemia puede castigarse con la muerte. El 10 de agosto de 2020 un tribunal islámico de Kano condenó a muerte a Yahaya Sharif-Aminu, un joven músico musulmán, por un mensaje de audio difundido por WhatsApp (artículo 382(b) del código penal islámico de Kano). Su recurso está ante el Tribunal Supremo federal. La vista fijada para el 25 de junio de 2026 se retiró del calendario, y Sharif-Aminu lleva más de seis años en prisión (Sahara Reporters). Las acusaciones de blasfemia matan también fuera de los tribunales: en mayo de 2022 en Sokoto Deborah Samuel Yakubu, una estudiante cristiana, fue linchada por sus compañeros de college por un mensaje considerado blasfemo. El Comité de Derechos Humanos de la ONU considera las leyes sobre la blasfemia incompatibles con el Pacto (Observación general n.º 34, párr. 48). Y la pena de muerte, donde no está abolida, solo se admite para los «más graves delitos», es decir, el homicidio intencional: nunca por una opinión. En términos más generales, Nigeria no ejecutó condenas en 2025, pero sigue dictándolas. Según el informe de 2025 de Amnistía sobre la pena de muerte, en 2025 las nuevas condenas fueron al menos 243, un 31 % más, y al menos 3.833 personas esperan en el corredor de la muerte. Algunas condenas son obligatorias, algo que el derecho internacional prohíbe. En el Senado se ha presentado un proyecto de ley para castigar también los secuestros con la muerte obligatoria; en la Cámara de Representantes, uno para abolir la pena capital. Hemos escrito sobre ello en La condenada que no murió.

6. Quién vende armas. El Tratado sobre el Comercio de Armas (2013), del que son partes tanto Nigeria como Italia, obliga al Estado exportador a evaluar antes de cada autorización si las armas podrían usarse para cometer o facilitar violaciones graves del derecho humanitario o de los derechos humanos. Si el riesgo es preponderante, la exportación no debe autorizarse (artículo 7). Estados Unidos firmó el Tratado pero nunca lo ratificó, y en 2019 anunció que no tenía intención de ser parte. En Italia rige además la Ley 185/1990, que prohíbe exportar armas a países cuyos gobiernos sean responsables de violaciones graves de los derechos humanos constatadas por los órganos competentes de la ONU, de la Unión Europea o del Consejo de Europa (artículo 1, apartado 6). La obligación del Tratado, sin embargo, va más allá: no espera una constatación formal, sino que depende de lo que el exportador sabe o debería saber. Y los ataques nigerianos contra civiles están documentados.

El test de simetría

Las mismas preguntas, al revés.

Si los que murieran en el Middle Belt fueran musulmanes, asesinados por milicias cristianas, ¿usaríamos las mismas palabras? Es una pregunta concreta, no teórica: también las comunidades fulani, musulmanas, sufren ataques y represalias, que reciben mucha menos atención internacional. El criterio debe ser el mismo. Un ataque es un crimen por lo que hace a las víctimas, no por la religión de quien las mata o de quien muere.

Si los 100 civiles del mercado de Tumfa hubieran sido asesinados por un ejército hostil a Occidente, ¿se habría hablado más de ello? El ataque lo llevó a cabo la aviación nigeriana, es decir, el aliado con el que Estados Unidos dirige las operaciones contra el Estado Islámico. Las mismas obligaciones del derecho humanitario valen para ambos.

Y vale para quien vende armas, Italia incluida. La vara de medir que usamos para las armas estadounidenses se aplica también a los aviones italianos entregados a una aviación cuyos ataques, según Amnistía y Human Rights Watch, han matado a civiles sin que nadie respondiera por ello.

Y el test vale para la Corte. Ante otras situaciones, la Fiscalía de la CPI, cuando concluyó que había crímenes, pidió a los jueces que se investigara. En Nigeria, no. Si el memorando se convierte en un modelo, cualquier gobierno bajo examen podrá proponer el mismo camino: investigaré yo. Es exactamente lo que el Estatuto quería evitar.

Juicio editorial

Esta sección expresa la posición del sitio. Está separada de los hechos expuestos más arriba.

En Nigeria se muere por muchas razones, y la fe es una de ellas. Pero los dos relatos que se disputan el país comparten un defecto: cada uno borra una parte de los muertos. El relato del «genocidio de los cristianos» borra a los musulmanes asesinados por los yihadistas y por las bandas en el norte, y a los que mueren bajo las bombas de su propio ejército. El relato de Abuja, para el que la religión no tiene nada que ver y todo es cuestión de tierras y delincuencia, borra las aldeas cristianas del Middle Belt y a los prisioneros ejecutados en vídeo por ser cristianos. Un sitio que se llama «no apartaré la mirada» no puede elegir qué muertos mirar.

Hay un punto en el que los hechos son claros, y es la responsabilidad del Estado. El Gobierno nigeriano no protege a sus ciudadanos, sean cristianos o musulmanes, y no juzga a quien los mata. Esa es la violación documentable, y no depende de cómo se la llame.

En cuanto a Estados Unidos, que una gran potencia se ocupe de los civiles asesinados es algo bueno. Pero cuando las víctimas cuentan porque son cristianas, las musulmanas corren el riesgo de contar cero. Y una intervención construida sobre ese criterio debilita precisamente la universalidad de los derechos que dice defender.

Hay además una razón más sencilla por la que Nigeria interesa a tantos. Tiene petróleo, gas, oro y litio. Tras la salida forzada de los estadounidenses de Níger en 2024 y la llegada de los rusos al Sahel, es el gran país de la región que sigue vinculado a Occidente. Y cada año compra armas. El mundo tiene sed de recursos, busca influencia y mientras tanto vende armamento: en Nigeria las tres cosas se suman. No decimos que alguien haya encendido este conflicto para sacar provecho. Decimos que demasiados sacan provecho como para que alguien tenga prisa por apagarlo. Y que la confusión sobre quién muere y por qué les conviene a todos ellos, porque una guerra sin un relato claro no genera preguntas.

Queda la Corte. En 2020 su Fiscalía dejó por escrito que en Nigeria se habían cometido crímenes de lesa humanidad, por ambas partes. Desde entonces no ha pedido investigar, y ha firmado un acuerdo que confía la investigación al mismo Estado cuyas fuerzas están entre los sospechosos. En Nigeria no falta quien mata, y no falta quien cuenta los muertos. Falta quien juzga.

Qué seguir

• Las verificaciones periódicas previstas en el memorando entre la Fiscalía de la CPI y Nigeria, y posibles nuevas solicitudes a los jueces.
• El recurso de Yahaya Sharif-Aminu ante el Tribunal Supremo federal.
• Los dos proyectos de ley sobre la pena de muerte: abolición en la Cámara de Representantes, extensión a los secuestros en el Senado.
• La presencia militar estadounidense y las investigaciones, si las hay, sobre el ataque de Tumfa.
• Los ataques en el estado de Plateau y las investigaciones prometidas por el Gobierno.
• Las entregas de los M-346FA italianos y su posible uso en ataques aéreos, y las condiciones (si las hay) que el Congreso estadounidense imponga a las ventas de armas.

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Fuentes: CBS News (11/2025) · AFRICOM (25/12/2025) · CSIS (18/5/2026) · Washington Post (16/5/2026) · Sahara Reporters — Amnesty on Plateau (26/9/2026) · Catholic World Report — Intersociety (8/9/2026) · France 24 — Amnesty (29/5/2025) · The Week — ACLED data (20/10/2025) · International Crisis Group (7/11/2025) · Human Rights Watch — World Report 2026: Nigeria · AP via ABC News (12/5/2026) · Council on Foreign Relations (12/2/2021) · allAfrica — illegal mining sites (28/9/2026) · Semafor (8/7/2026) · Transparency International — Camouflaged Cash (5/2018) · SIPRI — Trends in international arms transfers 2025 (3/2026) · Human Rights Watch — US-Nigeria weapons sale (19/8/2025) · Janes — M-346FA (7/2026) · UN Human Rights Committee — General Comment No. 36 · UN Human Rights Committee — General Comment No. 34 · allAfrica — HRW on Boko Haram trials (22/7/2026) · ICJ — Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro (2007) · ICJ — Croatia v. Serbia (2015) · ICC — Statement of the Prosecutor (11/12/2020) · Amnesty International — petition to ICC judges (12/2024) · ICC — Memorandum of Understanding with Nigeria (3/2026) · JusticeInfo (22/5/2026) · Opinio Juris (23/4/2026) · Sahara Reporters — Sharif-Aminu (21/9/2026) · Amnesty International — Death Sentences and Executions 2025 (5/2026)

Nota de verificación: las cifras de víctimas proceden de fuentes con criterios distintos, indicados en el texto. Intersociety es una fuente de parte y no publica su metodología. Open Doors, International Christian Concern y ADF International no se han utilizado como fuentes. Situación actualizada a 3 de octubre de 2026.

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