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ANÁLISIS

Decenas de muertos en una celda: en Minna, Nigeria, el acusado es el Estado

25 de octubre de 2026 — Minna, Nigeria

En síntesis

El contexto

Este es el segundo artículo del sitio sobre Nigeria. El primero, Nigeria: quién muere, quién lo cuenta, quién debería juzgar, contaba la violencia de los grupos armados y el choque de relatos sobre los muertos. Explicaba también que parte de esa violencia se sostiene con el oro extraído a escondidas en el norte del país. Este artículo mira la misma economía desde el lado opuesto: qué pasa cuando el Estado intenta detenerla.

En Nigeria miles de personas excavan oro sin licencia, a mano, en pozos y galerías. Muchos son adolescentes. Es un trabajo peligroso incluso para quienes viven junto a las minas: desde 2010, en el estado de Zamfara, el plomo liberado al procesar el oro ha matado a más de 400 niños (Human Rights Watch). En 2024 el Gobierno creó una unidad específica contra la extracción ilegal, los «Mining Marshals», encomendada al cuerpo de defensa civil NSCDC (Voice of Nigeria).

El NSCDC es un cuerpo paramilitar armado que depende del Ministerio del Interior. Nació para proteger infraestructuras y bienes públicos, pero tiene poderes de detención y celdas propias.

Los hechos

La redada. Los vecinos de una urbanización en las afueras de Minna, M.I. Wushishi, se quejaban desde hacía tiempo de los mineros que excavaban cerca de las casas. El 15 de septiembre el comandante del NSCDC para el estado de Níger, Suberu Aniviye, visitó el lugar; la noche del 16 sus hombres detuvieron a decenas de personas entre Wushishi y Lukoto (TheCable). Quién hizo la redada ya es objeto de disputa. El comandante dice que envió a los Mining Marshals. Su comandante nacional lo desmiente: la unidad responde solo al cuartel general de Abuja, ninguno de sus hombres estaba en Minna y él se enteró de la operación por los periódicos (Naija News). Tampoco coinciden las cifras de detenidos: 67 según el gobernador Umaru Bago (Sahara Reporters), 58 según el guardia de la celda, entre ellos 25 mujeres, en un local pensado para 28 a 30 personas (THEWILL).

La noche en la celda. El 17 de septiembre, en el mando del NSCDC en Minna, decenas de detenidos fueron hallados muertos. Según el gobernador muchos tenían entre 14 y 18 años y trabajaban en la mina en lugar de ir a la escuela (Reuters). Los supervivientes, entrevistados por el diario nigeriano Premium Times, describen una habitación pequeña, sin ventanas, con hasta 65 personas dentro. Cuentan que hacia la tarde empezaron a golpear la puerta pidiendo agua, que levantaban a los más pequeños hacia una rendija para que pudieran respirar, y que cuando se abrió la puerta muchos ya estaban muertos (Premium Times). Entre los supervivientes hay un niño de nueve años (Sahara Reporters). Una madre dijo a Reuters que los agentes pedían 100.000 nairas, unos 75 dólares, para liberar a los detenidos.

Lo que dice el guardia. Ante la comisión de investigación del estado, presidida por el juez Mohammed Mohammed, el agente responsable de la celda, Usman Isah Ndamaka, confirmó lo esencial de esos relatos. Dijo que oyó a los detenidos gritar por el calor y la aglomeración, y que no abrió porque estaba solo y temía que lo desbordaran. Pidió perdón llorando: «Admito mi error» (THEWILL). Queda por verificar la acusación de algunos supervivientes según la cual, los días anteriores, los agentes habían rociado en la celda una sustancia presentada como antimosquitos.

Cuántos muertos. El Gobierno del estado y casi todos los medios hablan de 37 muertos. Ante la comisión del estado, sin embargo, el responsable de la morgue del hospital de Minna dijo haber recibido 33 cuerpos, llevados en dos viajes de ambulancia, y no poder responder de cuerpos que nunca llegaron (Leadership via allAfrica). La lista de 37 nombres, difundida por una asociación de derechos humanos, partió de los 33 registrados en el hospital; se añadieron otros cuatro nombres después de que algunas familias denunciaran la desaparición de parientes (TheNigeriaLawyer). Dónde están esos cuatro cuerpos, y cómo murieron, nadie lo ha explicado aún en público.

La causa de la muerte. No está establecida. El NSCDC habló primero de un posible brote de enfermedad. El gobernador no descartó una exposición a sustancias tóxicas de las minas. Según un informe de inteligencia citado por la AFP, el hacinamiento y la falta de aire podrían haber contribuido (CrispNG). Las víctimas fueron enterradas deprisa, según la tradición islámica. Para los análisis toxicológicos hace falta el consentimiento de las familias y las muestras van a un laboratorio de Lagos; hasta ahora la comisión no ha recibido pruebas forenses concluyentes (THEWILL).

La rabia. Al día siguiente cientos de personas salieron a la calle en Minna, algunas con palos, machetes y escopetas de caza; algunas intentaron incendiar edificios públicos. Las fuerzas de seguridad dispararon con munición real (Reuters). Un joven de 24 años contó a la AFP que le dispararon cuando volvía del funeral de uno de los mineros (Africanews). Se impuso el toque de queda.

La respuesta del Estado. Fue rápida. El Gobierno suspendió al comandante y a una veintena de agentes, luego 24: quienes detuvieron, quienes investigaron, los guardias de la celda y la oficina jurídica. El presidente Bola Tinubu ordenó una investigación y dijo que las suspensiones no sustituyen a la justicia: los responsables deben ser juzgados. El ministro del Interior nombró una comisión de diez miembros, entre ellos un médico, un activista de derechos humanos y un representante de los mineros. El estado de Níger abrió su propia comisión, presidida por un juez. El vicepresidente anunció 250 millones de nairas para las familias.

Lo que ha salido a la luz hasta ahora. El 6 de octubre el presidente de la comisión federal, Jonathan Kure, habló de «elementos de quiebra institucional» y de «exceso de celo», y pidió dos semanas más, hasta el 21 de octubre, a la espera de los resultados de los análisis (Vanguard). El 17 de octubre, ante la comisión del estado, el comandante suspendido pidió perdón a las familias: «Se cometió un error, pero muy costoso». Dijo que los detenidos debían comparecer ante el juez precisamente el 17. El jefe de su oficina jurídica contó que le había aconsejado entregar a los menores a sus padres, y que no sabe por qué no se hizo (Channels TV). El 21 de octubre pasó sin que el informe federal se hiciera público. El 22 un grupo nigeriano de derechos humanos de la diáspora, NDOCHR, pidió su publicación inmediata y anunció una protesta ante el cuartel general del NSCDC en Abuja (The Guardian Nigeria).

Comentario jurídico

Quien muere bajo custodia muere en manos del Estado. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Nigeria ha ratificado, protege el derecho a la vida. El Comité de la ONU que vigila su aplicación lo dice con claridad: una muerte bajo custodia en circunstancias no naturales hace presumir que el Estado ha privado arbitrariamente a alguien de la vida, y la presunción solo cae si una investigación adecuada demuestra lo contrario (Observación general n.º 36, párr. 29). No son las familias las que deben probar la culpa de los agentes: es el Estado el que debe probar que hizo todo para mantener con vida a quienes había encerrado. Sea la causa la asfixia, una sustancia o una enfermedad, quienes estaban encerrados en esa celda dependían del Estado para el aire y el agua. El guardia que oye los gritos y no abre es el caso de manual: el deber de proteger no depende de cuántos agentes estén de servicio esa noche.

Los adolescentes. La Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, ratificada por Nigeria, solo admite la detención de un menor como último recurso y durante el periodo más breve posible, y exige que esté separado de los adultos (art. 37). En Minna, según los relatos, chicos de 14 años estaban en la misma celda que los adultos, y no se siguió el consejo de entregarlos a sus padres. Que trabajaran en la mina en lugar de ir a la escuela no es culpa suya: es otra cosa que el Estado debería haber impedido.

El juez en un día. La Constitución nigeriana prevé que toda persona detenida sea llevada ante un juez en el plazo de un día, si hay un tribunal en un radio de 40 kilómetros (art. 35). El comandante dice que la audiencia estaba fijada para el 17, el día después de la detención. Algunos supervivientes hablan en cambio de tres días de detención. Es uno de los puntos que las comisiones deben aclarar.

La tortura. Nigeria ratificó la Convención de la ONU contra la Tortura en 2001 y su Protocolo Facultativo, que prevé inspecciones de los lugares de detención, en 2009. Desde 2017 tiene una ley nacional contra la tortura: prevé hasta 25 años de cárcel y, si la tortura causa la muerte, la acusación de homicidio (UNCAT). Negar agua y aire a personas encerradas en una habitación abarrotada puede constituir un trato cruel e inhumano, incluso sin intención de matar. Pero la ley tiene un precedente difícil: en 2020 Amnistía Internacional documentó 82 casos de tortura y asesinatos cometidos por la unidad policial SARS, disuelta ese mismo año tras grandes protestas, y ningún agente había sido juzgado (Amnesty International).

Quién investiga. Las normas de la ONU sobre la investigación de muertes sospechosas, el llamado Protocolo de Minnesota, exigen que la investigación sea independiente del organismo implicado, rápida, transparente y abierta a las familias. La comisión federal fue nombrada por el Ministerio del Interior, el mismo del que depende el NSCDC, y hasta ahora no ha publicado nada. Las audiencias públicas de la comisión del estado, presidida por un juez, son en cambio el lugar del que han salido las admisiones.

Prueba de simetría

Nuestro juicio

Esta sección expresa la posición del sitio. Está separada de los hechos expuestos arriba.

En Minna no había una guerra, ni un ataque yihadista, ni una incursión de bandidos. Había chicos que excavaban oro y un Estado que quería detenerlos. Murieron en una habitación cerrada con llave por quienes debían llevarlos ante un juez, mientras quien tenía la llave oía los gritos. Por eso el caso dice sobre Nigeria más que muchas masacres: no mide la fuerza de los grupos armados, sino la capacidad del Estado de respetar las reglas que exige a los demás.

La reacción del Gobierno merece reconocimiento: suspensiones inmediatas, un presidente que pide juicios, agentes que admiten su error en público. Es más de lo que se vio tras los casos del SARS. Pero el primer plazo ya ha pasado: el informe federal debía llegar el 21 de octubre y no es público. Las comisiones de investigación nigerianas tienen una larga historia de informes entregados y nunca publicados. La prueba sigue siendo sencilla: si el informe se publicará íntegro, si alguien será juzgado con la ley contra la tortura o por homicidio, y si las familias recibirán una indemnización decidida por un juez y no solo una donación.

En nuestro primer artículo sobre Nigeria escribimos que la violencia en el país se cuenta sobre todo a través de la religión de las víctimas. Estos muertos no entran en ninguno de los dos relatos: no los mataron yihadistas ni pastores armados. Murieron en una prisión, en manos de agentes del Estado. En Europa apenas se ha hablado de ello. También esa es una forma de mirar hacia otro lado.

Qué seguir

Fuentes: Human Rights Watch · Voice of Nigeria · TheCable · Naija News · Sahara Reporters · THEWILL · Reuters · Premium Times · Leadership via allAfrica · TheNigeriaLawyer · CrispNG · Africanews · Vanguard · Channels TV · The Guardian Nigeria · Observación general n.º 36, párr. 29 · UNCAT · Amnesty International · Protocolo de Minnesota · Il Fatto Quotidiano

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