ANÁLISIS

Libia: un acuerdo para votar en dos años, mientras las milicias se disparan junto a la refinería

14 de octubre de 2026 — Libia

En síntesis

El contexto

Desde 2014 Libia tiene dos centros de poder. Al oeste, el Gobierno de Unidad Nacional de Abdul Hamid Dbeibah, reconocido por la ONU, con el Alto Consejo de Estado. Al este, la Cámara de Representantes de Bengasi y el Ejército Nacional Libio del general Jalifa Haftar, que controla la mayor parte de los yacimientos y terminales petroleras. Las elecciones previstas para diciembre de 2021 se aplazaron sin fecha y nunca se volvieron a convocar (Security Council Report, octubre de 2026).

Este año la mediación de la ONU ha dado dos resultados: en abril, el primer presupuesto unificado en más de diez años, y en agosto un acuerdo electoral (Al Jazeera, 8/7/2026). Sobre el terreno, sin embargo, la violencia no ha cesado.

Quién es quién

Institución o fuerzaQuién la dirigePosición sobre el acuerdo de Trípoli
Trípoli · Gobierno de Unidad Nacional, reconocido por la ONUAbdul Hamid Dbeibah, primer ministroFirmó a través de dos delegados
Trípoli · Consejo Presidencial, jefatura del Estado colegiadaMohamed al-MenfiCrítico: cuestiona la transparencia de la negociación y el papel de los extranjeros
Trípoli · Alto Consejo de Estado, segunda cámaraMohamed TakalaEn contra: no acudió a la firma y el 22 de septiembre rechazó el resultado junto con otros partidos
Bengasi · Cámara de Representantes, el parlamento elegido en 2014Aguila Saleh, presidenteA favor: aprobado el 14 de septiembre
Bengasi · Ejército Nacional LibioJalifa Haftar, comandante; su hijo Saddam, comandante adjuntoFirmó a través de dos delegados

A ellos se suman las milicias de Zawiya, formalmente al servicio del gobierno de Trípoli: la Agencia contra las Amenazas a la Seguridad de Mohamed Bahroun (dependiente de la presidencia del Gobierno), la 103.ª brigada de infantería de Othman al-Lahab (Ministerio de Defensa), la seguridad judicial de Muhannad al-Suwaisi (Ministerio de Justicia) y la Guardia de Instalaciones Petroleras de Mohamed Kashlaf (ACLED; Libya Crimes Watch).

Y los actores externos. La ONU media a través de su misión, dirigida por la enviada Hanna Tetteh. Estados Unidos trabaja en un plan propio con Massad Boulos y el secretario de Estado Marco Rubio. Turquía, apoyo histórico de Trípoli, ha extendido su cooperación militar a Saddam Haftar; Catar y Francia han recibido o se han reunido con Haftar (Al Jazeera, 1/9/2026). Rusia y los Emiratos Árabes Unidos llevan años documentados del lado de Haftar. Italia acogió en Roma, en abril, la primera reunión de la mesa reducida que después redactó el acuerdo (Security Council Report).

Los hechos

El acuerdo de Trípoli. El 30 de agosto ocho delegados, dos por el gobierno de Trípoli, dos por el mando de Haftar, dos por la Cámara de Representantes y dos por el Alto Consejo de Estado, firmaron un texto de siete artículos (UNSMIL, texto del acuerdo). El acuerdo recompone la cúpula de la comisión electoral, revisa las leyes electorales y fija las elecciones presidenciales y legislativas en un plazo de 24 meses, «bajo una única autoridad ejecutiva». Las nuevas normas permiten a los militares presentarse a la presidencia, con garantías de neutralidad, así como a quienes tienen doble nacionalidad, siempre que renuncien a la otra antes del juramento. Según Al Jazeera, ambos Haftar tendrían la ciudadanía estadounidense: la norma parece escrita también para ellos. Si las dos cámaras no lo aprueban en un mes, las partes pedirán el respaldo del Consejo de Seguridad. El 8 de septiembre el Consejo acogió el acuerdo como «un paso importante» hacia elecciones libres (Italpress, 9/9/2026).

Quién lo aprueba y quién no. El 14 de septiembre la Cámara de Representantes de Aguila Saleh lo aprobó en Bengasi. Mohamed Takala, al frente del Alto Consejo de Estado, y Mohamed al-Menfi, al frente del Consejo Presidencial, lo impugnan: sostienen que instituciones clave quedaron fuera de la negociación, llevada de hecho por el gobierno de Dbeibah y el mando de Haftar (Libyan Express, 21/9/2026). El 22 de septiembre el Alto Consejo y varios partidos rechazaron el resultado de la mesa y exigieron que no pase por encima de la declaración constitucional ni de los poderes de las instituciones (Xinhua, 22/9/2026). El rechazo llega del Alto Consejo aunque dos de los firmantes son miembros suyos.

Zawiya. A 47 kilómetros de Trípoli está la mayor refinería libia en funcionamiento. En 2026 el observatorio ACLED contó en la ciudad más de 30 enfrentamientos armados, ligados al control del territorio y al contrabando de combustible (ACLED, 12/8/2026). El 8 de mayo los combates entre grupos rivales dejaron al menos 13 muertos, civiles incluidos (UNSMIL, sesión informativa del 18/6/2026). El 4 de agosto nuevos enfrentamientos en Zawiya y Surman mataron a tres civiles e hirieron a cuatro, entre ellos dos niños y un migrante. Los grupos implicados, según la ONG Libya Crimes Watch, dependen formalmente del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Justicia y de la presidencia del Gobierno de Trípoli (Libya Crimes Watch).

Los drones. Entre el 8 y el 11 de agosto al menos cinco ataques con drones alcanzaron Zawiya: un depósito de nafta, una planta desalinizadora, un depósito con unos 4,5 millones de litros de gasolina y después dos depósitos de gasóleo de la refinería. El 12 de agosto fue alcanzada una subestación eléctrica, con un apagón al sur de la ciudad. Nadie ha reivindicado los ataques (ACLED; The New Arab, 7/9/2026). El 6 de septiembre el gobierno de Dbeibah anunció la detención de cinco personas, libias y extranjeras, sin identificarlas ni presentar pruebas. El 3 de octubre The Guardian informó de que, según fuentes de ese mismo gobierno, tres de los detenidos pertenecen a una brigada del Ejército Nacional Libio y trabajaban para Saddam Haftar. Las acusaciones no se han verificado de forma independiente y no consta una respuesta del bando de Haftar (The New Arab, 4/10/2026).

El petróleo. El 21 de septiembre un grupo armado cerró una válvula del oleoducto que lleva el crudo del yacimiento de Sharara a Zawiya, reduciendo la producción. El 26 de septiembre la misión de la ONU advirtió que quien ataque u obstaculice la infraestructura energética puede ser objeto de medidas del Consejo de Seguridad, en virtud de la resolución 2213 de 2015 (Libya Herald, 26/9/2026).

El plan estadounidense. En paralelo, el enviado de Donald Trump para África, Massad Boulos, trabaja en un acuerdo para unificar las instituciones. Según detalles filtrados y no confirmados, Saddam Haftar sería presidente y Dbeibah seguiría como primer ministro. Estados Unidos animaría a sus empresas a invertir en los yacimientos (Al Jazeera, 8/7/2026). El 22 de septiembre Boulos rechazó la acusación de querer entregar el país a dos familias: «Será una asociación absoluta» (Semafor, 22/9/2026). Rusia y China, en el Consejo, insisten en cambio en un proceso dirigido por los libios.

Comentario jurídico

El acuerdo. Es un entendimiento político entre las partes libias, no un tratado. Su fuerza depende de la aprobación de las dos cámaras, y ahí es donde se ha atascado. El artículo 5 prevé, en su defecto, el recurso al Consejo de Seguridad: un respaldo externo cuando las instituciones del país no se ponen de acuerdo.

Quién responde de los enfrentamientos. En Zawiya no combate un gobierno contra sus enemigos, sino grupos armados que llevan las insignias de ministerios del mismo gobierno. Según las normas sobre la responsabilidad del Estado elaboradas por la Comisión de Derecho Internacional de la ONU (artículo 4), el comportamiento de los órganos del Estado es atribuible al Estado. El gobierno de Trípoli no puede presentar esos enfrentamientos como obra de milicias ajenas. El derecho internacional humanitario, también el consuetudinario, protege a los civiles y los bienes indispensables para su supervivencia, como una planta desalinizadora. La misión de la ONU ha pedido investigaciones rápidas y creíbles sobre las víctimas civiles.

La Corte Penal Internacional. En mayo de 2025 Libia aceptó la jurisdicción de la Corte sobre los crímenes cometidos entre 2011 y 2027. En julio de este año la Corte confirmó 17 cargos contra Khaled El Hishri, antiguo responsable de la cárcel de Mitiga en Trípoli, por torturas, violaciones y asesinatos de detenidos: es el primer caso libio que va a juicio. Ocho buscados siguen prófugos, en el este y en el oeste (Human Rights Watch, 16/7/2026). Entre los buscados estaba Osama Almasri, detenido en Italia en enero de 2025 y devuelto a Libia dos días después. El embargo de armas de 2011 sigue en vigor, violado por ambos bandos, como documentamos en julio.

Prueba de simetría

Lo que ha funcionado. El presupuesto unificado de abril, el primero en más de diez años; el acuerdo sobre la comisión electoral; el primer juicio de la Corte Penal Internacional sobre una cárcel libia.

Nuestro juicio

Esta sección expresa la posición del sitio. Está separada de los hechos expuestos arriba.

Libia tiene hoy dos caminos para salir de la división, y llevan en direcciones distintas. El acuerdo de Trípoli apunta a las urnas: imperfecto, impugnado, pero construido sobre reglas escritas y con un plazo. El plan estadounidense apunta a un pacto entre quienes ya mandan, con el petróleo como pegamento. El segundo puede llegar antes; el primero es el único que devuelve la elección a los libios.

Pero ninguno de los dos caminos dice qué hacer con las armas. En Zawiya combaten grupos pagados por el Estado, y nadie responde de los drones. Mientras los fusiles sigan en manos de quien los tiene, una elección corre el riesgo de ser solo otra negociación entre milicias con una fecha en el calendario. La renovación del mandato de la ONU es el momento de decirlo: una misión política sin un plan de desarme puede acompañar un acuerdo, no garantizarlo.

Qué seguir

Fuentes: Security Council Report, octubre de 2026 · Al Jazeera, 8/7/2026 · ACLED · Libya Crimes Watch · Al Jazeera, 1/9/2026 · UNSMIL, texto del acuerdo · Italpress, 9/9/2026 · Libyan Express, 21/9/2026 · Xinhua, 22/9/2026 · UNSMIL, sesión informativa del 18/6/2026 · The New Arab, 7/9/2026 · The New Arab, 4/10/2026 · Libya Herald, 26/9/2026 · Semafor, 22/9/2026 · Human Rights Watch, 16/7/2026

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