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Sudán y Etiopía, la guerra de los consulados: los drones que salen de Asosa y el riesgo de una guerra entre Estados
5 de noviembre de 2026 — Asosa, Etiopía – Gedaref, Sudán
En síntesis
- El domingo 1 de noviembre Sudán presentó una denuncia contra Etiopía ante el Consejo de Seguridad de la ONU y el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana. Según Jartum, desde febrero las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) han lanzado desde territorio etíope 187 drones de ataque, en 70 ataques, con 484 víctimas civiles. Son datos del gobierno sudanés que nadie ha verificado.
- Entre el 2 y el 4 de noviembre Etiopía cerró el consulado sudanés de Asosa, cerca de la frontera, y Sudán cerró el consulado etíope de Gedaref. Ninguno de los dos ministerios de Exteriores ha explicado oficialmente por qué.
- Etiopía lo niega y acusa al ejército sudanés de armar a los combatientes de Tigray que en septiembre reanudaron la guerra contra Adís Abeba. Sudán lo niega a su vez.
- Las dos acusaciones tienen una base documentada por fuentes independientes: una investigación de Reuters sobre un campamento de las FAR en Etiopía y reportajes sobre miles de combatientes tigrinos que luchan junto al ejército sudanés. Ninguna de las dos, sin embargo, está probada en su parte más grave: drones lanzados con el consentimiento de Etiopía, armas entregadas por Sudán para atacar a Etiopía.
- El derecho internacional prohíbe a un Estado tanto armar a los rebeldes de un vecino como dejar que su propio territorio se use contra él. La regla vale en las dos direcciones.
Asosa es una pequeña ciudad del oeste de Etiopía, a unas decenas de kilómetros de la frontera sudanesa. Hasta hace una semana albergaba un pequeño consulado de Sudán. Según el gobierno sudanés, alberga también otra cosa: la pista desde la que despegan los drones que desde febrero golpean centrales eléctricas, depósitos de combustible y ciudades sudanesas. Esta semana el consulado ya no existe. Las acusaciones siguen, y con ellas el riesgo de que la guerra civil de Sudán y la de Etiopía se conviertan en una guerra entre los dos Estados.
Los hechos
Las centrales a oscuras (26–27 de octubre). El 26 de octubre drones atribuidos a las FAR golpearon seis centrales eléctricas en los estados de Al Yazira, Nilo Blanco, Sennar y Gedaref, dejando sin electricidad a millones de personas. Al día siguiente le tocó a la subestación de Al Markhiyat, en las afueras de Omdurmán, que abastece buena parte de la capital (AFP, vía Ahram Online). Según un recuento de la ONU citado por la misma agencia, en las tres primeras semanas de octubre los drones mataron en Sudán a más de 300 personas. Esa cifra se refiere a todos los drones, de todas las partes y despeguen desde donde despeguen.
El informe y la denuncia (1 de noviembre). El domingo el Consejo Soberano, el órgano dirigido por el ejército que gobierna Sudán, publicó un informe titulado «Lanzados desde Etiopía». Enumera 70 ataques entre el 15 de febrero y el 27 de octubre, con 187 drones «kamikaze», los que se estrellan contra el objetivo, y 82 municiones lanzadas por drones más grandes. Señala tres puntos de lanzamiento: el aeropuerto de Asosa, la zona fronteriza de Kurmuk y Geissan, y la base aérea de Bahir Dar, en la región etíope de Amhara. Solo en octubre habría habido 28 ataques, con 97 drones (Arab News). Como prueba principal, el informe presenta la memoria de a bordo de un dron derribado el 20 de septiembre cerca de Damazin, en el Nilo Azul: la ruta programada partía de un punto que, según el análisis sudanés, está 1,7 kilómetros dentro de Etiopía. Cita también restos de drones Bayraktar Akinci, de fabricación turca, que habrían despegado de Bahir Dar (Middle East Monitor). Las víctimas civiles serían 484; las fuentes que informan sobre el documento no coinciden en un punto: si son todos muertos o muertos y heridos juntos (Euronews en árabe). El informe cuenta además 176 soldados muertos. Entre los episodios citados, el 9 de octubre en Wad al Mahi, en el Nilo Azul, un ataque contra familias desplazadas habría matado a 30 civiles, 26 mujeres y 4 niños. Sudán pide a Etiopía que detenga los ataques, que cierre las instalaciones usadas por las FAR y que indemnice los daños (misma fuente).
Ese mismo día el ministerio de Exteriores presentó la denuncia ante la ONU y la Unión Africana. El uso del territorio etíope por parte de las FAR, escribe, «es un acto hostil» que sitúa a Etiopía en violación del derecho internacional (AFP, vía Kuwait Times). El informe no se ha publicado completo y los datos de vuelo no han sido examinados por expertos independientes.
Los consulados (2–4 de noviembre). Según un funcionario sudanés citado por la AFP, el 2 de noviembre Etiopía declaró «persona non grata» a los seis empleados del consulado sudanés de Asosa y les dio 48 horas para irse (AFP, vía Kahawatungu). Un alto funcionario etíope confirmó el cierre a Reuters, sin explicar el motivo (Reuters, vía TimesLIVE). El miércoles 4 Sudán respondió con la misma medida contra el consulado etíope de Gedaref. Los dos ministerios de Exteriores no han publicado comunicados sobre las expulsiones (Sudan Tribune). Amjad Farid, asesor político del Consejo Soberano, dijo que Sudán sigue decidido a defender su territorio pero que «está haciendo todo lo posible para evitar una guerra abierta con Etiopía» (Reuters, vía Arab News).
La versión de Etiopía. Adís Abeba niega apoyar a las FAR. Su última respuesta oficial detallada es de mayo, cuando Sudán lanzó acusaciones parecidas. El ministerio de Exteriores etíope las calificó de «infundadas» y dio la vuelta al argumento: es Sudán, escribió, quien viola la integridad territorial de Etiopía al acoger a «mercenarios» del Frente Popular de Liberación de Tigray (TPLF), y Sudán se ha convertido en una base para las fuerzas hostiles a Etiopía (Addis Media Network, medios estatales etíopes). El ejército sudanés, añadió, da a esos combatientes «armas y apoyo financiero» (Al-Monitor). Desde septiembre, cuando los combatientes de Tigray reanudaron la ofensiva contra el ejército federal, Etiopía acusa también a Egipto y Eritrea de apoyarlos (Al Jazeera, 28/9/2026). Los tres lo niegan.
Cómo se ha llegado hasta aquí
La disputa no nació esta semana. El 2 de marzo Sudán denunció por primera vez drones entrados desde territorio etíope, sin decir quién los dirigía (SUNA, vía allAfrica). En mayo, tras un ataque con drones contra el aeropuerto de Jartum, llamó a consultas a su embajador en Adís Abeba y acusó a Etiopía y a los Emiratos Árabes Unidos (Fides).
El campamento de las FAR. El 10 de febrero Reuters publicó una investigación, basada en quince fuentes y en imágenes de satélite, sobre un campamento de entrenamiento de las FAR en la región etíope de Benishangul-Gumuz, la misma de Asosa. Las imágenes mostraban cientos de tiendas; una nota de los servicios de seguridad etíopes, vista por la agencia, hablaba de 4.300 combatientes en entrenamiento a principios de enero, con suministros de los Emiratos. En el aeropuerto de Asosa las imágenes mostraban obras iniciadas en agosto de 2025: un hangar, nuevas plataformas y una estación de control en tierra para drones (Reuters, vía TimesLIVE; The EastAfrican). Reuters precisó que no podía verificar de forma independiente el papel de los Emiratos ni el propósito de las obras en el aeropuerto; los Emiratos lo desmintieron (The National). Pocos días después Etiopía se negó a renovar la acreditación de tres periodistas de Reuters (CPJ).
Los combatientes tigrinos. También la acusación etíope tiene una base documentada. Durante la guerra de Tigray, entre 2020 y 2022, miles de combatientes tigrinos se refugiaron en el estado sudanés de Gedaref; algunos eran soldados entrenados, antiguos cascos azules de la ONU (The New Humanitarian). Según fuentes sudanesas y etíopes consultadas por el medio egipcio independiente Mada Masr, de ellos nació un grupo llamado «Ejército 70», con miles de hombres, que combate junto al ejército sudanés contra las FAR; en agosto una de sus unidades habría cruzado la frontera hacia Etiopía cerca de Humera antes de ser rechazada (Mada Masr). Son fuentes anónimas, y una de las dos es un militar etíope, es decir, una parte en la disputa.
La región. El 1 de octubre Etiopía expulsó a diez diplomáticos eritreos y Eritrea rompió relaciones (Sudan Tribune). Ese mismo día Etiopía expulsó a un diplomático egipcio sin dar el motivo, y Egipto respondió de la misma manera (Ahram Online). Mientras tanto, la guerra civil sudanesa, que empezó en abril de 2023, ha obligado a huir a más de 14 millones de personas, según la ONU (Reuters, vía The National). Para el Consejo Noruego para los Refugiados, la de Sudán es la crisis de desplazamiento más olvidada del mundo (NRC, junio de 2026). Sobre la red de suministros que alimenta esta guerra escribimos en «Sudán, la guerra a distancia»; sobre la guerra en Etiopía, en la serie «Etiopía».
Comentario jurídico
Qué prohíbe el derecho. La Carta de la ONU prohíbe a todo Estado usar la fuerza contra otro Estado (artículo 2, párrafo 4; véase uso de la fuerza). No hace falta enviar el propio ejército para violarla. En 1986, en el caso Nicaragua contra Estados Unidos, la Corte Internacional de Justicia estableció que armar y entrenar a los rebeldes de otro país es un uso ilícito de la fuerza y una injerencia prohibida (CIJ). La Declaración sobre las relaciones de amistad, aprobada por la Asamblea General en 1970 y considerada una interpretación autorizada de la Carta, añade una segunda prohibición: un Estado no debe siquiera tolerar que en su territorio se organicen actividades armadas contra un vecino (resolución 2625). Ya en 1949, en el caso del canal de Corfú, la Corte había dicho que ningún Estado puede permitir a sabiendas que su territorio se utilice contra los derechos de otro (CIJ).
Qué habría que probar. Si los drones despegan de verdad desde Asosa, la pregunta jurídica es qué sabía y qué hacía Etiopía. Dejar despegar drones desde un aeropuerto propio, con una infraestructura construida a propósito, difícilmente puede ser una actividad de la que el Estado no sepa nada. Pero es un «si»: hoy lo afirma una parte en guerra, con pruebas que ningún tercero ha examinado, y lo hace plausible una investigación periodística, no una investigación internacional.
La regla vale también al revés. Si el ejército sudanés acoge, paga y arma a combatientes tigrinos que cruzan la frontera para combatir en Etiopía, viola exactamente las mismas normas. Usarlos contra las FAR dentro de Sudán es otra cosa; dejarlos partir hacia Etiopía, no.
La legítima defensa. Sudán dice que se reserva el derecho a defenderse. La Carta lo admite contra un «ataque armado» (artículo 51), pero aquí el ataque viene de un grupo armado, no del ejército etíope. En 2005, en el caso entre la República Democrática del Congo y Uganda, la Corte rechazó la legítima defensa invocada por Uganda contra rebeldes que actuaban desde territorio congoleño, porque sus ataques no eran atribuibles al Congo (CIJ). Atacar a Etiopía en su territorio, sin pruebas de un papel directo suyo, pondría a Sudán en el lado equivocado y abriría una guerra entre Estados.
Las centrales y los civiles. Una central eléctrica que abastece a una ciudad es un bien civil, salvo que se use con fines militares; incluso entonces, el ataque no debe causar a los civiles daños desproporcionados. Dejar a oscuras a millones de personas es un daño que hay que sopesar antes de atacar. Quien lanza los drones responde en primer lugar. Quien los suministra o los alberga sabiendo cómo se usan no puede declararse ajeno.
Quién juzga. Casi nadie. El embargo de armas de la ONU solo cubre Darfur. El 8 de octubre el Consejo de Seguridad lo prorrogó hasta el 11 de diciembre, pero Rusia y China bloquearon la propuesta estadounidense de extenderlo a todo Sudán (Al Jazeera, 9/10/2026): los drones que golpean el Nilo Azul, Kordofán u Omdurmán quedan fuera. En 2025 Sudán llevó a los Emiratos ante la Corte Internacional de Justicia, pero el caso fue archivado porque los Emiratos, al adherirse a la Convención sobre el genocidio, habían excluido la competencia de la Corte (CIJ, 5/5/2025). El Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana tiene su sede en Adís Abeba, la capital del país acusado, y Sudán está suspendido de la Unión desde el golpe de Estado de 2021 (Sudan Tribune).
Prueba de simetría
Las pruebas. Aplicamos la misma vara de medir a las dos acusaciones. Contra Etiopía: los datos del gobierno sudanés, parte en guerra que no los ha hecho verificar, y la investigación de Reuters, con imágenes de satélite y documentos internos pero también fuentes anónimas. Contra Sudán: las declaraciones del gobierno etíope, también parte en guerra, y los reportajes de The New Humanitarian y Mada Masr sobre combatientes tigrinos junto al ejército sudanés, con fuentes en gran parte anónimas. En un punto las dos acusaciones se parecen: la parte menos probada es la más grave. Nadie ha demostrado que Etiopía autorice los lanzamientos de drones, ni que Sudán arme a los tigrinos para atacar a Etiopía.
El embargo. Sudán pide a la ONU que frene las armas que llegan a las FAR desde el extranjero. Pero en octubre su embajador ante la ONU se opuso a extender el embargo a todo el país, argumentando que violaría el derecho a la legítima defensa (misma fuente de Al Jazeera). Un embargo para todos habría afectado también a las armas del ejército.
Los drones. Sudán denuncia los drones de las FAR sobre sus centrales. Pero también el ejército sudanés usa drones, y también los suyos matan civiles, como documentamos en «Sudán, la guerra a distancia». Quien pide a la ONU que detenga los drones de los demás le pide, implícitamente, que mire también los propios.
La prensa. Un gobierno que impugna una investigación responde con pruebas, no retirando la acreditación a quien la escribió.
Nuestro juicio
Esta sección expresa la posición del sitio. Está separada de los hechos expuestos arriba.
Cerrar un consulado cuesta poco y no mata a nadie. Pero en esta región es el gesto que suele preceder a los que cuestan y matan. Sudán y Etiopía libran cada uno una guerra civil, y cada uno ayuda, o es acusado de ayudar, a los enemigos del otro. Si las dos acusaciones son ciertas aunque sea en parte, el camino lleva a una guerra entre Estados, justo donde ya está la crisis de desplazamiento más grande y más olvidada del mundo.
Sudán hizo lo correcto: en lugar de responder por su cuenta, acudió a la ONU y a la Unión Africana. Ahora les toca a ellas. Una comisión independiente que examine los datos de vuelo, los restos y el aeropuerto de Asosa, y con el mismo mandato los campamentos de combatientes tigrinos en el este de Sudán, costaría poco. No crearla significaría dejar la verdad a quien la usa como arma.
Qué seguir
- Si el Consejo de Seguridad o el Consejo de Paz y Seguridad de la UA debaten la denuncia sudanesa, y si Etiopía responde formalmente.
- El vencimiento del embargo sobre Darfur, el 11 de diciembre: si se renueva y si vuelve a debatirse su extensión a todo Sudán.
- Si el grupo de expertos de la ONU sobre Sudán, en funciones hasta el 11 de enero de 2027, examina los datos de vuelo y los restos.
- Nuevos ataques con drones en el Nilo Azul y contra la red eléctrica, y desde dónde se lanzan.
- La ofensiva de Tigray y el papel, si se prueba, de los combatientes llegados desde Sudán.
Fuentes: AFP, vía Ahram Online · Arab News · Middle East Monitor · Euronews en árabe · AFP, vía Kuwait Times · AFP, vía Kahawatungu · Reuters, vía TimesLIVE · Sudan Tribune · Reuters, vía Arab News · Addis Media Network, medios estatales etíopes · Al-Monitor · Al Jazeera, 28/9/2026 · SUNA, vía allAfrica · Fides · Reuters, vía TimesLIVE · The EastAfrican · The National · CPJ · The New Humanitarian · Mada Masr · Sudan Tribune · Ahram Online · Reuters, vía The National · NRC, junio de 2026 · CIJ · resolución 2625 · CIJ · CIJ · Al Jazeera, 9/10/2026 · CIJ, 5/5/2025 · Sudan Tribune
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