NOTICIA
Etiopía: la guerra que el gobierno sigue llamando «problema de seguridad»
21 de julio de 2026
Los hechos
Desde hace más de dos años, en la región etiope de Amhara, un ejército nacional y una milicia nacida para defender a su propia comunidad se combaten con los mismos métodos: ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, ataques a hospitales. El gobierno de Addis Abeba sigue llamándolo un problema de orden público, gestionado primero con el estado de emergencia y luego con un mando militar dependiente directamente del primer ministro. El conflicto estalló en abril de 2023, cuando el anuncio de la disolución de las fuerzas especiales regionales fue interpretado por la milicia Fano, de etnia amhara, como un desarme forzoso.
Desde entonces, los enfrentamientos entre las fuerzas armadas etiopes (ENDF) y los milicianos no se han detenido. Human Rights Watch, en su World Report publicado el 4 de febrero de 2026, registra que a lo largo de 2025 ambas partes siguieron cometiendo crímenes de guerra y otros abusos graves, incluidos ataques con drones que dañaron a civiles en Amhara. El Global Centre for the Responsibility to Protect, en una actualización del 6 de mayo de 2026, informa de que desde 2023 la ONU y observadores independientes documentan de forma recurrente ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desplazamiento forzado, destrucción de propiedades y ataques a centros de salud. Cientos de miles de desplazados siguen viviendo en campamentos formales e informales entre Amhara y Tigray: en junio de 2025 algunos protestaron durante tres días frente a oficinas regionales exigiendo un regreso seguro a casa, algo que hoy nadie puede garantizarles.
Comentario jurídico
El encuadre jurídico más sólido, con la documentación disponible, es el del derecho internacional humanitario aplicable a los conflictos armados no internacionales: el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra prohíbe a cualquier parte en conflicto, estatal o no, matar, torturar o tratar cruelmente a quienes no participan en las hostilidades. Etiopía firmó pero no ratificó el Estatuto de Roma: la Corte Penal Internacional no tiene, por tanto, jurisdicción automática sobre el país, salvo remisión del Consejo de Seguridad de la ONU — un límite estructural que deja la responsabilidad individual por estos hechos casi enteramente en manos de la justicia interna etiope. Algunas organizaciones de incidencia, entre ellas el Lemkin Institute, han calificado la situación en Amhara como un genocidio en curso: lo recogemos como una posición de parte, no como un hecho probado — ningún órgano judicial internacional ni organismo de la ONU ha calificado hasta ahora el conflicto en esos términos.
Implicaciones — la prueba de simetría
La prueba de simetría se aplica aquí directamente: las fuentes citadas atribuyen violaciones a ambos actores sobre el terreno, no a uno solo. El gobierno etiope presenta sus operaciones como restauración del orden frente a una milicia irregular — posición que recogemos, aunque las organizaciones de derechos humanos cuestionan los métodos empleados. Etiopía figura entre los 20 países de la Emergency Watchlist 2026 del International Rescue Committee, la lista anual de los contextos con mayor riesgo de deterioro humanitario del mundo — y sin embargo permanece al margen de la cobertura internacional, eclipsada por Gaza, Sudán y Ucrania. Este sitio no había escrito sobre ello hasta hoy.
Fuentes: Human Rights Watch — World Report 2026, capítulo Etiopía · Global Centre for the Responsibility to Protect — Etiopía · IRC — 2026 Emergency Watchlist