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ANÁLISIS

Las reglas que escribieron: cómo Estados Unidos construyó el orden de 1945, y las primeras excepciones

10 de noviembre de 2026 — Washington / Nueva York

En síntesis

En septiembre de 2026, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio dijo en la ONU que Estados Unidos nunca pondrá el orden internacional por encima de sus propios intereses. Lo contamos en «Primero los intereses, después el orden». La frase pesa más de lo que parece, porque ese orden no le fue impuesto a Estados Unidos por otros: lo diseñó él. Esta serie parte de aquí. ¿Qué aprenden los demás países cuando la democracia más poderosa viola las reglas que escribió, y qué hacemos los europeos? Antes de los casos de hoy, hay que saber cómo nacieron esas reglas y cuándo empezaron las excepciones.

Las reglas que escribieron

La Carta de la ONU. La idea de una organización mundial para impedir nuevas guerras fue de Franklin D. Roosevelt. En la primavera de 1945, cincuenta países redactaron la Carta en San Francisco, y el Senado estadounidense la aprobó casi por unanimidad (Office of the Historian, Departamento de Estado). El núcleo del texto es el artículo 2, párrafo 4: ningún Estado puede usar o amenazar con usar la fuerza contra otro, salvo en legítima defensa o con la autorización del Consejo de Seguridad (lo explicamos en la entrada Uso de la fuerza y legítima defensa). La misma Carta da, sin embargo, a los cinco miembros permanentes del Consejo, Estados Unidos incluido, el poder de veto: ninguna decisión vinculante puede aprobarse contra uno de ellos (entrada Consejo de Seguridad).

Núremberg. Para juzgar a los jefes nazis, las cuatro potencias vencedoras crearon un tribunal internacional, el primero en juzgar a gobernantes por desencadenar una guerra de agresión. El fiscal jefe estadounidense, el juez del Tribunal Supremo Robert H. Jackson, abrió el juicio con una frase que ya contiene la pregunta de esta serie: ofrecer a los acusados un cáliz envenenado «es llevarlo también a nuestros propios labios» (discurso de apertura, Avalon Project, Yale). Si las reglas valen para los vencidos, valen también para quienes los juzgan.

La economía. En Bretton Woods, en 1944, nacieron el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial; en 1947, en Ginebra, se firmó el GATT, el acuerdo sobre el comercio del que saldría la Organización Mundial del Comercio (Office of the Historian). Volveremos sobre ello en el episodio sobre los aranceles.

La Corte, con una cláusula. En 1946 Estados Unidos aceptó la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia: cualquier Estado que hubiera hecho lo mismo podía demandarlo. Pero el Senado añadió una reserva: quedan excluidos los asuntos de jurisdicción interna de Estados Unidos «según lo determine Estados Unidos» (resolución del Senado, 2 de agosto de 1946). Se la llamó reserva Connally, por el senador que la propuso, y la asociación de abogados estadounidenses la impugnó desde el primer día (American Journal of International Law). Quien decide por sí solo si un caso le concierne acepta al juez solo mientras le conviene.

Las primeras excepciones

Irán, 1953. El primer ministro Mohammad Mosaddeq había nacionalizado el petróleo iraní, hasta entonces en manos de una compañía británica. En agosto de 1953 fue derrocado por un golpe de Estado. Durante décadas Washington lo negó. En 2013, un documento interno de la CIA lo dejó por escrito: el golpe se llevó a cabo «bajo la dirección de la CIA como un acto de política exterior estadounidense» (National Security Archive). Un año después, en Guatemala, la CIA organizó la caída del presidente electo Jacobo Árbenz (Office of the Historian).

Suez, 1956: la regla aplicada a los aliados. Cuando Egipto nacionalizó el canal de Suez, el Reino Unido, Francia e Israel lo atacaron según un plan acordado en secreto. El presidente Dwight Eisenhower, al que no se había avisado, se opuso y presionó al Fondo Monetario para que negara ayuda a Londres. Los invasores se retiraron (Imperial War Museum). Es el caso en que las reglas de 1945 funcionaron como se prometía: contra dos aliados de Estados Unidos, por voluntad de Estados Unidos.

Cuba, 1962: la regla tomada en serio. Tras el desembarco fallido de Bahía de Cochinos, que reconstruimos en el artículo sobre el embargo, los soviéticos instalaron misiles nucleares en la isla. La administración Kennedy descartó el argumento de la defensa preventiva y pidió a la Organización de los Estados Americanos que autorizara un bloqueo naval, llamado «cuarentena». Según el asesor jurídico del Departamento de Estado de entonces, Abram Chayes, lo hizo en buena parte porque creía tener la obligación legal de hacerlo (Just Security). Muchos juristas consideran que aquella base era frágil de todos modos. Pero Washington sentía que debía justificar el uso de la fuerza ante el derecho.

Granada, 1983. Tras el asesinato del primer ministro Maurice Bishop a manos de una facción militar, Estados Unidos invadió la isla. La Asamblea General de la ONU condenó la intervención como una «violación flagrante del derecho internacional» (resolución 38/7), después de que un texto similar fuera bloqueado por el veto estadounidense en el Consejo de Seguridad.

Nicaragua, 1984-1986: cuando el juez te quita la razón. La Nicaragua sandinista demandó a Estados Unidos ante la Corte Internacional por su apoyo a los rebeldes de la contra y por las minas en sus puertos. Washington sostuvo que la Corte no tenía jurisdicción; cuando la Corte decidió lo contrario, dejó de participar en el proceso y retiró su aceptación de la jurisdicción obligatoria. En 1986 la Corte condenó a Estados Unidos por uso ilícito de la fuerza. Estados Unidos rechazó la sentencia y vetó la resolución del Consejo que pedía su cumplimiento (Britannica).

Panamá, 1989. Estados Unidos invadió Panamá para capturar al general Manuel Noriega, que había anulado las elecciones y estaba procesado en Estados Unidos por narcotráfico. La Asamblea General volvió a hablar de «violación flagrante del derecho internacional» (resolución 44/240). Treinta y siete años después, un esquema parecido se repitió con Venezuela: hablaremos de ello en el episodio 1.

Kuwait, 1990: el sistema que funciona. Cuando Irak invadió Kuwait, Washington no actuó solo. Construyó una mayoría en el Consejo de Seguridad, que autorizó el uso de «todos los medios necesarios» para liberar el país (resolución 678). Fue el momento en que el orden de 1945, con Estados Unidos al frente, pareció hacer aquello para lo que había sido escrito.

Comentario jurídico

Qué prohíben las reglas. La prohibición del uso de la fuerza vale para todos, también para quien tiene buenas razones o un enemigo odioso. En la sentencia sobre Nicaragua, la Corte añadió que un Estado no puede intervenir en los asuntos internos de otro, armando a rebeldes o intentando cambiar su gobierno. Un golpe de Estado organizado desde fuera entra en la prohibición aunque ningún soldado cruce una frontera.

El punto débil. Para hacer cumplir las reglas hay que pasar por el Consejo de Seguridad, donde cada miembro permanente puede bloquear cualquier decisión que le afecte. Cuando quien viola es uno de ellos, solo queda la Asamblea General, que puede condenar pero no obligar. Granada, Panamá, Nicaragua: tres condenas, ninguna consecuencia. Lo mismo valió para la Unión Soviética en Afganistán. No es un defecto descubierto después: el veto fue una elección de quienes escribieron la Carta, Estados Unidos incluido.

Ocultar o declarar. ¿Eran sinceras las justificaciones jurídicas de la Guerra Fría o eran de fachada? Para el derecho importa menos de lo que parece. Un Estado que niega, se esconde o busca un argumento jurídico reconoce que la regla existe. Un Estado que declara poner sus intereses por encima de la regla la trata como si ya no existiera.

La versión de Washington

El argumento central debe exponerse completo. Las reglas de 1945 suponían que las grandes potencias colaborarían, y la Unión Soviética no lo hizo. Sin el poder estadounidense, según esta lectura, no habría habido ningún orden que defender, y dejar espacio a Moscú habría significado entregarle países enteros. Lo dice el propio documento de la CIA sobre 1953, que habla del riesgo de dejar Irán expuesto a la agresión soviética.

Para cada intervención, además, Washington ofreció una base jurídica. En Granada: la petición de los Estados vecinos del Caribe oriental, un llamamiento del gobernador general de la isla y la protección de unos mil ciudadanos estadounidenses, en su mayoría estudiantes (Christian Science Monitor, 1983). En Nicaragua: la defensa colectiva de El Salvador, que acusaba a los sandinistas de armar a la guerrilla. En Panamá: la legítima defensa, la protección de los ciudadanos estadounidenses y el regreso de la democracia; el delegado estadounidense acusó a la Asamblea de cerrar los ojos ante la represión de Noriega (Deseret News, 1989). Algunos juristas estadounidenses consideraron válidos estos argumentos. La mayoría de los Estados, en la ONU, los rechazó.

Prueba de simetría

Las mismas palabras. En enero de 1980 la Asamblea General «deploró» la intervención armada soviética en Afganistán, con una amplia mayoría que incluía a Estados Unidos (International Legal Materials). Moscú decía haber sido invitado por el gobierno afgano. Tres años después, la misma Asamblea usó casi la misma fórmula para Granada, donde Washington decía haber sido invitado por el gobernador general. Ya entonces algunos expertos estadounidenses observaban que Granada había hecho perder a Estados Unidos la ventaja ganada con Afganistán (Christian Science Monitor, misma fuente). Si la invitación no bastaba para Moscú, no podía bastar para Washington.

En el mismo otoño. En noviembre de 1956, mientras Eisenhower obligaba a Londres y París a retirarse de Suez, la Unión Soviética aplastaba la revolución húngara. En aquellos días Washington aplicó las reglas a sus aliados mejor de lo que Moscú se las aplicaba a sí mismo. La prueba vale en ambas direcciones: la Guerra Fría no es una historia de hipocresía solo estadounidense.

Lo que queda. La comparación no absuelve a nadie, pero dice algo sobre la credibilidad: quien pide a los demás que respeten una regla debe poder decir que la respeta. Es la misma pregunta que surge hoy cuando Moscú cita Kosovo o Irak para justificar Ucrania.

¿Y Europa?

Europa no sale mejor parada de esta historia. En Suez, los infractores eran el Reino Unido y Francia, y fue Washington quien los detuvo. Sobre Granada, antigua colonia británica, Margaret Thatcher se opuso a la invasión antes de que empezara; después el Reino Unido se abstuvo en la condena (Declassified UK). Sobre Panamá, el Reino Unido y Francia vetaron junto con Estados Unidos en el Consejo de Seguridad y votaron en contra de la condena en la Asamblea (Universidad de las Naciones Unidas; Deseret News, misma fuente). Sobre Afganistán, en cambio, Europa occidental votó en bloque para condenar a Moscú. El mismo acto, juzgado de forma distinta según quién lo cometía.

Nuestro juicio

Esta sección expresa la posición del sitio. Está separada de los hechos expuestos arriba.

Las reglas de 1945 no son un invento contra Estados Unidos: son en gran parte estadounidenses. Eso es lo que hace grave lo que ocurre hoy. Jackson sabía que un día se aplicarían también a quienes las habían escrito, y lo dijo ante el mundo. Washington se reservó desde el principio una salida, el veto y la reserva Connally, y durante la Guerra Fría las excepciones fueron muchas y graves. Pero en su mayoría se ocultaban, se negaban o se cubrían con un argumento jurídico, y en algunos momentos decisivos, en Suez y en Kuwait, Estados Unidos defendió las reglas incluso cuando le costaba. El vicio todavía rendía homenaje a la virtud.

Hoy ese homenaje se ha acabado. Cuando el secretario de Estado dice que los intereses van antes que el orden, no busca una excusa para una excepción: dice que la excepción es la regla. Desde Moscú, desde Pekín o desde cualquier otra capital, la lección se lee con claridad, y es la razón de esta serie. La misma vara de medir debe valer para todos, también para Europa, que en Suez y en Panamá eligió no ver.

Los próximos episodios

Fuentes: Office of the Historian, Departamento de Estado · discurso de apertura, Avalon Project, Yale · Office of the Historian · resolución del Senado, 2 de agosto de 1946 · American Journal of International Law · National Security Archive · Office of the Historian · Imperial War Museum · Just Security · resolución 38/7 · Britannica · resolución 44/240 · resolución 678 · Christian Science Monitor, 1983 · Deseret News, 1989 · International Legal Materials · Declassified UK · Universidad de las Naciones Unidas

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