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MANIFIESTO

Por el No Reconocimiento de la Conducta de los Estados Unidos de América

Fundamento jurídico, ético y político de un principio que no admite excepciones · 2026

Manifiesto por el No Reconocimiento de la Conducta de los Estados Unidos de América

Fundamento jurídico, ético y político de un principio que no admite excepciones — ni siquiera en la cúspide

A quién se dirige

A los gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea y a todos los Estados parte de la Carta de las Naciones Unidas. A las instituciones internacionales. A todo ciudadano que crea que el derecho se aplica a todos o no se aplica a nadie. Y a quien piense que defender la legalidad internacional cuando la víctima de la violación es un autócrata significa defender al autócrata. No lo es. Es el único momento en que la defensa de la legalidad demuestra ser sincera.

Este manifiesto es el cuarto de una serie. El primero concierne la conducta del Estado de Israel; el segundo, la de la Federación Rusa; el tercero, el genocidio en Sudán y quienes lo arman. Todos aplican el mismo esquema jurídico — las obligaciones de no reconocimiento previstas en los artículos 40-41 ARSIWA — a violadores distintos, de bandos distintos. Este cuarto documento cierra el círculo de la única manera coherente posible: aplicando el principio a la cúspide misma del sistema. Los demás manifiestos están disponibles en iwillnotlookaway.org.

I. Premisa

En la noche del 3 de enero de 2026 los Estados Unidos de América atacaron Venezuela. Bombardeos aéreos sobre Caracas y tres estados del país, defensas aéreas desmanteladas, comunicaciones cortadas, víctimas civiles y militares. A las 2:01 las fuerzas especiales llegaron a la residencia del presidente Nicolás Maduro y lo sacaron de su dormitorio, junto a su esposa, mientras dormían. Trasladados a un buque militar, luego a una cárcel de Nueva York, para ser juzgados por un tribunal federal estadounidense por cargos de narcotráfico.

Ni una orden internacional. Ni autorización del Consejo de Seguridad. Ni un ataque armado venezolano al que responder. Ni siquiera la autorización del Congreso estadounidense. Una operación denominada, con involuntaria precisión, «Absolute Resolve»: determinación absoluta — es decir, por definición, desligada de todo vínculo.

El presidente estadounidense declaró después que los Estados Unidos «gobernarían el país hasta la transición». La administración de facto de un Estado soberano, anunciada en rueda de prensa desde un resort privado.

Este manifiesto no nace de simpatía por el régimen venezolano — que no merece ninguna. Nace del principio que funda los otros tres documentos de esta plataforma: ningún Estado está por encima del derecho internacional. Y si el principio no vale para el más poderoso, nunca fue un principio: era solo la regla que el más poderoso imponía a los demás.

II. El precedente que demuele el castillo

Entre todas las violaciones de aquella noche, una tiene consecuencias estructurales que superan el caso venezolano.

El derecho internacional reconoce a los jefes de Estado en ejercicio la inmunidad personal absoluta frente a la jurisdicción de los demás Estados. No es un privilegio de los poderosos: es la clave de bóveda que impide a cada Estado «arrestar» a los líderes ajenos sobre la base de sus propias leyes internas y sus propios cargos. La Corte Internacional de Justicia lo estableció sin ambigüedad en el caso de la Orden de arresto (Congo c. Bélgica, 2002): un jefe de Estado en ejercicio solo puede ser juzgado por una corte internacional — como la CPI para Putin o Netanyahu — nunca por la justicia interna de otro país.

Los Estados Unidos hicieron exactamente eso: aplicaron su propio código penal a un jefe de Estado extranjero, lo sacaron por la fuerza de su territorio bombardeando su capital, y lo juzgarán ante uno de sus tribunales de distrito.

Las consecuencias no conciernen a Maduro. Conciernen a todos. Si el precedente se mantiene, cada potencia puede hacer lo mismo: China puede «arrestar» a un presidente que sus leyes califican de terrorista; Rusia puede «arrestar» a un líder que su código califica de extremista. El cargo es irrelevante — cada ordenamiento interno puede producir uno. Lo que fue derribado el 3 de enero no es un régimen: es la barrera que separaba el derecho internacional de la ley del más fuerte.

A esto se suma el contexto: desde septiembre de 2025, más de treinta ataques militares contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, más de ciento diez personas muertas sin juicio, sin cargos formales, sin que un solo tribunal haya verificado jamás su culpabilidad. Ejecuciones extrajudiciales en aguas internacionales, normalizadas como «lucha contra el narcotráfico».

III. Marco normativo violado

IV. Fundamento jurídico del no reconocimiento

Los Artículos sobre la Responsabilidad del Estado (ARSIWA, CDI/ONU 2001), artículos 40 y 41, imponen a todos los Estados, ante violaciones graves de normas imperativas: no reconocer como lícita la situación creada por la violación; no prestar ayuda o asistencia a su mantenimiento; cooperar para ponerle fin por medios lícitos.

La prohibición de la agresión es una norma imperativa (jus cogens). Lo era cuando la violó Rusia. Lo es cuando la violan los Estados Unidos. La obligación de no reconocimiento no distingue entre agresores simpáticos y antipáticos, entre aliados y adversarios: esta indistinción es exactamente lo que la hace derecho.

De ello se deriva una consecuencia precisa: ningún Estado puede reconocer como legítimo un gobierno venezolano instalado bajo administración militar extranjera, ni la jurisdicción de un tribunal interno estadounidense sobre un jefe de Estado capturado mediante un acto de agresión.

V. La prueba de la coherencia — el silencio más ruidoso

Cuando Rusia invadió Ucrania, la Unión Europea reaccionó en horas: condena unánime, sanciones, congelación de reservas, cumbres extraordinarias.

Cuando los Estados Unidos bombardearon Caracas y secuestraron a un jefe de Estado, la Unión Europea reaccionó así: la Alta representante comentó que Maduro «carece de legitimidad». La presidenta de la Comisión habló de «transición pacífica» sin nombrar la operación — como si Maduro hubiera sido llevado por el viento. Un ministro de exteriores europeo ironizó: «no podía pasarle a mejor persona». Ninguna condena. Ninguna sanción. Ninguna cumbre extraordinaria. Un solo jefe de gobierno europeo invocó con nitidez el derecho internacional — y la condena formal de la agresión llegó de Lula, Petro, Boric, de México: del Sur del mundo, no de la Europa que se proclama madre del derecho.

Que Maduro fuera un autócrata es cierto, y es irrelevante. El derecho internacional no protege a los líderes porque sean buenos: los protege porque la alternativa es que cada potencia se convierta en juez, policía y verdugo de las demás. La Europa que calla sobre Caracas después de haber sancionado a Moscú certifica ante el mundo entero que su brújula no es el derecho: es la identidad del agresor.

Y aquí el daño toca fondo. Porque los Estados Unidos no son un Estado cualquiera: son el arquitecto del orden de 1945, la potencia que escribió la Carta de San Francisco, instituyó los tribunales de Núremberg, predicó durante ochenta años el «orden basado en reglas» en cada rincón del planeta. Cuando el garante del sistema lo viola impunemente — y sus aliados aplauden o callan — no cae un gobierno en Caracas: cae el argumento mismo con que Occidente justificó su liderazgo moral. Toda futura condena occidental de la agresión ajena nacerá muerta, con Caracas como respuesta lista. La presunta supremacía ideológica de Occidente ya no se sostiene: no porque sus principios fueran erróneos, sino porque ha demostrado no creer en ellos.

VI. Medidas concretas

  1. La condena formal de la agresión del 3 de enero de 2026 como violación del artículo 2(4) de la Carta de la ONU, en las mismas formas usadas para la agresión rusa contra Ucrania
  2. El no reconocimiento de cualquier gobierno venezolano instalado bajo administración o tutela militar extranjera, hasta que el pueblo venezolano pueda expresarse en elecciones libres y sin ocupantes
  3. El no reconocimiento de la jurisdicción de tribunales internos estadounidenses sobre un jefe de Estado capturado mediante un acto de agresión, y la petición de su traslado a una jurisdicción internacional por los crímenes de los que deba responder — que existen, y merecen un juicio legítimo
  4. Una investigación internacional independiente sobre las ejecuciones extrajudiciales en el mar y sobre las víctimas civiles de los bombardeos
  5. La aplicación de estos mismos estándares a todo Estado, cualquiera sea su peso geopolítico — porque un derecho que se detiene ante el más fuerte nunca existió

VII. Distinción fundamental

Este manifiesto no es una defensa de Nicolás Maduro. Su régimen reprimió el disenso, vació las instituciones, robó una elección: la victoria de la oposición en 2024 está documentada, y la represión que siguió es una vergüenza de la que el chavismo responde ante la historia y — ojalá — ante una corte legítima. Tampoco es un manifiesto contra el pueblo estadounidense, cuya propia prensa calificó la operación de ilegal, y cuyo Congreso ni siquiera fue consultado.

Es contra un método. Defender la inmunidad de un jefe de Estado indefendible es la prueba suprema de la sinceridad de quien cree en el derecho: cualquiera puede defender la legalidad cuando protege a los inocentes. El principio se demuestra cuando protege también a quienes despreciamos — porque es en ese momento cuando deja de ser conveniencia y se convierte en civilización.

Declaración final

No reconozco como legítima la agresión del 3 de enero de 2026 contra Venezuela. No reconozco el secuestro de un jefe de Estado en ejercicio como «operación policial». No reconozco la administración extranjera de un Estado soberano como «transición». No reconozco al más poderoso el derecho de hacer lo que condena en los demás. Y constato: quien construyó el castillo de la justicia internacional lo está demoliendo desde dentro, mientras Europa mira hacia otro lado. Este manifiesto existe para que alguien deje constancia de que no todos miraron hacia otro lado. Porque el derecho se aplica a todos, o no se aplica a nadie.

Referencias normativas

Una síntesis esencial, solo cuando un hecho lo merece.

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