I Will Not Look Away

IWILLNOTLOOKAWAY.ORG

ANÁLISIS

La factura del rearme: quién paga, y con qué reglas

8 de noviembre de 2026 — Europa

Serie «La paz y el rearme» · 2 de 4

En síntesis

El número que decidirá el gasto militar europeo de los próximos diez años nació en una negociación. El 5 % del PIB es la cifra exigida por la administración Trump y aceptada por los aliados en La Haya, dividida en dos partidas para hacerla soportable. La OTAN dice que la primera partida sirve para alcanzar sus objetivos de capacidades; esos objetivos, sin embargo, no son públicos. Así, en el debate, los gobiernos europeos no explican qué hace falta: explican cómo llegarán al porcentaje. Este Análisis sigue el dinero: de dónde viene, qué reglas se cambiaron para encontrarlo y quién corre el riesgo de perderlo.

Los hechos

El compromiso. El 25 de junio de 2025 los 32 aliados firmaron una declaración que los compromete a gastar antes de 2035 al menos el 3,5 % del PIB en los «requisitos básicos de defensa» y hasta el 1,5 % en proteger las infraestructuras críticas, defender las redes y garantizar la preparación y la resiliencia civil (LaPresse). La segunda partida está menos definida que la primera, y volveremos sobre ello.

Las herramientas europeas. En marzo de 2025 la Comisión presentó el plan ReArm Europe, después rebautizado Readiness 2030, con el objetivo de movilizar más de 800.000 millones (Comisión Europea). El primer pilar, SAFE, ofrece hasta 150.000 millones en préstamos para compras conjuntas de armamento (Consejo de la UE). El segundo es una excepción a las reglas presupuestarias, de la que hablamos más abajo. En la propuesta de presupuesto 2028-2034 la Comisión prevé 131.000 millones para defensa y espacio, cinco veces más que hoy (Comisión, vía FastForward).

El gasto real. Según el instituto sueco SIPRI, en 2025 los 29 miembros europeos de la OTAN gastaron 559.000 millones de dólares, y 22 de ellos superaron el 2 % del PIB. Rusia gastó 190.000 millones, el 7,5 % de su PIB; Ucrania 84.000 millones, el 40 % del suyo (SIPRI).

De dónde viene el 5 %

La presión. La cifra la pidió Washington, y la acompañó de amenazas comerciales. En La Haya, el único gobierno que rechazó el objetivo fue el español, que firmó la declaración pero se comprometió al 2,1 %, sosteniendo que bastaba para cumplir las capacidades exigidas por la Alianza sin comprometer el gasto social (La Notizia). El presidente estadounidense respondió en rueda de prensa que haría pagar a España «el doble» en el acuerdo arancelario (Sky TG24); en octubre sugirió expulsarla de la OTAN (Open); en la cumbre de Ankara, en julio de 2026, dijo que ya no quería hacer negocios con España y pidió a su secretario del Tesoro que «recortara» (AFP, vía Kuwait Times). En vísperas de la misma cumbre, la administración no descartaba sanciones para los aliados rezagados, aranceles incluidos (Washington Examiner).

Armas y comercio en el mismo paquete. Un mes después de La Haya, el 27 de julio de 2025, el acuerdo comercial entre Estados Unidos y la UE fijó aranceles del 15 % sobre la mayoría de los productos europeos y colocó, junto a las compras de energía, la intención europea de comprar grandes cantidades de armamento estadounidense (Al Jazeera). Según el embajador de EE. UU. ante la OTAN, de los cerca de 139.000 millones de dólares en nuevos compromisos asumidos por los aliados después de La Haya, aproximadamente la mitad se refiere a equipos, armas y municiones producidos en Estados Unidos (Washington Examiner).

No solo Washington. Sería un error, sin embargo, contar el rearme europeo como una orden ejecutada. El plan ReArm Europe se presentó en marzo de 2025, tres meses antes de La Haya, también por el temor de que Estados Unidos dejara de defender Europa. Polonia y los países bálticos pedían desde hacía años más gasto, y el primer ministro estonio dijo que todos, España incluida, deberían llegar al 5 % (Euronews). La presión estadounidense fijó la cifra y el calendario; el miedo a Rusia, y a Estados Unidos, hizo el resto.

Una regla para las armas, ninguna para los servicios

La excepción. El Pacto de Estabilidad limita el crecimiento del gasto público de los países de la UE. El 19 de marzo de 2025 la Comisión estableció que la invasión rusa de Ucrania es una «circunstancia excepcional» que permite activar la cláusula de escape nacional, e invitó a los Estados a usarla de forma coordinada (Osservatorio CPI). En la práctica, un Estado puede gastar hasta un 1,5 % del PIB más, durante cuatro años, sin violar el Pacto, a condición de que ese dinero vaya a defensa (Italpress). En febrero de 2026 había diecisiete Estados autorizados (Eunews). El 8 de octubre la Comisión dio luz verde también a Italia, para defensa y, desde este año, para una parte del gasto energético (Il Post).

Lo que no existe. Una excepción similar para la sanidad, la educación, la justicia o el mantenimiento de las infraestructuras civiles no existe. Un gobierno que quisiera contratar médicos o rehacer escuelas con el mismo déficit concedido para las armas violaría las reglas. No es una acusación: es el texto de las reglas. La consecuencia, sin embargo, es que, ante la misma necesidad, el gasto militar es el más fácil de financiar.

El procedimiento. También los plazos son distintos. SAFE se propuso el 19 de marzo de 2025 y se adoptó el 27 de mayo. Para ir deprisa, la Comisión eligió el artículo 122 del Tratado de Funcionamiento de la UE, una cláusula de emergencia que deja al Parlamento Europeo fuera de la decisión. El Parlamento pidió al Tribunal de Justicia que anulara el reglamento, impugnando no su contenido sino su método (La Notizia); la causa está pendiente.

Quién ha pagado ya

La ayuda al desarrollo. En febrero de 2025 el Reino Unido decidió llevar la defensa al 2,5 % del PIB antes de 2027 financiando el aumento con un recorte de la ayuda al desarrollo del 0,5 % al 0,3 % del PIB; la ministra competente dimitió (LaPresse). Bélgica redujo su presupuesto de ayuda un 25 % (Brussels Times).

Las infraestructuras civiles. En el plan presentado el 30 de junio de 2026, el Gobierno británico financió el aumento de la defensa también recortando proyectos de infraestructuras civiles, de las carreteras a la energía (laRegione).

El trabajo. En 2023 Dinamarca suprimió un festivo religioso, el Store Bededag, para obtener unos 400 millones de euros al año destinados a defensa; tres de cada cuatro daneses estaban en contra (Il Post; Cámara de Comercio Italiana en Dinamarca).

La prevención de conflictos. En el presupuesto de la UE, la parte destinada a la consolidación de la paz y la prevención de conflictos ha bajado desde 2021 del 3,7 % al 2,6 % (FIIA). Para 2028-2034, una propuesta de la presidencia irlandesa recortaría casi un 16 % el instrumento que financia también la consolidación de la paz, Global Europe, el doble del recorte medio (IRC).

El caso italiano. Aquí todavía no hay recortes, y el debate está abierto. A mediados de octubre la primera ministra dijo que los fondos para defensa «no son dinero quitado a la sanidad o a la escuela». El 12 de octubre, en una comparecencia, la Oficina Parlamentaria de Presupuesto había explicado que la excepción aumenta el déficit pero no crea márgenes de gasto permanentes, y que a partir de 2029, cerrada la cláusula, el panorama se complica: una parte considerable de las partidas se refiere a personal y a programas plurianuales que no se detienen con la excepción. La Oficina pidió al Gobierno que indique ya en la ley de presupuestos cómo se financiarán la defensa y la energía después de 2028 (Teleborsa; Il Fatto Quotidiano). En otras palabras: hoy se paga con deuda, mañana alguien tendrá que pagar la deuda.

El truco de las etiquetas

La partida del 1,5 % es amplia: protección de infraestructuras, redes, preparación civil, innovación, base industrial. Es ahí donde algunos gobiernos intentan incluir gastos ya decididos. En julio de 2025 el Gobierno italiano estudió contabilizar el puente sobre el estrecho de Mesina, unos 13.500 millones, y el nuevo dique del puerto de Génova como infraestructuras de valor militar (Il Post; Il Fatto Quotidiano). El embajador de EE. UU. ante la OTAN respondió que el puente no tiene valor militar; el Ministerio de Transportes replicó que la obra se financia con fondos estatales y no con fondos de defensa (Il Post; Open).

La etiqueta se puede usar en dos direcciones. Se puede llamar «defensa» a una obra civil para alcanzar el porcentaje sin gastar más; o se puede hacer pasar por «seguridad civil» un gasto que en realidad es militar. En ambos casos el ciudadano ya no sabe qué está pagando. Lo escribió L'Espresso a propósito de Italia: desde hace años el gasto en defensa se juzga por objetivos contables, y no estratégicos (L'Espresso).

¿Demasiado, o suficiente?

Es la pregunta más difícil, y las cifras no la zanjan. Medido en dólares a tipos de cambio de mercado, el gasto de los miembros europeos de la OTAN es casi el triple del ruso. Medido en paridad de poder adquisitivo, es decir, teniendo en cuenta que en Rusia un soldado o un proyectil cuestan mucho menos, la diferencia se reduce casi a nada, y hay quien sostiene que Rusia gasta más que toda Europa junta (Money.it; IISS, vía Startmag). Las dos medidas responden a preguntas distintas, y quien cita solo una ya ha elegido la conclusión.

Lo que falta, en todo caso, es el paso intermedio en forma pública. Los objetivos de capacidades de la OTAN, a los que la declaración de La Haya vincula el 3,5 %, son reservados (LaPresse). El secreto sobre qué falta exactamente tiene razones militares comprensibles; pero sin al menos una versión pública, ningún Parlamento puede juzgar si la cifra es la adecuada. El 5 % es un objetivo de gasto, no de resultado. Se puede alcanzar comprando las cosas equivocadas, o no alcanzarlo y tener lo que hace falta.

Comentario jurídico

El presupuesto de la UE y las armas. El Tratado de la Unión Europea prohíbe financiar con el presupuesto común las operaciones que tengan repercusiones en el ámbito militar o de la defensa (artículo 41, apartado 2). Por eso la parte europea común de la ayuda militar a Ucrania pasa por el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, que está fuera del presupuesto y lo pagan los Estados, y SAFE adopta la forma de préstamos. Son soluciones legítimas, pero reducen el control del Parlamento Europeo, que en el presupuesto ordinario tiene poderes de codecisión.

El artículo 122. La cláusula está pensada para dificultades graves en el suministro de determinados productos o para circunstancias excepcionales. Se usó para la pandemia y para la crisis energética. Usarla para un programa de préstamos a largo plazo es la decisión que el Parlamento impugna ante el Tribunal. Si el Tribunal la confirma, el artículo 122 se convertirá en la vía ordinaria para las decisiones urgentes, y la definición de «urgente» la dará el gobierno de turno.

La excepción al Pacto. La cláusula de escape nacional (artículo 26 del Reglamento UE 2024/1263) exige circunstancias excepcionales fuera del control del Estado y un gasto que no comprometa la sostenibilidad de la deuda a medio plazo. La guerra en Ucrania puede ser una circunstancia excepcional. Un compromiso de gasto hasta 2035, con personal y programas que duran décadas, es más difícil de encajar en la palabra «temporal».

Prueba de simetría

El argumento contrario. Hay quien sostiene que defensa y Estado del bienestar no son alternativos sino complementarios: sin seguridad Europa atrae menos inversiones, crece menos y al final no puede pagar el Estado social. Lo escribe, entre otros, Lorenzo Bini Smaghi, señalando que los países nórdicos, con el Estado del bienestar más sólido, son también los que más han aumentado el gasto militar (IEP Bocconi). Es un argumento serio. Pero vale si el crecimiento llega de verdad, y no dice quién paga mientras tanto.

La amenaza es real. Rusia ha agredido a un país europeo, gasta en defensa el 7,5 % del PIB, y los servicios de inteligencia daneses creen que podría estar lista para una guerra a gran escala contra Europa en cinco años (misma fuente IISS). Quien critica el rearme debe decir qué propone en su lugar: no basta con decir que cuesta demasiado.

La misma vara para las cuentas. Si denunciamos la «contabilidad creativa» cuando un gobierno llama defensa a un puente, debemos denunciarla también cuando un gobierno llama infraestructura a un gasto en armamento, o cuando quien critica el rearme pone una junto a otra cifras que miden cosas distintas.

Nuestra valoración

Esta sección expresa la posición del sitio. Está separada de los hechos expuestos arriba.

El problema no es que Europa se defienda. Es que las reglas se han cambiado en una sola dirección. Para las armas, se admite el déficit, se acorta el procedimiento, se salta al Parlamento, se ensanchan las etiquetas. Para la escuela, la sanidad, la justicia y la diplomacia valen las reglas de antes, y en algunos casos recortes más profundos. Ante la misma necesidad, gana siempre el gasto que tiene las reglas más cómodas.

Un rearme decidido así es desproporcionado no porque la amenaza sea inventada, sino porque la cifra va antes que las necesidades, y los costes se trasladan hacia adelante, a presupuestos que tendrán que devolver la deuda cuando termine la excepción. Y es peligroso porque cada euro gastado sin un plan es un euro que no compra seguridad, y cada año dedicado a rearmarse sin un canal diplomático hace más probable precisamente la guerra que se dice querer evitar.

Qué se puede hacer

Las propuestas que siguen son también la base de un manifiesto y una petición del sitio.

  1. Una cláusula social. Ningún aumento del gasto en defensa financiado con recortes en sanidad, educación, justicia e infraestructuras civiles. Si se admite más déficit para las armas, la misma regla debe proteger los servicios esenciales.
  2. Primero las necesidades, después la cifra. Cada gobierno presenta al Parlamento una versión pública de las capacidades que faltan y de sus costes, y justifica el gasto con ella, no con un porcentaje del PIB.
  3. Etiquetas honestas. Cuentas separadas y verificables para la defensa propiamente dicha y para la seguridad civil. Ninguna obra civil contabilizada como defensa, ningún gasto militar escondido entre las infraestructuras.
  4. Decide el Parlamento. Nada de procedimientos de urgencia como el artículo 122 para programas de largo plazo.
  5. Paridad para la diplomacia. La prevención de conflictos no se recorta más que el resto del presupuesto, y la UE se dota de un enviado con un mandato para las negociaciones sobre Ucrania.
  6. Decidimos nosotros. El gasto en defensa se fija según las necesidades europeas, no bajo la amenaza de aranceles, y no se vincula a los acuerdos comerciales. Las compras se eligen por lo que sirven, no por la bandera de quien las produce: ni para contentar a Washington, ni para favorecer a la industria europea.

Quien quiera actuar tiene algunas palancas reales: el Parlamento nacional, que vota el presupuesto y orienta al Gobierno en el Consejo; las peticiones al Parlamento Europeo (artículo 227 del Tratado de Funcionamiento de la UE); el voto.

Qué seguir

Fuentes: LaPresse · Comisión Europea · Consejo de la UE · Comisión, vía FastForward · SIPRI · La Notizia · Sky TG24 · Open · AFP, vía Kuwait Times · Washington Examiner · Al Jazeera · Euronews · Osservatorio CPI · Italpress · Eunews · Il Post · La Notizia · LaPresse · Brussels Times · laRegione · Il Post · Cámara de Comercio Italiana en Dinamarca · FIIA · IRC · Teleborsa · Il Fatto Quotidiano · Il Post · Il Fatto Quotidiano · Il Post · Open · L'Espresso · Money.it · IISS, vía Startmag · IEP Bocconi

RearmeUnión Europea

← Todas las noticias y manifiestos