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ANÁLISIS

Hasta dónde llega la legítima defensa: los ataques ucranianos en Rusia, uno por uno

8 de noviembre de 2026 — Rusia – Ucrania – mar Negro

Serie «La paz y el rearme» · 3 de 4

En síntesis

En junio de 2025, más de cien drones escondidos en los remolques de camiones que habían entrado en Rusia despegaron cerca de cuatro bases aéreas, hasta el Ártico. En julio de 2026 drones navales ucranianos alcanzaron en una sola noche 28 barcos en el mar de Azov. En menos de dos años, en Moscú y alrededores, al menos tres generales rusos han muerto por bombas. Ucrania lleva la guerra dentro de Rusia, y una parte del público europeo se pregunta si sigue siendo defensa. El derecho internacional tiene una respuesta, pero no es un sí o un no: es una lista de condiciones que hay que aplicar caso por caso. Cómo se llegó a la guerra lo reconstruimos en «De 1990 a 2022», con los errores de todas las partes; la conclusión de aquel texto es también el punto de partida de este: ningún error occidental hace lícita una invasión, y por tanto Ucrania tiene derecho a defenderse. La pregunta aquí es hasta dónde.

La regla

Dos niveles. El derecho internacional mira la guerra en dos planos. El primero se refiere al porqué del uso de la fuerza: la Carta de la ONU lo prohíbe (artículo 2, apartado 4; véase uso de la fuerza) con una excepción, la legítima defensa frente a un ataque armado (artículo 51). La Corte Internacional de Justicia ha aclarado que la defensa debe ser necesaria y proporcionada (Nicaragua, 1986; Plataformas petrolíferas, 2003). La proporcionalidad se mide respecto al objetivo, detener la agresión, y no golpe por golpe. Frente a una invasión en curso que ocupa cerca de una quinta parte del territorio ucraniano, atacar las bases desde las que despegan misiles y bombarderos difícilmente puede considerarse desproporcionado.

El segundo plano se refiere al cómo: el derecho humanitario, que vale igual para el agresor y para el agredido. Solo se pueden atacar objetivos militares, es decir, bienes que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyen eficazmente a la acción militar y cuya destrucción ofrece una ventaja militar definida (Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra, artículo 52). Ni siquiera un objetivo militar se puede atacar si el daño previsible a los civiles es excesivo en relación con la ventaja (artículo 51). Y hay que tomar todas las precauciones posibles (artículo 57). Rusia y Ucrania son partes de estos tratados, y las normas son en todo caso derecho consuetudinario.

Ser agredido, por tanto, no da derecho a hacer cualquier cosa. Pero tampoco lo quita.

Lícitos

Bases aéreas y bombarderos. El 1 de junio de 2025 los servicios de seguridad ucranianos (SBU) lanzaron la operación «Telaraña». Según Al Jazeera, 117 drones introducidos de forma clandestina en Rusia se lanzaron a la vez cerca de los aeródromos donde estaban aparcados los bombarderos estratégicos, incluida la base de Olenya, en el Ártico, a unos 2.000 kilómetros de Ucrania (Al Jazeera). El SBU habló de 41 aviones alcanzados; las imágenes de satélite analizadas por fuentes independientes confirmaron al menos trece en los primeros días (The Insider). Los bombarderos desde los que se lanzan misiles contra ciudades ucranianas son objetivos militares por naturaleza. Es el caso más claro.

La incursión en Kursk. En agosto de 2024 el ejército ucraniano entró en la región rusa de Kursk y ocupó una parte durante algunos meses, antes de que las tropas rusas, con ayuda de soldados norcoreanos, la recuperaran. Llevar la guerra al territorio del agresor entra en la legítima defensa. Pero quien ocupa un territorio, aunque sea por poco tiempo, tiene las obligaciones de la potencia ocupante hacia los civiles que viven en él (IV Convenio de Ginebra). El juicio sobre aquellos meses depende de cómo fueron tratados.

Oficiales en servicio. En diciembre de 2024 el general Ígor Kirílov, jefe de las tropas rusas de defensa química, murió en Moscú por una bomba escondida en un patinete; el SBU lo reivindicó abiertamente. Le siguieron el general Yaroslav Moskalik, en abril de 2025, y el general Fanil Sarvárov, en diciembre de 2025, ambos con coches bomba, y en junio de 2026 Damir Davýdov, que dirigía el suministro de misiles y munición de artillería del ejército; Ucrania no hizo comentarios (Euromaidan Press; The Washington Times). Un militar en servicio activo es un objetivo legítimo, incluso lejos del frente y fuera de su horario de servicio. El límite es el medio. Una bomba en un patio o en el aparcamiento de un barrio habitado debe evitar daños desproporcionados a los transeúntes, y el derecho prohíbe matar fingiendo un estatuto protegido, es decir, con perfidia (artículo 37 del Protocolo I). Una bomba escondida no es en sí perfidia. El enviado de Trump para Ucrania, Keith Kellogg, dijo sin embargo que la muerte de Kirílov violaba las reglas de la guerra (Strat News Global).

Discutidos

Refinerías y oleoductos. Es la campaña más amplia. Según la Agencia Internacional de la Energía, a finales de agosto de 2026 solo cinco grandes refinerías rusas no habían sido alcanzadas todavía por drones ucranianos (AIE). La cuestión jurídica es si una refinería es un objetivo militar. Según la opinión mayoritaria, las infraestructuras petroleras no lo son por naturaleza: pueden llegar a serlo por su utilización o su finalidad (Lieber Institute, West Point). Una refinería que abastece al ejército lo es: un análisis de Global Witness concluyó que algunas de las refinerías alcanzadas habían suministrado combustible a las fuerzas armadas rusas (Global Witness). En abril de 2024 la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa declaró las refinerías rusas objetivos legítimos (misma fuente). Más dudoso es el caso de una instalación atacada solo porque da dinero a Rusia: la doctrina estadounidense acepta atacar los bienes que «sostienen la guerra» financiándola; el Comité Internacional de la Cruz Roja no. El juicio debe hacerse instalación por instalación.

El oleoducto Druzhba añade un problema: lleva petróleo ruso a Hungría y Eslovaquia, los últimos países de la UE que todavía lo reciben por esta vía. En julio los dos gobiernos protestaron por tres interrupciones en menos de dos semanas causadas por ataques ucranianos (The Moscow Times). Pero el bloqueo más largo, desde enero, lo había causado un ataque ruso contra una estación en el oeste de Ucrania (Reuters, vía Devdiscourse). Atacar en Rusia una instalación que sirve también a aliados no la vuelve ilícita, pero el daño a terceros entra en el cálculo de la proporcionalidad.

Los petroleros de la «flota fantasma». Desde finales de 2025 Ucrania ataca con drones navales los petroleros que transportan petróleo ruso eludiendo las sanciones: en el mar Negro, también frente a las costas turcas, y en diciembre de 2025, por primera vez, en el Mediterráneo, donde una fuente del SBU calificó el barco de «objetivo absolutamente legítimo» (Kyiv Post). Putin habló de piratería (Dawn). Aquí el derecho es más severo que en tierra. Un buque mercante enemigo solo puede ser atacado si se ha convertido en objetivo militar; un buque con bandera de un país neutral, por regla general, se puede detener y capturar, no hundir (Manual de San Remo sobre el derecho internacional aplicable a los conflictos armados en el mar, 1994, párrafos 59-60 y 67). Muchos barcos de la flota fantasma enarbolan banderas de terceros países. Atacarlos solo porque llevan dinero a Moscú es la misma tesis controvertida de los bienes que «sostienen la guerra», con un riesgo añadido para los países neutrales y sus tripulaciones. Más sólida es la posición sobre los barcos del mar de Azov que llevan combustible a la Crimea ocupada, donde lo usan las tropas rusas: el 11 de julio de 2026 Ucrania alcanzó 28 en una sola noche (Ground News, que resume varias fuentes).

Ilícitos

Civiles convertidos en objetivo. En agosto de 2022 Daria Duguina, comentarista nacionalista e hija del ideólogo Alexandr Duguin, murió por un coche bomba cerca de Moscú. Funcionarios estadounidenses dijeron creer que el atentado había sido autorizado por elementos del Gobierno ucraniano (The Washington Times); Kiev lo negó. En abril de 2023 el bloguero militar Vladlen Tatarski (Maxim Fomín) murió por una estatuilla explosiva en un café de San Petersburgo (Kyiv Post). Quien hace propaganda bélica no es un combatiente. Matar a un civil porque apoya al enemigo es un asesinato, y en guerra es un crimen.

Ataques contra ciudades fronterizas. La región rusa de Bélgorod recibe ataques desde hace años. El 20 de julio de 2026 un dron ucraniano alcanzó un autobús en Shebékino y mató a cinco personas, entre ellas un niño (AFP, vía BSS); en diciembre de 2023 Moscú denunció al menos 20 muertos en el centro de Bélgorod y acusó a Ucrania de usar bombas de racimo (SBS). Las autoridades rusas hablan de 250 civiles muertos en Rusia en el primer semestre de 2026, pero la ONU no puede verificarlo (Arab News). No todos estos ataques son necesariamente ilícitos: una ciudad fronteriza puede albergar objetivos militares. Pero si un ataque alcanza un autobús o una plaza sin un objetivo militar preciso, o con armas que no distinguen, es un crimen de guerra. Para juzgar hacen falta investigaciones independientes, que hoy no son posibles en Rusia.

Nord Stream. El 30 de junio de 2026 la fiscalía federal alemana acusó a un antiguo oficial ucraniano, Serhii Kuznietsov, como jefe del grupo que en septiembre de 2022 voló los gasoductos del Báltico. Según la acusación, él y los demás eran militares que actuaban por cuenta de las autoridades estatales ucranianas, y el delito imputado incluye la complicidad en un crimen de guerra: el ataque a una infraestructura civil (Eurointegration). El juicio se abrió en Hamburgo el 14 de octubre (Euronews). El Tribunal Federal de Justicia alemán, en una decisión sobre la prisión provisional, escribió que el gasoducto era una infraestructura civil en aguas neutrales y no podía ser un objetivo militar (Babel); la defensa sostiene lo contrario. Kiev niega haber organizado el sabotaje. Si la acusación queda probada, el Nord Stream será el ejemplo más claro del límite de la defensa: un bien civil, en aguas de terceros países, propiedad en parte de empresas europeas. Analizamos la cuestión en detalle en «¿Era el Nord Stream un objetivo militar?», dentro de la serie «Las decisiones de Europa».

¿Es cómplice quien suministra las armas?

En general, no. Ayudar a un Estado que ejerce la legítima defensa no es un hecho ilícito, porque la defensa es lícita. El proveedor responde en dos casos. El primero: si suministra armas sabiendo que se usarán para cometer crímenes de guerra (artículo 16 de los Artículos sobre la responsabilidad del Estado; Tratado sobre el Comercio de Armas, artículos 6 y 7, para los Estados parte; Posición Común de la UE 2008/944). El segundo: si participa directamente en las operaciones, por ejemplo eligiendo los objetivos. Las restricciones que algunos aliados han puesto al uso de sus armas de largo alcance contra territorio ruso fueron decisiones políticas, no obligaciones jurídicas. Según Kiev, la mayor parte de los ataques descritos aquí, refinerías incluidas, se realiza con drones fabricados en Ucrania.

¿Y el precio de la energía?

Los ataques contra las refinerías han reducido la producción rusa de combustibles y han empujado a Moscú a limitar las exportaciones de gasóleo. Según Axios, la campaña de drones está contribuyendo a subir los precios mundiales de la energía, ya altos por la guerra con Irán (Axios). El efecto afecta sobre todo al gasóleo. El coste de la energía para la industria europea depende sobre todo del gas y de la electricidad, y la UE ya no importa productos refinados rusos desde 2023. Un coste para terceros no vuelve ilícito un ataque contra un objetivo militar; puede, sin embargo, entrar en las decisiones políticas de los aliados.

Prueba de simetría

La misma regla para Moscú. Si una refinería que abastece al ejército es un objetivo legítimo, también lo es un depósito de combustible ucraniano. Si una central eléctrica que abastece las casas es un bien civil, lo es por ambas partes. En 2024 la Corte Penal Internacional dictó órdenes de detención contra cuatro altos mandos rusos, entre ellos el exministro de Defensa Shoigú y el jefe del Estado Mayor Guerásimov, por los ataques contra la red eléctrica ucraniana, considerados dirigidos contra bienes civiles o en todo caso desproporcionados (véase nuestra página sobre los prófugos de la CPI).

Las proporciones. La vara es la misma, las cifras no. Según la ONU, en el primer semestre de 2026 el 96 % de las víctimas civiles se registró en territorio ucraniano, causadas en gran parte por misiles y drones rusos de largo alcance; la misma fuente recoge las cifras rusas sobre las víctimas en Rusia, sin poder verificarlas (Gwara Media). Decir que Ucrania comete ilícitos no reduce las responsabilidades de Rusia; decir que Rusia comete muchos más no borra los de Ucrania.

El mismo Tribunal para todos. Ucrania pide, con razón, que la Corte Penal Internacional juzgue los crímenes rusos. Es parte del Estatuto de Roma desde el 1 de enero de 2025. Pero en el momento de la ratificación utilizó una norma transitoria, el artículo 124, para excluir durante siete años la competencia de la Corte sobre los crímenes de guerra presuntamente cometidos por sus nacionales: es la primera vez que un Estado la usa de este modo (Coalición por la CPI). Amnistía Internacional ha pedido retirar la declaración (Amnesty). Es una cláusula prevista por el Estatuto, pero es también el punto en el que la vara corre el riesgo de no ser la misma para todos.

Las fuentes. En muchos de estos episodios las fuentes son de parte: las autoridades rusas para las víctimas en Rusia, el SBU para los resultados de sus operaciones. Las hemos señalado como tales, y donde existe una verificación independiente la hemos preferido.

Nuestra valoración

Esta sección expresa la posición del sitio. Está separada de los hechos expuestos arriba.

La pregunta «¿se puede uno defender atacando?» tiene una respuesta clara: sí. Un país invadido no está obligado a esperar los misiles en su propio territorio, y atacar las bases desde las que despegan es defensa en el sentido más estricto. Quien pide a Ucrania que no toque el territorio ruso le pide, en la práctica, que combata con una mano atada.

Pero el derecho que protege a Ucrania de la agresión es el mismo que le impone límites. Una bomba para un bloguero, un dron contra un autobús, un gasoducto civil en aguas neutrales no son defensa: son la misma lógica que Ucrania denuncia, con razón, cuando la aplica Moscú. Apoyar la defensa ucraniana y exigir que respete el derecho humanitario no son dos posiciones en conflicto. Son la misma posición.

Qué seguir

Fuentes: Al Jazeera · The Insider · Euromaidan Press · The Washington Times · Strat News Global · AIE · Lieber Institute, West Point · Global Witness · The Moscow Times · Reuters, vía Devdiscourse · Kyiv Post · Dawn · Ground News, que resume varias fuentes · Kyiv Post · AFP, vía BSS · SBS · Arab News · Eurointegration · Euronews · Babel · Axios · Gwara Media · Coalición por la CPI · Amnesty

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