ANÁLISIS
¿Quién paga la guerra? La deuda de Ucrania, los activos rusos congelados y una regla que Europa tendrá que doblar
28 de septiembre de 2026 — Ucrania / Unión Europea / Rusia
Los hechos
El 24 de agosto, día de la independencia ucraniana, Zelensky dijo a los líderes europeos llegados a Kyiv que a su país le faltaban otros 27.000 millones de dólares para llegar a fin de año. A comienzos de 2026 el déficit previsto para la defensa era de unos 7.500 millones. En pocos meses se volvió casi cuatro veces mayor.
La petición tomó por sorpresa a Bruselas. Según el New York Times, algunos funcionarios europeos se preguntan en privado si el dinero se gasta bien o si las necesidades se han inflado. Kyiv aún no ha publicado un desglose completo de la cifra. A finales de septiembre la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional todavía intentan establecer el tamaño real del agujero y su origen.
Luego está 2027. El presupuesto presentado en septiembre prevé un déficit del 15 % del producto interior bruto, una deuda pública superior al 110 % y un gasto en seguridad y defensa equivalente al 43,8 % del PIB. Ucrania necesitará 52.600 millones de dólares del exterior; para 32.600 millones hoy no hay cobertura. El ministro de Finanzas Marchenko calificó la situación como la más difícil desde 2022.
Esa es la noticia. La pregunta que deja abierta es otra: ¿quién paga, al final?
Dos agujeros distintos
Conviene distinguirlos, porque uno era previsible y el otro no.
El agujero de 2026 afecta a la defensa y se abrió en pocos meses. Kyiv lo atribuye a la intensificación de los ataques rusos con drones y misiles y a los golpes contra la logística y el corredor del grano, que en agosto, según la presidenta de la comisión de presupuestos Roksolana Pidlasa, habrían costado alrededor de la mitad de los ingresos previstos para ese mes. Su origen es, sin embargo, objeto de una disputa política interna: Zelensky sostiene que el Ministerio de Defensa gastó por adelantado fondos previstos para final de año bajo el ministro anterior, Mykhailo Fedorov, quien lo niega y atribuye el agujero a proyectos de la nueva dirección.
El agujero de 2027, en cambio, era esperado. Ya en la primera revisión del nuevo programa, el Fondo Monetario estimaba la necesidad no cubierta de 2027 en 43.400 millones de dólares. Y la Unión Europea había declarado ya en diciembre de 2025 que su préstamo de 90.000 millones de euros cubriría solo dos tercios de las necesidades ucranianas para el bienio.
Cómo funciona el préstamo europeo
En diciembre de 2025 los líderes europeos no lograron ponerse de acuerdo para usar directamente los activos rusos congelados. Eligieron otro camino: un préstamo de 90.000 millones de euros para 2026 y 2027, financiado con deuda común de la Unión y garantizado por el presupuesto europeo. Participan 24 Estados: Hungría, Eslovaquia y la República Checa se quedaron fuera.
Dos tercios de la suma, 60.000 millones, van a la defensa; un tercio, 30.000 millones, al funcionamiento del Estado. Los desembolsos son condicionales: si Kyiv retrocede en la lucha contra la corrupción, los pagos se suspenden.
El punto decisivo es la cláusula de reembolso. Ucrania devolverá el capital solo cuando Rusia haya pagado las reparaciones de guerra. Si Moscú no paga, Ucrania no está obligada a devolver nada, y la Unión se reserva el derecho de usar los activos rusos inmovilizados para reembolsarse a sí misma. Mientras tanto, los intereses los paga el presupuesto europeo: la Comisión los estima en alrededor de 1.000 millones de euros en 2027 y unos 3.000 millones al año desde 2028.
No es el único crédito europeo frente a Kyiv. Están los préstamos de emergencia de 2022 (7.200 millones), el programa MFA+ de 2023 (18.000 millones, a devolver en 35 años a partir de 2033) y la parte en préstamos del Mecanismo para Ucrania (33.000 millones, reembolsos entre 2034 y 2061). Son préstamos ordinarios: Ucrania debe devolverlos en todo caso, mientras que los intereses corren a cargo de la Unión. Por último, hay 18.100 millones desembolsados en 2025 en el marco del plan del G7, que sin embargo se reembolsan con los rendimientos generados por los activos rusos inmovilizados, no con dinero de los contribuyentes.
Cuánto le toca a cada europeo
Intentemos hacer la cuenta de la forma más honesta posible, declarando las hipótesis. La población de la Unión a 1 de enero de 2026 es de 452 millones de personas según Eurostat; la de los 24 Estados que participan en el préstamo de 90.000 millones es de unos 426 millones.
Con el pago del 18 de septiembre, la Comisión ha desembolsado casi 15.000 millones en 2026: son unos 35 euros por persona. El préstamo de 90.000 millones, completamente desembolsado a finales de 2027, equivale a unos 211 euros por persona. El coste seguro, los intereses, será de unos 7 euros por persona cada año desde 2028, pagados en cualquier caso y sin fecha de fin. Todos los préstamos europeos a Ucrania juntos, excluido el plan del G7, llegan a unos 340 euros por persona: es el techo de la exposición, si Ucrania no devolviera nada.
Hay otra cifra que circula y conviene mantener aparte. Desde el inicio de la invasión, la Unión y sus Estados miembros han aportado en total 216.700 millones de euros de ayuda, incluidos apoyo militar y asistencia a los refugiados. Son unos 480 euros por persona, pero en su mayor parte gastos ya realizados a fondo perdido, no una deuda que recuperar.
Una precisión importante: el capital del préstamo de 90.000 millones no se convierte automáticamente en impuestos. Si Rusia no paga, la Comisión está dispuesta a renovar la deuda en el tiempo. El coste seguro, por ahora, son los intereses.
La corrupción: qué está documentado y qué no
La corrupción en la cúpula del poder ucraniano es real. El 10 de noviembre de 2025 la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y la fiscalía especializada (SAPO) hicieron público el esquema conocido como «Operación Midas»: sobornos del 10-15 % impuestos a los proveedores de Energoatom, la empresa nuclear estatal, por al menos 100 millones de dólares. En el centro, según los investigadores, está Timur Mindich, copropietario de la productora fundada por Zelensky antes de la presidencia. El escándalo llevó a la destitución de dos ministros y a la dimisión del jefe de gabinete del presidente, Andriy Yermak. El exministro de Energía German Halushchenko fue detenido en febrero de 2026 cuando intentaba salir del país. Otros casos llegaron al Parlamento: cinco diputados del partido de gobierno fueron acusados por votos comprados, y Yulia Timoshenko por ofrecer sobornos a colegas.
Pero estos casos se refieren a sobornos en contratos de empresas e instituciones estatales ucranianas. Hasta hoy ninguna investigación ha vinculado el agujero de 27.000 millones, ni los fondos del préstamo europeo, a desvíos de dinero. La fórmula «fondos desaparecidos», que circula mucho, no tiene hoy respaldo documental. Lo que hay es una necesidad aún no explicada del todo, bajo verificación europea.
También hay una cara opuesta. Todos estos casos salieron a la luz porque las agencias anticorrupción funcionan. En julio de 2025 el Parlamento había aprobado una ley que limitaba su independencia; tras las primeras protestas masivas desde el comienzo de la invasión, la retiró el 31 de julio.
Comentario jurídico
En la Unión siguen inmovilizados unos 210.000 millones de euros del banco central ruso, en su mayor parte en Euroclear, en Bélgica. Usarlos directamente es la tentación recurrente. Pero dos reglas del derecho internacional chocan.
La primera favorece a Ucrania. La agresión armada está prohibida por la Carta de las Naciones Unidas (art. 2.4), y el Estado responsable de un hecho internacionalmente ilícito está obligado a reparar íntegramente el perjuicio causado: es la base del no reconocimiento de la conducta rusa que defiende este sitio. Con la resolución ES-11/5 del 14 de noviembre de 2022, la Asamblea General de la ONU recomendó crear un registro de daños, establecido en 2023 en el Consejo de Europa. El 16 de diciembre de 2025 en La Haya se abrió a la firma la Convención que crea una Comisión Internacional de Reclamaciones: a 15 de septiembre de 2026 la habían firmado 40 países y ratificado nueve, más la Unión Europea. Para entrar en vigor necesita 25 ratificaciones.
La segunda regla protege a Rusia. Los activos de los bancos centrales gozan de una protección especialmente fuerte frente a las medidas de ejecución de otros Estados. Y las contramedidas que un Estado puede adoptar contra otro que ha violado el derecho internacional deben ser, como regla general, temporales y reversibles: sirven para inducir al autor del hecho ilícito a cesar y reparar, no para castigarlo de forma definitiva. Congelar es reversible. Confiscar, no.
Es esta tensión la que explica la forma del préstamo de 90.000 millones: usar los activos rusos como garantía de hecho, sin confiscarlos.
Quien teme que el trato dado a los activos rusos lleve a los bancos centrales del resto del mundo a confiar menos en el euro y el dólar tiene un indicador concreto que observar. Entre 2022 y 2024 las compras netas de oro de los bancos centrales superaron las mil toneladas anuales, más del doble que antes. Según un análisis del Banco Central Europeo, uno de cada cuatro bancos centrales cita la preocupación por las sanciones, o la expectativa de cambios en el sistema monetario internacional, entre sus motivos para tener oro. No es una fuga repentina: es un desplazamiento gradual, ya en marcha, y los BRICS condenan explícitamente las medidas coercitivas unilaterales en su última declaración.
La prueba de simetría
Que un agresor pague por su agresión ya ha ocurrido. Tras la invasión de Kuwait, el Consejo de Seguridad de la ONU creó en 1991 una Comisión de Indemnización alimentada con una parte de los ingresos del petróleo iraquí. Se presentaron reclamaciones por 352.500 millones de dólares; se reconocieron 52.400 millones, alrededor del 15 %. El último pago llegó el 13 de enero de 2022, treinta años después. Es el precedente que demuestra que el principio puede funcionar. Pero funcionó porque el Consejo de Seguridad pudo actuar, y hoy Rusia tiene allí derecho de veto.
También los activos de un banco central ya han sido utilizados por un Estado occidental sin el consentimiento del gobierno que los reclamaba. En febrero de 2022 Estados Unidos bloqueó unos 7.000 millones de dólares del banco central afgano y destinó 3.500 millones a un fondo con sede en Suiza, en beneficio de la población, dejando el resto en disputa en los tribunales estadounidenses por las familias de las víctimas del 11 de septiembre. La escala era mucho menor, y el gobierno talibán no estaba reconocido. Pero demuestra que la regla de la intangibilidad de los activos de los bancos centrales, cuando conviene, ya se dobla.
Juicio editorial
El préstamo europeo se presenta como un préstamo. En sustancia es una transferencia cuyo reembolso depende de un desenlace de la guerra que hoy nadie puede garantizar. Hay tres escenarios, y normalmente solo se dice uno en voz alta.
Si gana Rusia, las reparaciones no llegarán nunca y Ucrania no devolverá nada. La factura quedará a cargo de los europeos.
Si Rusia pierde, las reparaciones podrán llegar por vía negociada, como en el caso de Irak, o mediante el uso de los activos congelados. Pero usarlos sin un acuerdo significaría doblar una de las reglas en las que se apoya precisamente ese orden internacional que Europa dice defender, mientras otros, como escribimos hace pocos días, declaran abiertamente que anteponen sus intereses a ese orden. Es una contradicción real, aunque parte de la doctrina sostiene que una agresión, al violar normas que protegen a toda la comunidad internacional, justifica contramedidas colectivas más amplias.
El escenario más probable, sin embargo, es el tercero: un estancamiento. Ninguna victoria, ninguna derrota, un conflicto congelado. Los activos rusos siguen inmovilizados indefinidamente, el préstamo se renueva y los contribuyentes europeos siguen pagando los intereses sin fecha de fin. Es el escenario para el que este préstamo parece diseñado: aplaza las decisiones en lugar de tomarlas.
Ninguno de estos caminos es gratuito. Pero esconder la factura detrás de la palabra «préstamo» no ayuda a los ciudadanos a decidir si vale la pena pagarla, y decisiones de este alcance, como ya observamos sobre el envío de tropas, necesitan un mandato informado, no fórmulas que lo esquiven.
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Fuentes: Consilium — Ukraine Support Loan (4/2/2026) · European Parliament (2/2026) · European Commission (18/9/2026) · Consilium — EU financial assistance to Ukraine · European Commission — MFA+ · European Commission — MFA+ 2023 (19/12/2022) · Consilium — Ukraine Facility · VoxUkraine — Ukraine Facility · European Commission — G7 ERA (13/11/2025) · Euronews (20/12/2025) · RBC-Ukraine (27/4/2026) · Eurostat (10/7/2026) · Kyiv Post (9/2026) · UNN (9/2026) · EUalive (9/2026) · Interfax-Ukraine (9/2026) · Hromadske / New York Times (9/2026) · Femida (9/2026) · European Pravda via Yahoo Finance (9/2026) · Brookings — Operation Midas · NABU — 2026 report · Euronews (15/2/2026) · Kyiv Independent (4/2026) · UN — A/RES/ES-11/5 (14/11/2022) · Estonian MFA — Claims Commission (16/12/2025) · Ukrinform — ratifications (9/2026) · ILC — Articles on State Responsibility, 2001 · ECB — gold and geopolitics (6/2025) · Amundi Research Center (10/2025) · UN Security Council — UNCC (2/2022) · Congressional Research Service — Afghan reserves · American Journal of International Law (1/2023)
Nota de verificación: las cifras por persona son cálculos de este sitio sobre datos de la Comisión Europea y de Eurostat (1 de enero de 2026); la población de los 24 Estados que participan en el préstamo es una estimación. Datos a 28 de septiembre de 2026: la estimación de las necesidades ucranianas para 2026 por parte de la Comisión y del FMI sigue en curso.