OPINIÓN
El estómago para la guerra: quién decide, y quién lo paga
Editorial de N3R1-70 · 22 de julio de 2026
Hay una frase, en un artículo firmado por una de las voces más escuchadas de la política exterior europea, que merece leerse dos veces antes de reaccionar. Nathalie Tocci —ya asesora de dos Altos Representantes de la UE para política exterior, hoy profesora en la Johns Hopkins School of Advanced International Studies— escribe en The Economist (16 de julio de 2026) que enviar soldados europeos a Ucrania «no ayudaría a Ucrania, pero podría ayudar a Europa a encontrar el estómago para la guerra». No es una provocación aislada: es la síntesis de un razonamiento que merece tomarse en serio, y precisamente por ello, examinarse con atención.
Un razonamiento serio, no cinismo gratuito
El razonamiento de Tocci, por honestidad hacia la contraparte, no es cinismo gratuito. La autora sostiene que el aumento del gasto en defensa europeo —más marcado en los países de Europa oriental y septentrional, Alemania incluida, que en los del sur y oeste más alejados del frente— no nace de un plan para combatir directamente en Ucrania, ni de presiones de Washington, sino de la percepción creciente de que un conflicto cinético más allá de Ucrania es cada vez más plausible. El problema que ella identifica es real: según una encuesta de la Gallup International Association (octubre-diciembre de 2023, publicada en 2024 en 45 países), solo el 32% de los ciudadanos de la Unión Europea se declara dispuesto a combatir por su país en caso de guerra —el porcentaje más bajo entre las macrorregiones del mundo cubiertas por la encuesta. El dato es aún más bajo en países concretos como Italia. De ahí su propuesta: un contingente europeo desplegado en Ucrania, no antes sino después de un eventual alto el fuego, como medida de tranquilización —una forma de hacer tangible, a ojos de los ciudadanos europeos, una confrontación con Moscú que, según ella, ya está en curso en forma híbrida.
La pregunta que el artículo no formula
Aquí es donde el razonamiento merece una pregunta que el artículo no formula: ¿quién autorizó cruzar este umbral? La propuesta debatida en la «Coalition of the Willing» —que en una cumbre de París del 13 de julio de 2026 vio a más de 25 países declararse dispuestos a desplegar tropas en pocos días tras un alto el fuego, según declaró el entonces primer ministro británico Keir Starmer (dimitido pocos días después)— sigue siendo, por lo que consta, un acuerdo entre ejecutivos. Según la información pública disponible, no constan votaciones parlamentarias específicas que hayan autorizado ese compromiso, ni consultas populares que lo hayan validado. Se trata de una decisión de enorme riesgo estratégico —la posible exposición de soldados europeos a un conflicto directo con una potencia nuclear— tomada a través de un canal intergubernamental, mientras los canales ordinarios de legitimación democrática permanecen ampliamente al margen.
El otro lado del mandato
Por equidad hay que añadir un dato que invertiría la perspectiva si se intercambiaran los roles: también la parte ucraniana del mismo asunto tiene su propia opinión pública consultada, no solo un gobierno que decide. Una encuesta del Instituto Internacional de Sociología de Kiev (KIIS, 7 de mayo–3 de junio de 2026) muestra que el apoyo ucraniano a un alto el fuego sube al 42% si las tropas europeas se despliegan lejos del frente y no participarían en combates en caso de una nueva invasión, y al 61% si las tropas europeas se despliegan cerca del frente con el compromiso de repeler el ataque. El problema del mandato, por tanto, no afecta solo a Europa: afecta a quien deba pagar personalmente una decisión tomada en otro lugar.
El proceso que nos distingue, si aún resiste
Hay una pregunta incomoda que este razonamiento abre, y debe formularse sin descuentos ni autocomplacencia —de acuerdo con un método que aquí se aplica a todo actor por igual, sin excepciones de pertenencia. Las democracias occidentales se distinguen de las autocracias que Occidente critica —y a veces combate— no por el resultado de sus decisiones, sino por un proceso: decisiones que pasan por un mandato electoral, un debate parlamentario, una opinión pública informada de antemano, no puesta ante un hecho consumado después. Esta no es una tesis ideológica: es la misma definición de legitimidad democrática que Occidente mismo invoca cuando acusa a otros regímenes de decidir la guerra sin consultar a sus propios pueblos. El derecho no hace descuentos a quien lo invoca: si ese proceso se adelgaza precisamente en la decisión más grave que un Estado puede tomar —desplegar soldados en un teatro de guerra directa con una potencia nuclear— entonces la pregunta no es retórica ni obvia en su respuesta: si el rasgo distintivo que justifica la denuncia de las autocracias sigue resistiendo, o se está consumiendo justo mientras se invoca contra otros.
Como telón de fondo, el panorama no ayuda a tranquilizar, y hay que decirlo con la misma firmeza: la discusión sobre quién despliega tropas y dónde se parece cada vez más a un reparto de esferas de influencia entre potencias —la misma lógica que el orden fundado en la Carta de la ONU (art. 2, párrafo 1: igualdad soberana de los Estados) nació para superar, no para reproducirla con medios más elegantes, sea quien sea quien la practique.
Juicio del editor
La preparación psicológica de una sociedad para un conflicto no es un efecto colateral aceptable de un acuerdo entre gobiernos: si es necesaria, lo es precisamente porque conlleva un riesgo que recae sobre quien combate la guerra, no sobre quien la teoriza en un artículo o la negocia en una cumbre. Mientras ese paso siga siendo un acuerdo entre ejecutivos y no una decisión declarada a los ciudadanos, la pregunta que el artículo de Tocci no formula —con qué mandato— sigue siendo la más urgente.