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ANÁLISIS
La ley que define el antisemitismo: qué dice y qué calla
18 de noviembre de 2026 — Italia
En síntesis
- El 17 de noviembre de 2026 el Parlamento italiano aprobó la ley contra el antisemitismo. Adopta la definición de la IHRA con sus once ejemplos, siete de los cuales se refieren a Israel.
- No crea delitos ni asigna un euro. Da fuerza de ley a herramientas que el Gobierno ya usaba desde 2020 y las lleva a la base de datos de la policía, a las universidades y a la RAI, la radiotelevisión pública.
- Quienes la impulsaron tienen razones serias: el antisemitismo crece y a menudo se esconde tras códigos que policías y jueces deben saber reconocer.
- El punto más débil es la base de datos: una ley de 1981 prohíbe fichar a los ciudadanos por sus opiniones políticas, y algunos ejemplos de la IHRA son opiniones, no delitos.
Qué ha pasado
El antisemitismo crece en Italia, y nadie discute las cifras. En 2025 el Observatorio de la Fundación CDEC registró 963 episodios, dos tercios en internet. Las agresiones físicas fueron 18, frente a 8 el año anterior (Informe CDEC 2025).
El 17 de noviembre de 2026, tras casi tres años de debate, la Cámara de Diputados aprobó definitivamente el texto votado por el Senado en marzo, con 147 votos a favor, 93 en contra y 5 abstenciones (ANSA). Votaron a favor la mayoría, Azione e Italia Viva; en contra el M5S, AVS y el Partido Democrático, con una parte de los reformistas del PD en abstención (Treccani). No se aceptó ninguna enmienda de la oposición.
La ley tiene cinco artículos y remite a muchas otras normas. Las hemos reunido en un único documento, para leer de corrido. Existe solo en italiano: decidimos no traducir nosotros una ley del Estado, para no introducir errores. Puede leerse mediante una traducción automática, solo orientativa (texto consolidado, traducción automática).
Qué dice la ley
Una definición. El artículo 1 adopta la definición de la IHRA, la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, «incluidos los indicadores correspondientes». La definición es una frase: el antisemitismo es «una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como odio hacia ellos». Los indicadores son once ejemplos. Los cuatro primeros se refieren a conductas que nadie defiende: incitar a matar judíos, el mito de la conspiración judía, la negación de la Shoah. Los otros siete hablan de Israel, entre ellos «aplicar un doble rasero» a Israel y «establecer comparaciones entre la política israelí actual y la de los nazis» (IHRA).
Una estrategia y un coordinador. Los artículos 2 y 4 dan rango de ley al Coordinador nacional contra el antisemitismo, nombrado por el presidente del Consejo de Ministros, y a una Estrategia nacional que se renovará cada tres años.
Dónde se aplica. El artículo 3 enumera las líneas de acción: la base de datos de las fuerzas de policía, internet, las escuelas, las universidades, la formación de militares, policías, prefectos y jueces, las campañas de la RAI, el deporte.
Qué no hay. No hay nuevos delitos ni nuevas penas, y la prohibición de manifestaciones del primer texto se suprimió en el Senado. Tampoco hay dinero: todo se hará con los recursos existentes.
Qué existía ya
Casi todo. El segundo Gobierno Conte adoptó la definición de la IHRA en enero de 2020, con los mismos ejemplos. El Coordinador y la Estrategia existen desde ese mismo año (dossier de la Cámara). Desde 2022 las escuelas tienen directrices contra el antisemitismo basadas en la IHRA (Ministerio de Educación).
También estaba el código penal. Los artículos 604-bis y 604-ter castigan la propaganda y la incitación al odio racial, étnico y religioso y la negación de la Shoah usada como propaganda, y agravan cualquier delito cometido por odio (art. 604-bis). Los ejemplos más graves de la lista de la IHRA ya eran delitos. Los demás no, y no lo pasan a ser.
¿Qué cambia, entonces? Una decisión del Gobierno se convierte en una decisión del Parlamento, que un futuro Gobierno no puede anular por sí solo. Y la definición llega por ley a lugares donde antes no estaba.
Las razones de quienes la quisieron
Quienes votaron la ley tienen argumentos serios.
El primero es práctico. El antisemitismo de hoy rara vez se presenta como tal. A menudo dice «sionistas» para decir judíos, o aplica a Israel viejos mitos como el de la conspiración. Un policía o un juez que no conoce estos códigos no reconoce el móvil, y un delito de odio se trata como uno cualquiera. El Parlamento Europeo pidió adoptar la IHRA precisamente para ayudar a los investigadores a «identificar y perseguir» las agresiones antisemitas (resolución de 2017).
El segundo es que Italia no está sola: según la Comisión Europea, todos los Estados de la Unión aplican la definición de la IHRA (dossier de la Cámara). El tercero es el propio texto de la IHRA, que excluye las críticas a Israel similares a las dirigidas a cualquier otro país. Es el argumento de Liliana Segre, superviviente de la Shoah y senadora vitalicia, que ha criticado con dureza al Gobierno israelí y sostiene que la ley no presenta «verdaderos problemas», porque en el Senado se suprimieron las partes penales y las prohibiciones (Quotidiano.net). El cuarto es que la ley no castiga a nadie.
Son argumentos ciertos. El problema es que la ley no se detiene donde se detienen ellos.
Dónde la ley no se sostiene
La base de datos de la policía. La ley quiere usar la base de datos de las fuerzas de policía para seguir los episodios de antisemitismo «tal como se define» en la ley, es decir, con los ejemplos. Pero la ley de 1981 que regula esa base de datos dice: «queda prohibido recoger información y datos sobre los ciudadanos por el solo hecho de su raza, fe religiosa u opinión política» (ley 121/1981, art. 7). Comparar la política israelí con el nazismo puede ser desagradable, equivocado, ofensivo. Pero es una opinión política, no un delito. Si en la base de datos entran solo episodios penalmente relevantes, la remisión a los ejemplos no sirve. Si entran también las opiniones, se viola la ley de 1981. El texto no elige.
Ejemplos que se vuelven reglas. La IHRA presenta su definición como «no jurídicamente vinculante», y sus ejemplos como casos que deben valorarse «teniendo en cuenta el contexto general». La ley los llama «indicadores» y los declara «necesarios a efectos de la aplicación». Una herramienta para orientar se convierte en una herramienta para decidir. Un análisis del Gobierno suizo señala además que no está claro qué adoptaron los Estados en 2016: para algunos solo la frase de principio, para otros todo el texto (Confederación Suiza).
La frase que falta. El documento de la IHRA dice que «las críticas a Israel similares a las dirigidas a cualquier otro país no pueden considerarse antisemitas». La ley no la recoge, ni dice si su remisión la incluye. La oposición había pedido escribir que «no se considera antisemitismo la expresión de la libre crítica a las acciones políticas del Gobierno del Estado de Israel» (enmiendas en el Senado). Incluso Liliana Segre, que la consideraba superflua, había invitado a «abrirse a la modificación no esencial» con tal de lograr un voto unánime (Avvenire). La mayoría dijo que no. Mañana, un juez podrá leer ese rechazo como una decisión del legislador.
Las universidades. La ley dice que las universidades «adoptan» medidas contra los actos de antisemitismo y pueden nombrar un responsable, de acuerdo con su código ético. El código ético abre la puerta a los procedimientos disciplinarios. El límite es el artículo 33 de la Constitución: «El arte y la ciencia son libres y libre es su enseñanza». El riesgo no es una sentencia. Es el rector que, en la duda, niega un aula para un congreso sobre el boicot.
La escuela y la ley sobre el acoso. Las escuelas informarán a través de las mesas creadas por la ley de 2017 sobre el ciberacoso (ley 71/2017), nacidas para las agresiones repetidas entre chicos. La opinión de un estudiante sobre Israel no es acoso, pero puede encajar en un ejemplo de la IHRA y, por tanto, acabar en el mismo canal.
Promesas sin dinero. La ley promete «adecuadas medidas de seguridad» para las comunidades judías, pero excluye nuevos gastos. La ley sobre el acoso, en comparación, asigna 150.000 euros al año solo para campañas informativas (ley 71/2017, art. 3). Esta no asigna nada, ni siquiera para proteger las sinagogas.
Cómo se usa ya la definición
En Italia no hemos encontrado sentencias que apliquen la definición de la IHRA. Pero la definición ya trabaja, fuera de los tribunales.
El informe del CDEC la usa para clasificar los episodios. Entre los casos de 2025 hay publicaciones del activista político Alessandro Di Battista, como «los sionistas son peores que los nazis», y un sketch del humorista Maurizio Crozza que representa a Netanyahu como un nuevo Hitler. El informe advierte que criticar a los gobiernos israelíes no es antisemitismo, y distingue los mitos antijudíos aplicados a Israel: es un trabajo serio. Pero muestra cómo una broma o una publicación política pueden acabar en la misma estadística que una esvástica sobre una tumba. En el mismo informe, el demógrafo Sergio Della Pergola calcula que el 66,8 % de los actos y discursos hostiles registrados se refiere al Estado de Israel, y observa que ninguna definición de antisemitismo ha obtenido consenso: quien tiene la autoridad para definirlo se ha convertido en parte del conflicto (Informe CDEC 2025).
El propio Observatorio escribe que opera «en estrecha coordinación con la IHRA» y que colabora con el OSCAD, el observatorio conjunto de las fuerzas de policía, y con la oficina del Coordinador nacional. Ahora el CDEC se sienta por ley también en el grupo que redacta la Estrategia. Quien produce los datos participa en decidir las políticas. En ese grupo, junto a los ministerios, la ley sienta a siete entidades vinculadas a la IHRA o al judaísmo italiano. No se sientan ni la autoridad de protección de datos ni la UNAR, la oficina contra la discriminación racial: justamente los organismos que deberían vigilar los riesgos descritos.
Desde diciembre de 2025, la plataforma de formación en línea de las fuerzas del orden ofrece dos cursos sobre antisemitismo realizados con la Unión de Comunidades Judías Italianas y financiados por la Unión Europea. Según una investigación de Altreconomia, equiparan el boicot a las universidades y a los productos israelíes con las leyes raciales de 1938 (La Notizia, que recoge a Altreconomia). No hemos podido ver los materiales ni la investigación original: lo recogemos como una afirmación por verificar.
No todos siguen el mismo camino. El 31 de marzo de 2026, el Consejo nacional del Colegio de Periodistas votó adoptar la Declaración de Jerusalén en lugar de la IHRA (Moked, portal del judaísmo italiano). La Declaración, escrita en 2021 por especialistas en la Shoah y en estudios judíos, define el antisemitismo como «discriminación, prejuicio, hostilidad o violencia contra los judíos por ser judíos». Y dice que la crítica a Israel basada en hechos y el boicot no son antisemitas en sí mismos (dossier de la Cámara). Hoy el Colegio de Periodistas usa una definición, y la RAI tendrá que difundir otra.
Por qué no es solo una historia italiana
Según la lista de la propia IHRA, 48 Estados han adoptado o respaldado la definición, de Europa a las Américas y Corea del Sur (IHRA). La pregunta que plantea la ley italiana concierne, por tanto, a todos: ¿puede un Estado, con una ley, volver sospechosa la crítica a otro Estado?
La definición ya se ha usado así. En febrero de 2022, Amnistía Internacional publicó un informe que acusa a Israel de apartheid. El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí respondió que el informe era antisemita según la definición de la IHRA, porque negaría a los judíos el derecho a la autodeterminación (Algemeiner). En ese caso la definición no sirvió para reconocer el odio contra las personas, sino para rechazar una acusación dirigida a un gobierno.
El mismo esquema se ve en la campaña electoral estadounidense. En agosto de 2026 el presidente Trump acusó a Abdul El-Sayed, candidato demócrata al Senado en Michigan, musulmán y crítico del Gobierno israelí, de odiar a los judíos y a Israel (Jerusalem Post). El-Sayed rechaza la acusación (The National Desk). Pocos días después, Trump dijo que en Estados Unidos se eligen «yihadistas» por todas partes (Mediaite). La acusación de antisemitismo se convierte en un arma contra un adversario, mientras la hostilidad hacia los musulmanes se convierte en tema de campaña.
Y hay un precedente que marca el límite. En 2017, Múnich decidió no ceder salas municipales a actos sobre el boicot a Israel. En 2022, el Tribunal Administrativo Federal alemán estableció que negar una sala solo por el tema tratado viola la libertad de opinión (BVerwG). El juez frenó a la administración. Podrá ocurrir también en Italia, pero después, y caso por caso.
La prueba de la simetría
La ley se abre invocando el artículo 3 de la Constitución: todos los ciudadanos son iguales «sin distinción de sexo, de raza, de lengua, de religión, de opiniones políticas». Es el principio correcto, pero aquí se aplica a un solo grupo.
El código penal protege a todos por igual: una agresión por odio contra un judío, un musulmán o un gitano se agrava del mismo modo. Esta ley, en cambio, construye para un solo grupo una definición, un coordinador, una estrategia, una base de datos y una campaña nacional. Para los romaníes y los sinti existe una estrategia nacional confiada a la UNAR, pero sin definición legal ni coordinador gubernamental (UNAR, Estrategia 2021-2030). Para el odio contra los musulmanes no consta ni siquiera eso.
Hay incluso quien queda fuera del código penal. La agravante del artículo 604-ter cubre el odio étnico, nacional, racial y religioso, pero no el que se basa en la orientación sexual, la identidad de género o la discapacidad: en Italia no existe una agravante específica para la homofobia y la transfobia (Domani). El proyecto de ley Zan, que debía introducirla, fue frenado en el Senado el 27 de octubre de 2021 con una votación secreta, 154 a 131 (Pagella Politica). El mismo Parlamento que no encontró los votos para esa protección penal ha aprobado esta ley, que no añade ninguna.
La prueba es sencilla. Si una ley italiana considerara «indicadores» de odio las comparaciones históricas sobre la política de China en Xinjiang o de Rusia en Ucrania, la leeríamos como una protección de esos gobiernos frente a la crítica. La misma vara vale para Israel.
Qué mirar en los próximos doce meses
Este análisis puede ser desmentido. Estos son los hechos que dirán si los riesgos señalados son reales o exagerados.
- La nueva Estrategia nacional: si distinguirá, en la base de datos, los episodios penalmente relevantes de las opiniones.
- Las universidades: cuántas nombrarán un responsable, y si llegarán procedimientos disciplinarios por opiniones sobre Israel.
- Los tribunales: si habrá un primer recurso ante un tribunal administrativo contra un aula negada o una manifestación prohibida en nombre de la definición.
- Las cifras: si en el próximo informe del CDEC crecerá la proporción de episodios vinculados a Israel, y cuántos se referirán a opiniones y no a agresiones.
- La autoridad de protección de datos: si intervendrá sobre el uso de la base de datos.
Nuestro juicio
Esta ley no manda a nadie a la cárcel, y quien habla de «mordaza» exagera. Pero tampoco es inútil. Lleva una definición discutida a la policía, a las escuelas, a las universidades y a la televisión pública, sin las garantías que piden incluso sus defensores. La ECRI, la comisión del Consejo de Europa contra el racismo, la considera útil pero no vinculante, para recoger datos y educar. El relator especial de la ONU Ahmed Shaheed recomienda su uso en la formación de los funcionarios públicos, pero siempre junto a indicaciones explícitas que protejan la libertad de expresión (IHRA). La ley italiana hace lo contrario: la vuelve vinculante y rechaza la protección explícita, incluso cuando Liliana Segre se había mostrado dispuesta a escribirla.
El verdadero riesgo no es la condena. Es el silencio: el rector que niega un aula por prudencia, la profesora que evita un tema, el estudiante que no escribe por miedo a acabar en un registro. Son decisiones que no dejan rastro: ningún juicio, ningún recurso, ninguna cifra que contar.
Los judíos italianos tienen derecho a ser protegidos de un odio que crece. Esa protección ya existe en el código penal, y podría reforzarse con recursos reales, que esta ley no da. Mezclar la defensa de las personas con la defensa de un gobierno no ayuda ni a unas ni al otro.
Preguntas abiertas
- ¿Quién decide, en la base de datos de la policía, si una publicación es una opinión o un episodio de antisemitismo?
- ¿Por qué la mayoría rechazó una precisión que la propia IHRA escribe, y que incluso Liliana Segre estaba dispuesta a aceptar?
- ¿Cómo convivirán una definición difundida por ley por la RAI y la elegida por el Colegio de Periodistas?
- ¿Por qué la protección de los lugares judíos, prometida por la ley, no tiene un euro?
- ¿Cuándo habrá un instrumento igual contra el odio hacia los musulmanes y los gitanos, y una agravante para el odio hacia las personas LGBT y con discapacidad?
Fuentes: Informe CDEC 2025 · ANSA · Treccani · IHRA · dossier de la Cámara · Ministerio de Educación · art. 604-bis · resolución de 2017 · Quotidiano.net · ley 121/1981, art. 7 · Confederación Suiza · enmiendas en el Senado · Avvenire · ley 71/2017 · ley 71/2017, art. 3 · La Notizia, que recoge a Altreconomia · Moked, portal del judaísmo italiano · IHRA · Algemeiner · Jerusalem Post · The National Desk · Mediaite · BVerwG · UNAR, Estrategia 2021-2030 · Domani · Pagella Politica
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