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ANÁLISIS

Haití, el voto se aplaza a 2027. Mientras tanto llegan dos mil soldados de Bukele

1 de noviembre de 2026 — Puerto Príncipe, Haití

En síntesis

El contexto

Haití no tiene presidente desde julio de 2021, cuando fue asesinado Jovenel Moïse, ni parlamento elegido desde enero de 2023. Las últimas elecciones nacionales se celebraron en 2016. Desde entonces el país está gobernado por autoridades de transición que nadie ha votado.

El vacío lo llenaron las pandillas. La coalición más fuerte, Viv Ansanm, controla casi toda la capital y se ha extendido hacia el centro del país. Casi un millón y medio de personas han huido de sus casas, y cerca de la mitad son niños (ONU, 19/10/2026).

En este sitio contamos la fuerza internacional contra las pandillas cuando estaba a punto de entrar en acción, en junio (Haití: una «fuerza de supresión»), y su renovación por seis meses a finales de septiembre, con la pregunta de quién investiga si uno de sus soldados mata a un civil (¿Quién controla a quien dispara?). Aquí miramos la otra mitad del problema: el voto, es decir, el modo en que los haitianos deberían recuperar el derecho a elegir quién los gobierna, y los nuevos soldados extranjeros llegados justo cuando ese voto se aleja.

Quién es quién

QuiénQué esQué dice o quiere
Las pandillas (Viv Ansanm y otras)Coalición nacida en 2023, dirigida entre otros por Jimmy Chérizier, alias «Barbecue». Según los expertos de la ONU, hoy está atravesada por «fracturas violentas».Viven del secuestro, la extorsión y el control de las carreteras. Ante el voto, según la ONU, cada jefe busca acuerdos políticos por su cuenta.
El gobiernoEl primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, no elegido, es el único jefe del ejecutivo desde el 7 de febrero de 2026, en virtud de un pacto firmado con partidos y sociedad civil. El pacto no tiene fecha de caducidad.Dice que las elecciones se harán en cuanto la seguridad lo permita y ha pedido a los ministros que se mantengan neutrales.
El Consejo Electoral Provisional (CEP)El órgano que organiza el voto. Se llama «provisional» porque el permanente previsto por la Constitución nunca se ha creado.Dice que las fechas dependen de la seguridad y de los fondos.
La fuerza internacional (GSF)Autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU, pero no dirigida por la ONU. Al 12 de octubre tenía 1.563 efectivos de los 5.550 previstos. Mandato hasta el 31 de marzo de 2027.Combatir a las pandillas junto con la policía y el ejército haitianos.
El SalvadorTenía poco más de cien militares en la GSF. Desde el 21 de octubre ha enviado más de dos mil.El presidente Nayib Bukele dice que solo quiere traer a casa a sus cuatro técnicos, «por las buenas o por las malas».
Los candidatosAl 24 de octubre, al menos dieciséis candidatos a la presidencia, entre ellos el expresidente Michel Martelly y el ex primer ministro Claude Joseph.El CEP todavía debe decidir quién es admitido.
La ONUEn Haití tiene una oficina política (BINUH), que cuenta las víctimas y documenta las violaciones, y una oficina que abastece a la GSF.Advierte que fijar nuevas fechas sin evaluar su viabilidad no basta.

Los hechos

Un voto que se aleja. A finales de julio el consejo electoral había fijado la primera vuelta de las presidenciales y legislativas para el 13 de diciembre de 2026 (France 24, 27/7/2026). El 6 de octubre la aplazó sin indicar una nueva fecha. El 28 de octubre publicó un nuevo calendario: primera vuelta el 18 de julio de 2027, segunda vuelta y elecciones locales el 4 de octubre de 2027 (Juno7, 28/10/2026). Es el tercer calendario en menos de un año. El Observatorio Internacional para la Democracia y la Gobernanza, un centro de estudios haitiano, escribe que el calendario se publicó sin ninguna explicación y que la sucesión de fechas incumplidas prolonga de hecho la transición (OIDG, vía Le National, 29/10/2026).

Quién puede votar. Al 5 de octubre había 759.257 inscritos en el padrón electoral, sobre un electorado estimado de 6,5 millones (ONU, 19/10/2026). El motivo no es solo el desinterés. En varios municipios controlados por las pandillas no hay ni siquiera un centro de inscripción, y las pandillas cortan a menudo las carreteras (AFP, vía Jamaica Observer, 29/10/2026). Los desplazados a menudo ya no tienen documentos ni dirección. El CEP también ha abierto la inscripción en línea.

Una Constitución que cambiar. El 18 de julio los electores deberían votar también una «ratificación popular» de algunos cambios en la Constitución, prevista por el decreto electoral (HPN, 28/10/2026). El problema es doble. Primero: la Constitución de 1987, escrita tras la caída de la dictadura de los Duvalier, prohíbe explícitamente en su artículo 284-3 cualquier consulta popular que modifique la Constitución mediante referéndum (Comisión de Venecia del Consejo de Europa). Los constituyentes lo quisieron porque en 1964 François Duvalier se había hecho proclamar presidente vitalicio con un referéndum amañado (Biblioteca del Congreso de EE. UU., Haiti: a country study). Segundo: el texto de los cambios aún no se ha publicado. A finales de septiembre una asociación cívica, ITIYAyiti, pidió al gobierno que hiciera públicos tanto los cambios como las razones jurídicas con las que pretende distinguir esta «ratificación» de un referéndum prohibido (ITIYAyiti, 28/9/2026). No hemos encontrado respuesta. Hace un año el gobierno de transición había abandonado el proyecto de una nueva Constitución precisamente por las críticas sobre su legalidad (ConstitutionNet, 13/10/2025). Ahora la idea ha vuelto, más reducida y con otro nombre.

Hay, sin embargo, un dictamen autorizado que complica el cuadro. En 2024 la Comisión de Venecia, el órgano de expertos constitucionales del Consejo de Europa, consultada a través de la Organización de los Estados Americanos, escribió que en Haití no se puede seguir el procedimiento ordinario de reforma mientras no vuelvan las instituciones elegidas. Si se decide cambiar la Constitución antes del voto, concluyó, habría que hacer aprobar los cambios por el pueblo mediante referéndum, aunque la Constitución actual no lo prevea. Pero añadió dos condiciones: los cambios decididos por autoridades que nadie ha elegido tendrían una legitimidad democrática «muy limitada», y por eso deben reducirse a lo necesario y discutirse lo más abiertamente posible (Comisión de Venecia, dictámenes CDL-AD(2024)017 y CDL-AD(2024)042).

Los candidatos y las pandillas. El 6 de octubre el gobierno publicó la tercera versión del decreto electoral en cuatro meses. Entre otras cosas, el nuevo texto eliminó la norma que excluía a los candidatos sancionados por gobiernos extranjeros: solo siguen excluidos los sancionados por la ONU (AP, vía La Nación, 9/10/2026). El 23 de octubre el expresidente Michel Martelly presentó su candidatura, seguido por cientos de simpatizantes (AP, vía Africanews, 24/10/2026). Canadá lo sancionó en 2022 y Estados Unidos en 2024, acusándolo de facilitar el narcotráfico y de patrocinar varias pandillas (Tesoro de EE. UU., 20/8/2024). Martelly no ha sido condenado por ningún tribunal y las sanciones no son una sentencia. Lo mismo vale para el expresidente del Senado Youri Latortue, sancionado por Estados Unidos, Canadá y la UE.

A principios de octubre se hizo público el informe final del grupo de expertos que asiste al comité de sanciones de la ONU sobre Haití: 94 páginas sobre los vínculos entre pandillas, políticos y empresarios (ONU, S/2026/714). Según los expertos, al acercarse el voto esos vínculos se están reactivando: las pandillas pueden ofrecer territorio, acceso a los electores y «seguridad» de los colegios electorales a cambio de protección y recompensas después del voto. El informe acusa al exdiputado Alfrédo Junior Antoine de haber suministrado armas, munición y dinero a Viv Ansanm (AP, vía Washington Times, 7/10/2026).

Los soldados de Bukele. El 18 de octubre en Croix-des-Bouquets, al noreste de la capital, fue atacado un vehículo blindado con militares salvadoreños de la GSF (ONU, 19/10/2026). Cuatro técnicos de la fuerza aérea desaparecieron. El 21 de octubre el presidente salvadoreño Nayib Bukele amenazó a las pandillas, en criollo, en X: si no los liberan, las destruirá. El 24 de octubre dijo que los restos humanos entregados a sus militares no eran de sus hombres (CBC Barbados, 30/10/2026). Antes de la emboscada El Salvador tenía en Haití al menos 124 militares, según un informe de la ONU. El 27 de octubre tenía unos mil, transportados en parte por aviones militares estadounidenses (Reuters, 27/10/2026). El 28 de octubre el gobierno salvadoreño anunció más de dos mil soldados, «en una operación a gran escala respaldada por varios países y organizaciones internacionales». Bukele dice que El Salvador pagará el 90 % de los costes y que no se trata de una invasión.

Dos mil soldados son más que todo el ejército haitiano y aproximadamente tantos como toda la fuerza internacional autorizada por la ONU (CNN, 29/10/2026). Pero no se ha dicho quién los manda ni cuánto tiempo se quedarán (Reuters, 27/10/2026). No está claro si se integrarán en la GSF u operarán por su cuenta (Al Jazeera, 29/10/2026). El gobierno haitiano solo ha dicho que los dos países reforzarán la cooperación. Un analista salvadoreño consultado por Reuters espera que al menos una parte de los soldados opere fuera de la cadena de mando de la GSF y se coordine con la empresa militar privada de Erik Prince, que ya trabaja para el gobierno haitiano.

En El Salvador, desde marzo de 2022, el régimen de excepción impuesto por Bukele contra las pandillas ha llevado a la detención de decenas de miles de personas, muchas sin ningún vínculo probado con las pandillas. Socorro Jurídico Humanitario, una organización salvadoreña que asiste a las familias de los detenidos, ha contado al menos 554 muertes en prisión hasta agosto de 2026, casi todas de personas a la espera de juicio (EFE, vía Diario Libre, 3/8/2026). El gobierno salvadoreño no ha comentado. Pierre Espérance, que dirige la principal red haitiana de derechos humanos (RNDDH), acogió con agrado la rápida llegada de los salvadoreños, pero recordó que no todos los que viven en los barrios de las pandillas son pandilleros (Reuters, 27/10/2026).

Quién dispara. Entre julio y principios de octubre la violencia relacionada con las pandillas mató a 1.123 personas. En los departamentos de Oeste y Artibonite las pandillas mataron a 241 personas acusadas de resistirse a su control, y en julio y agosto violaron a 689 mujeres y niñas. Pero más de la mitad de los muertos y heridos (52 %) cayó durante operaciones de las fuerzas de seguridad, y 148 de ellos no tenían vínculos con las pandillas (ONU, 19/10/2026). El informe de los expertos de la ONU señala además ejecuciones sumarias de niños acusados de estar con las pandillas, a manos de las fuerzas de seguridad y de grupos de autodefensa (Security Council Report, 2026). Es la cifra que hay que tener presente cuando llegan nuevos soldados.

Comentario jurídico

El derecho a votar. Haití se adhirió en 1991 al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El artículo 25 garantiza a todo ciudadano el derecho a votar en elecciones periódicas y auténticas. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, que interpreta el Pacto, pide a los Estados que adopten medidas eficaces para que quienes tienen derecho puedan votar de verdad, que faciliten la inscripción y que superen obstáculos como los que afectan a la libertad de circulación (Observación general n.º 25, § 11). Aplazar una votación en medio de la violencia no es en sí una violación: votar bajo el control de las pandillas no sería un voto libre. Pero cuanto más se alarga el aplazamiento, más hacen falta razones públicas, verificables y un plan. Diez años sin elecciones, y tres calendarios en un año sin explicaciones, no lo son.

La Constitución. El artículo 284-3 es claro: está prohibida cualquier consulta popular que modifique la Constitución mediante referéndum. La Constitución prevé otro camino, largo y difícil: dos legislaturas sucesivas, mayorías de dos tercios en ambas cámaras. Hoy no hay parlamento, y eso hace imposible la vía ordinaria. Es el argumento de la necesidad, que la Comisión de Venecia aceptó: cuando las instituciones no existen, se puede salir de la Constitución para reconstruirlas. Pero la necesidad solo justifica lo que de verdad hace falta, y quien la invoca debe demostrarlo. El gobierno haitiano no lo ha hecho: no ha publicado ni el texto de los cambios ni las razones jurídicas. Llamar a la votación «ratificación» en lugar de «referéndum» no cambia la sustancia. Sin un texto público, limitado y debatido, una Constitución modificada por un gobierno que nadie ha elegido nacería ya impugnable, y lo sería también el poder de quien resulte elegido con arreglo a ella.

Los soldados extranjeros. Un Estado puede enviar soldados al territorio de otro en tres casos: si el Consejo de Seguridad lo autoriza, si el Estado que los recibe da su consentimiento, o en legítima defensa. Para los salvadoreños que se integran en la GSF la base es clara: las resoluciones 2793 y 2829 del Consejo de Seguridad. Para los que se quedan fuera, la única base posible es el consentimiento del gobierno haitiano. El gobierno de Fils-Aimé no es elegido, pero es el que la ONU y los demás Estados reconocen, y para el derecho internacional su consentimiento cuenta. Sin embargo, el consentimiento no es un cheque en blanco: vale para lo que el gobierno ha aceptado, y nadie lo ha hecho público.

También importa dónde terminan las reglas. La resolución 2793 pide a los Estados que participan en la GSF un mecanismo para prevenir, investigar y hacer públicos los abusos. Un contingente fuera de la GSF no está cubierto. Sus soldados responden ante los tribunales de su propio país. El Salvador sigue, no obstante, vinculado por los tratados de derechos humanos que ha firmado, incluida la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también cuando sus soldados operan en el extranjero, en los lugares y sobre las personas que controlan. Si un soldado salvadoreño mata a un civil en Puerto Príncipe fuera de la GSF, hoy la pregunta «¿quién investiga?» tiene una sola respuesta: la justicia salvadoreña, es decir, la del régimen de excepción.

Las pandillas. Secuestros, violaciones, asesinatos de quien se resiste, reclutamiento de niños: son delitos según el derecho haitiano y violaciones graves de los derechos humanos. La ONU tiene un régimen de sanciones contra quienes las dirigen y financian, renovado el 14 de octubre con la resolución 2831: 14 votos a favor y la abstención de Rusia (Security Council Report). Es el único que el nuevo decreto electoral tiene en cuenta para excluir a un candidato.

Prueba de simetría

Qué ha funcionado

El consejo electoral ha registrado más de 35 partidos y agrupaciones y unos 3.500 candidatos a los distintos cargos, y ha abierto la inscripción en línea. Las inscripciones en el padrón, aunque bajas, han crecido: de cerca de medio millón a principios de septiembre a poco menos de novecientas mil a finales de octubre, según el Miami Herald citado por Al Jazeera. El informe de los expertos de la ONU ha dado los nombres de los acusados de armar a las pandillas. Y el régimen de sanciones de la ONU ha sido renovado. Son pasos pequeños, pero en la buena dirección.

Lo que no sabemos

Nuestro juicio

Esta sección expresa la posición del sitio. Está separada de los hechos expuestos más arriba.

Haití es un país en el que desde hace diez años nadie elige quién lo gobierna. En ese vacío otros han decidido en lugar de los haitianos: las pandillas con las armas, los políticos con las pandillas, los gobiernos extranjeros con sus soldados. El voto es la única forma de devolver la decisión a los haitianos. Por eso el modo de llegar a él cuenta tanto como la fecha.

Aplazar puede ser necesario. Votar a punta de fusil de una pandilla no es votar. Pero quien aplaza sin explicar, cambia las reglas cada temporada, elimina el filtro a los candidatos vinculados a las pandillas y mientras tanto prepara un cambio de la Constitución sin haber publicado una sola línea, no está preparando una elección. Está alargando una transición que nadie ha votado.

Y si Haití todavía no puede elegir, quienes deciden por ella deben rendir más cuentas, no menos. Vale para el gobierno haitiano, que debe publicar el texto de los cambios constitucionales y los términos del acuerdo con El Salvador. Vale para Bukele, que ha llevado dos mil soldados a un país extranjero diciendo solo que no es una invasión. Y vale para el Consejo de Seguridad, que en marzo tendrá que decidir si renueva la GSF: no podrá fingir que a su lado no ha nacido un segundo ejército extranjero, sin mandato público.

Qué seguir

Fuentes: ONU, 19/10/2026 · France 24, 27/7/2026 · Juno7, 28/10/2026 · OIDG, vía Le National, 29/10/2026 · AFP, vía Jamaica Observer, 29/10/2026 · HPN, 28/10/2026 · Comisión de Venecia del Consejo de Europa · Biblioteca del Congreso de EE. UU., Haiti: a country study · ITIYAyiti, 28/9/2026 · ConstitutionNet, 13/10/2025 · Comisión de Venecia, dictámenes CDL-AD(2024)017 y CDL-AD(2024)042 · AP, vía La Nación, 9/10/2026 · AP, vía Africanews, 24/10/2026 · Tesoro de EE. UU., 20/8/2024 · ONU, S/2026/714 · AP, vía Washington Times, 7/10/2026 · CBC Barbados, 30/10/2026 · Reuters, 27/10/2026 · CNN, 29/10/2026 · Al Jazeera, 29/10/2026 · EFE, vía Diario Libre, 3/8/2026 · Security Council Report, 2026 · Observación general n.º 25, § 11 · Security Council Report

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