NOTICIA
Haití: una «fuerza de supresión» autorizada por la ONU contra pandillas formadas a medias por niños
Junio de 2026
El hecho
El 30 de septiembre de 2025 el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la resolución 2793, transformando la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS, liderada por Kenia, autorizada en 2023 por la resolución 2699) en una «Gang Suppression Force» de hasta 5.550 efectivos, con el mandato de realizar «operaciones antipandillas para neutralizar, aislar y disuadir» a las bandas. Es una fuerza autorizada por la ONU pero no una operación de la ONU; los Estados Unidos fueron su principal artífice, y China, Rusia y Pakistán se abstuvieron por dudas sobre reglas de enfrentamiento, financiación, supervisión y rendición de cuentas. Los primeros contingentes de Chad se esperan en abril de 2026. Sobre el terreno, la coalición de pandillas Viv Ansanm controla hasta el 90% de Puerto Príncipe y se expande hacia los departamentos de Artibonite y Centre. La crisis humanitaria está entre las más graves y menos financiadas del mundo: 6,4 millones de personas — más de la mitad de la población, incluidos 2,8 millones de niños — necesitan asistencia, y más de un haitiano de cada diez está desplazado; a finales de 2025 la respuesta humanitaria estaba financiada solo al 24%. Según ACLED, en 2025 hubo más de 4.500 muertos, uno de los balances más altos del mundo; los homicidios intencionales en Artibonite y Centre crecieron un 210% entre enero y agosto de 2025. Las muertes por drones y ataques aéreos aumentaron un 120% en el primer trimestre de 2026: según el IRC y Médicos Sin Fronteras, las fuerzas gubernamentales y la empresa militar privada Vectus Global realizaron ataques con drones en zonas residenciales, con víctimas civiles.
Comentario jurídico
Aquí el derecho se aplica en tres direcciones. Hacia las pandillas: el reclutamiento y el uso de menores en las hostilidades está prohibido por el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño (2000), que lo califica de crimen de guerra, y los abusos contra los civiles — homicidios, violaciones, secuestros — violan la propia Convención sobre los Derechos del Niño y los principios del derecho humanitario. Hacia el Estado haitiano: el uso de drones en zonas habitadas pone a prueba el principio de distinción y la protección de los civiles (IV Convenio de Ginebra), y la Alta Comisionada para los Derechos Humanos calificó el uso de la fuerza de «innecesario o desproporcionado», con operaciones que «podrían describirse como ejecuciones selectivas». Hacia la fuerza autorizada por la ONU: la propia resolución 2793 invoca el respeto de los derechos humanos y la protección de los menores, pero — según fuentes del Consejo — varios Estados criticaron una directiva estadounidense centrada en «matar» a los miembros de las pandillas, en un país donde, según estimaciones de la ONU y de UNICEF, entre el 30 y el 50% de los milicianos son menores. El régimen de sanciones y el embargo de armas (resolución 2653) han alcanzado hasta ahora a poquísimos individuos, mientras que la mayoría de las armas que alimentan a las pandillas provienen de los Estados Unidos.
Implicaciones
Es la prueba de la simetría llevada al límite: el mismo criterio debe aplicarse a quienes cometen las violencias y a quienes dicen venir a detenerlas. Una fuerza bautizada «de supresión», con una postura orientada al uso letal de la fuerza contra una población armada compuesta a medias por menores, plantea una pregunta que el derecho formula desde siempre: un niño con un fusil sigue siendo, jurídicamente, ante todo una víctima a proteger y reintegrar, no un blanco — y la propia UNICEF recuerda que los menores reclutados deben ser tratados primero como niños. Y, sin embargo, Haití sigue siendo una de las crisis más olvidadas del planeta, con su respuesta humanitaria financiada a un cuarto y su sufrimiento fuera del radar. El derecho vale para quien dispara y para quien dice venir a restablecer el orden, o no vale para nadie.
Fuentes: UN News · Security Council Report · IRC · UNICEF