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ANÁLISIS

Mozambique, Cabo Delgado: el gas ha vuelto, la guerra no se ha ido

29 de octubre de 2026 — Cabo Delgado, Mozambique

En síntesis

El contexto

Cabo Delgado es la provincia más septentrional de Mozambique, en la frontera con Tanzania. Es una de las más pobres del país. Bajo su mar hay enormes reservas de gas, y en el interior, minas de rubíes y de grafito.

El 5 de octubre de 2017 un grupo armado atacó Mocímboa da Praia, un puerto de la costa. La gente lo llama al-Shabaab, pero no tiene nada que ver con el grupo somalí del mismo nombre. Desde 2018 ha jurado lealtad al Estado Islámico, que hoy lo llama «Estado Islámico Mozambique». Según los investigadores que lo siguen de cerca, el grupo nace sobre todo de causas locales: jóvenes sin trabajo, tierras y recursos arrebatados a las comunidades, un gobierno lejano, acusado de excluir al norte de la riqueza del país (ISS, octubre de 2025). La ideología yihadista llegó después, y sirvió para reclutar.

Es una crisis que casi nadie cuenta. El Consejo Noruego para Refugiados la ha incluido dos años seguidos entre las diez crisis de desplazamiento más olvidadas del mundo (NRC, junio de 2025; junio de 2026). Para 2026 la ONU pidió 348 millones de dólares para ayudar a 1,1 millones de personas, y a finales de marzo había recibido alrededor de un tercio (plan humanitario de la ONU, recogido por ACLED, 8/4/2026).

Quién es quién

QuiénQué esQué dice o quiere
Estado Islámico Mozambique (al-Shabaab)Grupo armado activo desde 2017, afiliado al Estado Islámico.Quiere imponer su ley religiosa. Ataca aldeas, iglesias, militares.
Gobierno de MozambiquePresidente Daniel Chapo, desde enero de 2025. El Frelimo gobierna desde la independencia (1975).Pide ayuda internacional contra el «terrorismo»; rechaza las acusaciones contra sus soldados.
Fuerzas armadas mozambiqueñas (FADM)Combaten al grupo; una unidad especial protege la zona del gas.Niegan los abusos.
Ejército ruandésUnos 2.000 soldados, en Cabo Delgado desde julio de 2021 por invitación de Mozambique.Dice defender la seguridad africana; pide que quien se beneficia pague la misión.
TotalEnergiesDirige el consorcio Mozambique LNG (26,5 %): unos 20.000 millones de dólares, entre las mayores inversiones privadas en África.Rechaza todas las acusaciones; dice que no tenía personal sobre el terreno en los meses de los hechos denunciados.
Unión EuropeaEntrena y equipa unidades del ejército mozambiqueño desde 2021.Dice apoyar la protección de los civiles y el respeto del derecho humanitario.

Los hechos

Palma, marzo de 2021. El grupo armado ataca Palma, la pequeña ciudad junto a las obras del gas. El gobierno habla de una treintena de muertos. El periodista Alex Perry, tras cinco meses de investigación, contó 1.402 muertos o desaparecidos, entre ellos 55 trabajadores de las contratas de la obra (AFP, 15/3/2025). TotalEnergies evacua a su personal y en abril lo detiene todo, declarando la «fuerza mayor».

Los contenedores de Afungi, verano de 2021. Desde 2020 un acuerdo entre la filial de TotalEnergies y el gobierno confiaba la protección de la obra a una unidad especial del ejército, la Joint Task Force, a la que la empresa proporcionaba apoyo material y logístico (ECCHR, 18/11/2025). En septiembre de 2024 Perry escribió en Politico que, entre julio y septiembre de 2021, esos soldados encerraron en contenedores metálicos, a la entrada de la obra, a entre 180 y 250 hombres. Eran civiles que huían de la guerra, acusados de estar con los rebeldes. Muchos fueron golpeados, dejados sin comida, asesinados o desaparecidos. En septiembre, soldados ruandeses encontraron vivos a 26 de ellos y los liberaron (Politico, 26/9/2024). En octubre de 2023, por recomendación de un informe encargado por la propia TotalEnergies, el acuerdo se había modificado: ya no pagos directos a los militares, sino una contribución al Estado (Clingendael, noviembre de 2025).

Qué responden. TotalEnergies dice que entre abril y noviembre de 2021 ninguno de sus empleados estaba en el lugar, y que sus verificaciones internas no encontraron elementos que lo confirmen (Mozambique LNG, noviembre de 2024). Pidió ella misma a las autoridades mozambiqueñas que investigaran. La fiscalía general de Mozambique abrió una investigación penal en marzo de 2025. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en un comunicado del 17 de marzo de 2026, escribió que hasta ahora no ha encontrado pruebas de torturas o ejecuciones dentro del perímetro del proyecto, y que la investigación continúa (Lusa, 17/3/2026). El presidente Chapo niega que haya habido violaciones. Del otro lado está el informe del instituto neerlandés Clingendael, encargado por el Ministerio de Finanzas de los Países Bajos, que garantizaba el préstamo a través de su agencia de crédito a la exportación. Los investigadores hicieron más de 80 entrevistas en los distritos de Palma y Mocímboa da Praia. No establecen cada detalle, pero consideran creíble el relato en su conjunto: cuatro fuentes locales independientes confirman que, ante la obra, muchos civiles fueron detenidos y maltratados por las fuerzas de seguridad (Clingendael, noviembre de 2025). TotalEnergies objetó que los autores no fueron en persona al lugar y se basaron en información recogida por terceros (TotalEnergies, 2/12/2025).

En Francia. Dos procedimientos afectan a TotalEnergies. El primero, abierto por jueces de Nanterre en marzo de 2025, nace de la denuncia de supervivientes y familiares de las víctimas de Palma: homicidio imprudente y omisión del deber de socorro hacia los trabajadores de las contratas (Reuters, 15/3/2025). El segundo es una denuncia presentada el 17 de noviembre de 2025 por el Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR), una organización alemana: complicidad en crímenes de guerra, tortura y desapariciones forzadas por los hechos de los contenedores. No hemos encontrado noticia de una investigación abierta a raíz de esta segunda denuncia. TotalEnergies rechaza las acusaciones «de forma categórica».

El gas vuelve. El 7 de noviembre de 2025 el consorcio levantó la fuerza mayor, y el 29 de enero de 2026 reanudó por completo las obras (TotalEnergies, 29/1/2026). El primer gas está previsto para 2029. No todos los financiadores se quedaron. El 1 de diciembre de 2025 el Reino Unido retiró un préstamo público de 1.150 millones de dólares, alegando que los riesgos habían aumentado (declaración del ministro Peter Kyle, 1/12/2025). La agencia neerlandesa de crédito a la exportación hizo lo mismo. Estados Unidos, en cambio, había aprobado en marzo de 2025 un préstamo de 4.700 millones (EXIM, 19/3/2025). Frente a la misma costa, la italiana Eni produce gas desde una plataforma flotante desde 2022, y en octubre de 2025 decidió construir una segunda (Eni, 2/10/2025). Algunos expertos de la ONU en derechos humanos criticaron el préstamo del Banco Africano de Desarrollo a este segundo proyecto, porque corre el riesgo de agravar las violaciones de derechos humanos y la crisis climática (ACNUDH, marzo de 2026).

El informe que la ONU no publicó. En junio de 2026 Forbidden Stories, una red de periodistas de investigación, dio a conocer un informe de 2024 del Fondo de Población de la ONU (UNFPA) que se había quedado en un cajón. Recoge testimonios de mujeres y niñas de Cabo Delgado. Relata violaciones y violencia sexual por parte del grupo armado y también de soldados del ejército, incluso contra menores, casi siempre impunes. Describe a mujeres obligadas a intercambiar sexo por ayuda humanitaria. Y señala que algunos hombres vinculados a la obra del gas, entre ellos empleados y subcontratistas, habrían explotado sexualmente a mujeres llegadas a Palma en busca de trabajo (Forbidden Stories y Zitamar, 18/6/2026). En el informe, el nombre de TotalEnergies fue sustituido casi siempre por la fórmula «una multinacional de la energía». La ONU dice que la situación sobre el terreno no permitía llevar el texto a los estándares exigidos para su publicación. TotalEnergies rechaza las acusaciones y dice que su sistema de denuncias nunca ha recibido quejas de ese tipo. Un informe interno del proyecto, obtenido por la organización italiana ReCommon, indica sin embargo que en 2022 el proyecto había sido informado de «varios casos» de mala conducta de la Joint Task Force en las aldeas cercanas.

Los pescadores. Para combatir a los rebeldes, que se mueven también por mar, el ejército ha prohibido la pesca en algunos tramos de costa. Muchos pescadores salen igualmente, porque no tienen otra cosa. El 15 de marzo de 2026 una patrullera de la marina disparó contra seis barcas frente a Mocímboa da Praia: al menos 13 muertos (Zitamar, marzo de 2026; Human Rights Watch, 30/3/2026). Según ACLED, desde 2024 episodios similares han matado a unos 70 pescadores. El 25 de marzo, en una asamblea con la comunidad de Mocímboa da Praia, los mandos militares y policiales admitieron su responsabilidad y pidieron perdón (Zitamar, 26/3/2026). La posición oficial de las fuerzas armadas, sin embargo, no ha cambiado: lo niegan, y atribuyen las muertes a rebeldes de uniforme (Zitamar, 19/10/2026).

Y los rebeldes. El grupo armado sigue siendo el principal responsable de la violencia: de unos 2.400 episodios registrados por ACLED desde 2017, más de nueve de cada diez lo tienen como protagonista (ACLED, junio de 2026). Decapita a civiles, quema aldeas e iglesias, secuestra a niños. En 2025 Human Rights Watch contó al menos 120 niños secuestrados, usados como porteadores, trabajadores forzados, combatientes o esposas (HRW, 24/6/2025). En agosto y septiembre de este año atacó a civiles cada vez con más frecuencia, en los distritos de Mocímboa da Praia, Muidumbe y Macomia (ACLED y Zitamar, 6/10/2026). Entre finales de septiembre y principios de octubre otras 4.445 personas huyeron de los distritos de Macomia y Mocímboa da Praia (OIM, 6/10/2026).

Quién paga a los soldados. Ruanda envió sus tropas en julio de 2021, por invitación de Mozambique. Se las considera la fuerza más eficaz sobre el terreno, y muchas están desplegadas alrededor de la zona del gas. Desde 2022 la Unión Europea ha pagado una parte de la misión: 40 millones de euros en dos tramos, a través del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz (Consejo de la UE, 2024). El 2 de marzo de 2026 Estados Unidos sancionó al ejército ruandés y a cuatro de sus generales por su apoyo a los rebeldes del M23 en el este del Congo (sanciones del Tesoro de EE. UU., 2/3/2026), cuyo contexto explicamos en la ficha de país RD Congo. Ruanda rechaza las sanciones por «injustas». En mayo los fondos europeos se acabaron, sin renovación. Desde entonces, ha dicho Ruanda, paga Mozambique (Lusa, 29/5/2026). La UE, mientras tanto, ha gastado 89 millones de euros en equipar once compañías de reacción rápida del ejército mozambiqueño, entrenadas por una misión militar suya dirigida por Portugal (Lusa, 2/9/2026). El mandato de esta misión vence el 31 de diciembre de 2026 (Lusa, 14/5/2026).

Comentario jurídico

Es una guerra, no solo terrorismo. El gobierno habla de lucha contra el terrorismo. Para el derecho internacional cuenta otra cosa: la intensidad de los combates y el grado de organización del grupo armado. El centro de investigación de la Academia de Ginebra que clasifica los conflictos (RULAC) considera Cabo Delgado un conflicto armado no internacional (Geneva Academy, RULAC). Rigen por tanto las normas del derecho humanitario, en particular el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra. Protegen a quien no combate y a quien ha sido capturado: nada de asesinatos, torturas, tratos crueles, desapariciones. Las normas valen para todas las partes, el grupo armado y el ejército. Llamar «terroristas» a los enemigos no las suspende.

Los niños. Mozambique ratificó en 2004 el Protocolo de la ONU que prohíbe a los grupos armados reclutar a menores de 18 años. Reclutar o utilizar en combate a niños menores de 15 años es un crimen de guerra. La primera obligación de protegerlos, buscarlos y reintegrarlos recae en el Estado.

Los pescadores. Un Estado puede limitar la pesca en una zona de guerra. No puede disparar contra civiles desarmados solo porque han violado una prohibición. El derecho a la vida, protegido por el Pacto de la ONU de Derechos Civiles y Políticos y por la Carta Africana, obliga también a investigar toda muerte sospechosa. Las disculpas son un paso. Una investigación con resultados públicos sería el siguiente.

Quién puede juzgar. Mozambique firmó el Estatuto de Roma en 2000, pero nunca lo ha ratificado (PGA). Por eso la Corte Penal Internacional no puede investigar, a menos que Mozambique acepte su jurisdicción o que el Consejo de Seguridad le remita el caso. Quedan los tribunales mozambiqueños: por los contenedores y por los pescadores no consta, hasta ahora, ningún militar procesado. Quedan también los tribunales de otros países, cuando hay un vínculo con ellos. Es el caso de Francia: TotalEnergies es una empresa francesa, y la fiscalía antiterrorista de París es competente también para los crímenes de guerra.

Las empresas. Una empresa no es un ejército. Pero los Principios Rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos (2011) le piden no contribuir a violaciones, también a través de quien la protege. Si paga o equipa a una fuerza armada, debe saber cómo se comporta esa fuerza y reaccionar cuando llegan señales graves. En Francia este deber es ley desde 2017: la ley sobre el «deber de vigilancia» de las grandes empresas. La denuncia del ECCHR sostiene que TotalEnergies conocía las acusaciones contra el ejército mozambiqueño ya desde 2020. La empresa dice que no. Lo establecerá un juez, si alguien abre una investigación.

Europa. Las decisiones con las que la UE financió a los soldados ruandeses obligan al beneficiario a respetar el derecho humanitario y los derechos humanos, y a informar periódicamente de cómo usa el apoyo (decisión PESC 2022/2354). El problema es comprobarlo. Según el Institute for Security Studies, la UE no tiene ningún modo concreto de controlar que ese dinero no ayude también a las operaciones ruandesas en el Congo (ISS, abril de 2026). Lo mismo vale para el ejército mozambiqueño: equiparlo solo tiene sentido si quien se equivoca tiene que rendir cuentas.

Prueba de simetría

Qué ha funcionado

Las tropas ruandesas y las unidades entrenadas han recuperado muchas zonas que los rebeldes habían ocupado, y solo en Cabo Delgado unas 670.000 personas desplazadas figuran como regresadas a sus casas (OIM, junio de 2026). Una parte de la verdad ha salido a la luz gracias a periodistas locales y extranjeros, a Human Rights Watch, a ACLED y a Zitamar, que cuentan los episodios uno por uno. Y en el caso de los pescadores, las protestas de la comunidad llevaron a los mandos a pedir perdón ante las familias, y según ACLED la marina redujo después sus intervenciones contra las barcas (ACLED, 8/4/2026). Es poco, pero no es nada.

Qué no sabemos

Nuestro juicio

Esta sección expresa la posición del sitio. Está separada de los hechos expuestos arriba.

En Cabo Delgado la palabra «seguridad» tiene dos significados. Para la obra del gas significa vallas, soldados, inversiones protegidas. Para quien vive allí significa poder volver a su aldea, salir al mar a pescar, no tener miedo ni de los rebeldes ni de quien debería defenderlos. Por ahora el primer significado ha tenido más suerte que el segundo.

Nadie aquí defiende al grupo armado. Ha matado a miles de personas y secuestrado a niños. Combatirlo es un deber del gobierno. Pero un ejército que combate el terror no puede convertirse en otro terror para quienes lo rodean. Y quien lo paga, lo arma o lo entrena, sea una empresa o la Unión Europea, no puede decir que no lo sabía.

Antes del 31 de diciembre la UE decidirá si sigue entrenando a ese ejército. No pedimos dejar solo a Mozambique. Pedimos una condición sencilla: que cada euro gastado llegue junto con una pregunta pública sobre lo que ocurrió en los contenedores de Afungi y en el mar frente a Mocímboa da Praia. Y que esa pregunta tenga una respuesta.

Qué seguir

Fuentes: ISS, octubre de 2025 · NRC, junio de 2025 · junio de 2026 · plan humanitario de la ONU, recogido por ACLED, 8/4/2026 · AFP, 15/3/2025 · ECCHR, 18/11/2025 · Politico, 26/9/2024 · Clingendael, noviembre de 2025 · Mozambique LNG, noviembre de 2024 · Lusa, 17/3/2026 · TotalEnergies, 2/12/2025 · Reuters, 15/3/2025 · TotalEnergies, 29/1/2026 · declaración del ministro Peter Kyle, 1/12/2025 · EXIM, 19/3/2025 · Eni, 2/10/2025 · ACNUDH, marzo de 2026 · Forbidden Stories y Zitamar, 18/6/2026 · Zitamar, marzo de 2026 · Human Rights Watch, 30/3/2026 · Zitamar, 26/3/2026 · Zitamar, 19/10/2026 · ACLED, junio de 2026 · HRW, 24/6/2025 · ACLED y Zitamar, 6/10/2026 · Consejo de la UE, 2024 · sanciones del Tesoro de EE. UU., 2/3/2026 · Lusa, 29/5/2026 · Lusa, 2/9/2026 · Lusa, 14/5/2026 · Geneva Academy, RULAC · PGA · decisión PESC 2022/2354 · ISS, abril de 2026 · bne IntelliNews, 3/12/2025

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