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ANÁLISIS

Pakistán contra Afganistán: un año de ataques «en legítima defensa» y una masacre en un centro de tratamiento en Kabul

27 de octubre de 2026 — Kabul, Afganistán

En síntesis

El contexto

Los talibanes volvieron al poder en Afganistán en agosto de 2021. Desde entonces Pakistán acusa a su Gobierno de dar refugio a los talibanes pakistaníes, un movimiento distinto que combate al Estado pakistaní. Kabul lo niega y dice que el terrorismo es un problema interno de Pakistán. En septiembre contamos la otra cara de esta ruptura: las devoluciones forzadas de afganos desde Pakistán.

Quién es quién

QuiénQué esQué dice o quiere
Talibanes afganosGobiernan Afganistán desde 2021. Rusia los reconoció en julio de 2025.Niegan albergar grupos armados y acusan a Pakistán de agresión.
TTP (talibanes pakistaníes)Grupo armado pakistaní. Según la ONU, opera también desde Afganistán.Combate al Estado pakistaní.
Gobierno y ejército de PakistánLlevan a cabo los ataques en Afganistán.Piden a Kabul una acción «concreta y verificable» contra los grupos armados.
Separatistas baluches (BLA)Grupo armado de Baluchistán, provincia pakistaní fronteriza con Afganistán e Irán.Pakistán acusa a los talibanes y a la India de apoyarlos.
Estado Islámico del JorasánRama afgana del Estado Islámico, enemiga de los talibanes.Reivindicó el atentado de Islamabad del 6 de febrero de 2026.

Los hechos

2025. En octubre, los primeros choques graves a lo largo de la frontera. Catar y Turquía median una tregua en Doha. En noviembre fracasan las conversaciones de Estambul (Al Jazeera, 16/10/2026).

2026, la guerra abierta. El 6 de febrero un terrorista suicida mata a 31 personas en una mezquita chií de Islamabad. Lo reivindica el Estado Islámico, no el TTP (Arab News, 7/2/2026). El 16 de febrero un coche bomba mata a once militares y a un niño en Bajaur: según la ONU, lo reivindica el TTP, que habría actuado desde Afganistán (Consejo de Seguridad, S/2026/651). El 21 de febrero los primeros ataques pakistaníes en las provincias de Nangarhar y Paktika matan a 13 civiles, según la ONU. El 26 los talibanes atacan puestos fronterizos pakistaníes. Al día siguiente Pakistán declara que actúa «en ejercicio de su derecho de legítima defensa» (Ministerio de Exteriores de Pakistán, 27/2/2026). Los ataques llegan hasta Kabul.

El 16 de marzo. Poco antes de las nueve de la noche tres bombas alcanzan el centro Omid, en Kabul, donde más de mil hombres reciben tratamiento por adicción a las drogas. Están saliendo de la oración de la tarde. La Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA) ha verificado al menos 269 muertos y 122 heridos, y escribe que la cifra real puede ser mayor porque los registros de pacientes quedaron destruidos (UNAMA, civiles enero-marzo de 2026). Las autoridades de Kabul hablan de más de 400 muertos. Pakistán dice que atacó depósitos de drones y de munición y que «ningún hospital» era un objetivo.

Después. El 18 de marzo, a petición de Arabia Saudí, Catar y Turquía, las dos partes aceptan una pausa por el fin del Ramadán (Al Jazeera, 18/3/2026). La guerra no termina, pero los ataques se espacian: junio, septiembre, octubre. En la noche del 30 de septiembre al 1 de octubre alcanzan viviendas en las provincias de Helmand y Kunar: al menos diez civiles muertos, casi todos niños, según la ONU (AFP vía Oman Observer, 1/10/2026). Las mediaciones de China, Turquía y Rusia no han producido un acuerdo.

El balance. Entre octubre de 2025 y septiembre de 2026 la UNAMA contó 512 civiles afganos muertos y 1.236 heridos en los enfrentamientos transfronterizos, casi tres de cada cuatro muertes en los tres primeros meses de 2026 (Outlook, 17/10/2026). Los atribuye casi todos a las fuerzas pakistaníes (UNAMA, abril-junio de 2026). La UNAMA no cuenta las víctimas en Pakistán, y nadie más las cuenta de forma independiente. El Gobierno pakistaní habla de más de 1.300 ciudadanos muertos en un año en ataques que, según dice, partieron de Afganistán (Afghanistan International, 26/10/2026). Según el PICSS, un centro de estudios de Islamabad, en septiembre los ataques de grupos armados en Pakistán fueron los más numerosos en doce años (PICSS).

Qué responden. El portavoz del ejército pakistaní calificó de «infundado» el informe de julio de la UNAMA: los muertos, dice, eran militantes (Amu TV, 1/8/2026). El Ministerio de Exteriores rechaza también como «infundadas» las acusaciones de Kabul (The Nation, 27/10/2026). Los talibanes niegan albergar al TTP y acusan a la UNAMA de hacer propaganda.

Comentario jurídico

La regla. La Carta de la ONU prohíbe el uso de la fuerza contra otro Estado (art. 2, párr. 4). La excepción es la legítima defensa: un Estado puede responder «en caso de ataque armado», de forma necesaria y proporcionada, y debe informar de inmediato al Consejo de Seguridad (art. 51). Lo explicamos en el Glosario, en la entrada Uso de la fuerza y legítima defensa. Pakistán ha invocado la legítima defensa en sus comunicados y en el Consejo, el 9 de marzo y el 16 de septiembre (Dawn, 17/9/2026). No hemos encontrado una carta formal suya al Consejo, como exige el artículo 51. La misión afgana ante la ONU dijo en el Consejo que había presentado una queja formal el 22 de febrero.

El nudo: el ataque viene de un grupo, no de un Estado. Los atentados en Pakistán no los comete el ejército afgano, sino el TTP. En 1986, en el caso Nicaragua, la Corte Internacional de Justicia dijo que enviar bandas armadas contra otro Estado puede ser un ataque armado; armarlas o ayudarlas, no. En 2005 rechazó la legítima defensa invocada por Uganda en el Congo, porque los ataques de los rebeldes no eran atribuibles al Gobierno congoleño. Y dejó abierta la cuestión de si se puede responder con la fuerza a un grupo armado que actúa por su cuenta (CIJ, Congo c. Uganda; ASIL).

La tesis de Pakistán. Sin usar la fórmula, Pakistán razona como quienes sostienen que se puede atacar en el territorio de un Estado «que no quiere o no puede» detener los ataques. Es la tesis que usaron los Estados Unidos en Siria en 2014. Algunos Estados la defienden; muchos no.

Qué dice la ONU sobre los talibanes. El grupo de expertos que vigila las sanciones del Consejo de Seguridad escribe que los talibanes «han seguido apoyando» al TTP. Añade que han alejado de la frontera a unos 2.000 combatientes con sus familias, y que su líder habría pedido al TTP que detuviera los ataques (S/2026/651, párr. 91 y 99). Es el argumento más fuerte de Pakistán. No zanja la cuestión: para la Corte, apoyar a un grupo armado es ilícito, pero por sí solo no constituye un ataque armado.

Aun cuando la defensa es legítima, el modo tiene reglas. El derecho que dice cuándo se puede hacer la guerra y el que dice cómo se combate son distintos. El segundo se aplica siempre: distinguir entre militares y civiles, no atacar si el daño a los civiles es desproporcionado, tomar todas las precauciones posibles. Los hospitales y centros de tratamiento solo pierden su protección especial si se usan con fines militares y tras una advertencia desatendida. Sobre Omid, Human Rights Watch no encontró pruebas de uso militar y habla de un ataque ilegal y de un posible crimen de guerra (HRW, 27/3/2026). Amnistía llegó a la misma conclusión: identificó al menos una bomba de guiado de precisión, señal de una elección deliberada del objetivo, y ninguna advertencia (Amnistía Internacional, 21/7/2026). La UNAMA no emite un juicio formal y pide una investigación.

Quién podría investigar. El secretario general de la ONU pidió una investigación independiente e imparcial (UNAMA, 19/3/2026). No hemos encontrado ninguna. Queda una vía: Afganistán es parte del Estatuto de Roma desde 2003, y la Corte Penal Internacional investiga los crímenes cometidos en su territorio (CPI, situación en Afganistán). La Corte puede juzgar a quien los cometa allí aunque sea nacional de un Estado que, como Pakistán, no se ha adherido (Estatuto de Roma, art. 12). Es la misma investigación que llevó a las órdenes de detención contra los líderes talibanes.

Prueba de simetría

Qué ha funcionado

Las treguas han reducido los muertos: después de marzo los civiles muertos bajaron de cientos a unas pocas decenas por trimestre, y luego a una docena. La UNAMA ha seguido contando y publicando, pese a las protestas de ambas partes. Es el único recuento independiente que tenemos.

Nuestro juicio

Esta sección expresa la posición del sitio. Está separada de los hechos expuestos arriba.

Pakistán tiene un problema real. Quien muere en un atentado en Bajaur o en una mezquita de Islamabad no es menos víctima que quien muere en Kabul. Y un Gobierno que deja que un grupo armado ataque a un vecino desde su propio territorio no puede pedir al mundo que defienda su soberanía sin responder por aquellos a quienes alberga.

Pero la legítima defensa no es un permiso general. Es una excepción estricta, con tres condiciones: un ataque, una respuesta necesaria, una respuesta proporcionada. Doscientos sesenta y nueve hombres que salen de la oración en un centro de tratamiento no son una respuesta proporcionada a nada. Si Pakistán tiene pruebas de que aquel lugar era un depósito militar, tiene una forma sencilla de demostrarlo: dejar que alguien independiente las examine.

En 2024 Islamabad sabía explicar, con palabras claras, por qué un ataque transfronterizo contra un grupo armado es ilegal. Eran las palabras justas. Siguen valiendo.

Qué seguir

Fuentes: Al Jazeera, 16/10/2026 · Arab News, 7/2/2026 · Consejo de Seguridad, S/2026/651 · Ministerio de Exteriores de Pakistán, 27/2/2026 · UNAMA, civiles enero-marzo de 2026 · Al Jazeera, 18/3/2026 · AFP vía Oman Observer, 1/10/2026 · Outlook, 17/10/2026 · UNAMA, abril-junio de 2026 · Afghanistan International, 26/10/2026 · PICSS · Amu TV, 1/8/2026 · The Nation, 27/10/2026 · Dawn, 17/9/2026 · CIJ, Congo c. Uganda · ASIL · HRW, 27/3/2026 · Amnistía Internacional, 21/7/2026 · UNAMA, 19/3/2026 · CPI, situación en Afganistán · Estatuto de Roma, art. 12 · Dawn, 17/1/2024 · Dawn, 19/1/2024 · Afghanistan International, 22/10/2026 · Long War Journal, 26/10/2026

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