NOTICIA
La Corte Internacional de Justicia delibera sobre el genocidio de los rohinyás
Junio de 2026
El hecho
Cinco años después del golpe de Estado de febrero de 2021, Myanmar sigue siendo una de las emergencias humanitarias más vastas y menos seguidas del mundo: casi 5,2 millones de desplazados, inseguridad alimentaria aguda, y ataques aéreos contra civiles que pasaron de unas pocas decenas en el primer año del golpe a más de 3.300 en 2025-26, con más de 3.800 civiles muertos solo por los bombardeos. Tras unas elecciones celebradas entre diciembre de 2025 y enero de 2026 en apenas 263 de los 330 distritos — casi todos en zonas bajo control militar, con la Liga Nacional para la Democracia y decenas de partidos de oposición excluidos y muchos líderes aún detenidos — el jefe del golpe Min Aung Hlaing se convirtió en presidente en abril de 2026; el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, afirmó que el proceso no respetó los derechos fundamentales de los ciudadanos, y el International Crisis Group lo describe como una fachada civil tras la cual los militares conservan el control. En el plano judicial, del 12 al 29 de enero de 2026 la Corte Internacional de Justicia celebró las audiencias de fondo en el caso Gambia contra Myanmar, bajo la Convención sobre el Genocidio, por la campaña de 2017 contra la minoría musulmana rohinyá — más de 700.000 personas que huyeron a Bangladés, con intención genocida constatada por la Misión de investigación de la ONU. Se espera una sentencia a lo largo de 2026. Myanmar rechaza las acusaciones: sus abogados advirtieron contra lecturas selectivas y una dependencia excesiva de los informes de las ONG, y a lo largo del proceso nunca pronunciaron la palabra «rohinyá», usando el término «bengalí», que el Relator Especial de la ONU sobre Myanmar califica de despectivo.
Comentario jurídico
Es el primer caso en más de una década en que la Corte Internacional de Justicia examina en el fondo una acusación de genocidio (Convención sobre el Genocidio de 1948, art. IX). Su fuerza reside en el principio erga omnes partes: Gambia, Estado lejano y no implicado, actúa porque todo Estado parte tiene un interés común en prevenir y castigar el genocidio — un deber compartido, no un asunto bilateral. La vía penal es distinta y personal: en noviembre de 2024 el Fiscal de la Corte Penal Internacional solicitó una orden de arresto contra Min Aung Hlaing por los crímenes de lesa humanidad de deportación y persecución de los rohinyás; en febrero de 2025 un tribunal argentino emitió órdenes bajo jurisdicción universal. A ello se suman los crímenes de guerra documentados por el Mecanismo de Investigación Independiente de la ONU — ataques a viviendas, hospitales y escuelas, bloqueo de la ayuda como castigo colectivo (IV Convenio de Ginebra, Estatuto de Roma). Al tratarse de un caso aún en deliberación, no existe sentencia: el genocidio está constatado por la Misión de la ONU y deducido de un patrón de conducta, pero aún no juzgado por la Corte.
Implicaciones
Aquí el derecho se mide por su coherencia. La decisión en Gambia contra Myanmar moldeará los otros dos casos de genocidio pendientes ante la misma Corte — Sudáfrica contra Israel y Ucrania contra Rusia: la misma Convención, el mismo umbral de prueba sobre la intención, la misma pregunta sobre quién tiene el deber de aplicarla. Pero la coherencia vale también dentro del conflicto: los rohinyás están atrapados entre la junta y el Arakan Army, y el Mecanismo de la ONU investiga graves abusos de ambas partes — ejecuciones, incendios, reclutamiento forzado; mientras la maquinaria bélica de la junta se nutre de las armas de China, Rusia e India. Y sin embargo, con millones de desplazados y — según ACLED — el conflicto más fragmentado del mundo, la atención internacional sigue siendo marginal frente a la escala de la crisis. Es exactamente la distancia entre gravedad y atención que esta plataforma existe para documentar: el derecho vale para todos, o no vale para nadie.
Fuentes: Al Jazeera · UN News · OHCHR · IIMM