ACTUALIDAD
La advertencia de sus propios generales: la violencia de los colonos amenaza la seguridad de Israel
28 de julio de 2026
Los hechos
El 27 de julio de 2026, en vísperas del encuentro entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu en Washington, más de 550 ex altos funcionarios de la seguridad israelí — generales y coroneles retirados de las FDI, junto con ex directivos del Mosad, el Shin Bet, la policía, el Consejo de Seguridad Nacional y el cuerpo diplomático — hicieron pública una carta dirigida al presidente estadounidense. El documento, impulsado por el grupo Commanders for Israel's Security y firmado en su nombre por el ex subjefe de Estado Mayor Matan Vilnai, llega tras un fin de semana de enfrentamientos especialmente violentos entre colonos y palestinos. Los firmantes piden a Trump que transmita a Netanyahu un mensaje explícito durante el encuentro, advirtiendo que la escalada, de no detenerse, arriesga comprometer el plan estadounidense para Gaza y la ampliación de los Acuerdos de Abraham, además de la propia seguridad israelí. Yair Golan, ex subjefe de Estado Mayor y ex líder de El Partido Democrático, añadió que el gobierno actual está creando una realidad peligrosa para soldados, policías y ciudadanos israelíes.
El cuadro que describe el llamamiento
Los datos disponibles sitúan la alarma dentro de una tendencia ya medida, no en un episodio aislado. Según la OCHA, desde comienzos de 2026 unos 850 palestinos han resultado heridos en ataques atribuidos a colonos — el 55% de todos los palestinos heridos en Cisjordania este año — con una tasa que pasó de un herido cada tres días en 2020 a más de tres al día a comienzos de 2026. Solo en marzo, la serie de ACLED registra al menos ocho palestinos muertos en incidentes con participación de colonos, la cifra mensual más alta de la década de recopilación de datos. Entre enero de 2023 y julio de 2026, 122 comunidades palestinas sufrieron desplazamiento total o parcial, 47 completamente abandonadas. En el plano económico, la Asociación de Cooperación y Solidaridad estima más de 120.000 olivos destruidos o dañados desde el 7 de octubre de 2023, casi 92.000 solo en el último año.
Lectura jurídica
Hay dos obligaciones distintas en juego, no una sola. La primera: el art. 43 del Reglamento de La Haya (1907), leído junto con el art. 27 del IV Convenio de Ginebra, impone a la potencia ocupante garantizar el orden público y proteger a la población civil ocupada de todo acto de violencia, con independencia de quién lo cometa. La segunda, distinta: los arts. 46 y 53 del mismo Reglamento protegen la propiedad privada en territorio ocupado, prohibiendo su destrucción salvo necesidad militar imperiosa — relevante para la destrucción sistemática de olivares e infraestructuras hídricas. La opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de julio de 2024 calificó además de ilegales la confiscación de tierras y el traslado de población en Cisjordania, invocando la resolución 2334 del Consejo de Seguridad.
A esto se suma un dato institucional verificable, no una inferencia: el mismo aparato estatal que juzga a los ciudadanos israelíes residentes en los territorios ocupados mediante tribunales civiles juzga a la población palestina de la misma zona mediante tribunales militares. El seguimiento de veinte años (2005-2025) de la ONG israelí Yesh Din sobre más de 1.700 expedientes muestra que el 93,6% de las investigaciones sobre delitos cometidos por colonos contra palestinos se cerraron sin imputación; solo el 3% derivó en condenas totales o parciales. No es una violencia tolerada "porque" Israel es una democracia, ni "a pesar" de serlo: es un sistema que aplica las garantías democráticas a una parte de la población bajo su control y la ley militar a la otra, en el mismo territorio.
Test de simetría
La obligación de prevenir y perseguir la violencia contra una población protegida no cambia según quién ocupe el territorio, ni según el sistema político del ocupante. Aplicarla con menor rigor a una democracia — o con mayor severidad en virtud de esa etiqueta — sería la misma asimetría, invertida. Lo relevante para este sitio no es la identidad del Estado, sino el hecho verificable de un doble régimen jurídico en el mismo espacio.
Contrapeso (Fase 4b), declarado
En este ciclo buscamos un comparador con igual rigor de documentación — otro Estado que tolere legalmente, con un aparato de medición de la impunidad comparable, la violencia de colonos civiles contra una población protegida. Ninguno de los cuatro casos revisados (territorios ucranianos ocupados por Rusia, Sáhara Occidental, Papúa Occidental, Chipre del Norte) presenta la misma combinación de un sistema judicial dual codificado y datos de impunidad medidos con continuidad de dos décadas. Debe señalarse con honestidad: esto es probablemente un dato sobre la capacidad de una sociedad civil de vigilarse a sí misma en el tiempo, no una prueba de que el fenómeno sea más raro en otros lugares.
Por qué la presión internacional sigue siendo tímida
Ha habido sanciones, pero parciales. El 11 de mayo de 2026 el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE sancionó a colonos individuales responsables de violencia, rechazando las medidas comerciales propuestas por España; el 9 de junio seis capitales occidentales prohibieron la entrada a 25 colonos y otras 25 personas vinculadas al movimiento; el 23 de julio una nueva cumbre de embajadores de la UE terminó sin acuerdo sobre una prohibición de importación de los asentamientos, por falta de los votos para la mayoría cualificada. La suspensión del Acuerdo de Asociación UE-Israel — la medida de mayor peso real — requiere unanimidad de los 27 y ha sido bloqueada por Italia y Alemania: el ministro de Exteriores italiano Antonio Tajani declaró que prefería sanciones individuales a los colonos violentos antes que una medida sobre el acuerdo comercial.
Estos votos no ocurren en el vacío. El comercio UE-Israel alcanzó 43.300 millones de euros en 2025 — la UE es el primer socio comercial de Israel, mientras que Israel es apenas el 27.º socio de la UE, una asimetría de dependencia real. Francia y Alemania siguen siendo los principales exportadores europeos de armamento a Israel; la cuota de las exportaciones militares alemanas hacia Israel subió del 6% al 33% en los últimos años. Italia renovó en abril de 2026, mediante un mecanismo automático, su memorando de cooperación militar con Israel hasta 2031. En el plano tecnológico, Europa es el principal mercado de la industria militar israelí (alrededor del 54% de las exportaciones de armas de Israel), con importaciones que crecieron un 155% entre 2020 y 2024; cuando España suspendió el comercio de armas con Israel en 2025, comprobó concretamente la dificultad de sustituir rápidamente a los proveedores israelíes. En Italia, incentivos públicos (noviembre de 2025) premian a las empresas que compran ciberseguridad a las más de 500 empresas israelíes del sector — de fondo persiste el caso Paragon, la empresa israelí acusada de espiar a periodistas y activistas italianos con el software espía Graphite. Una fuente especializada del sector ha planteado el riesgo de puertas traseras potenciales en sistemas críticos nacionales ligadas a estas tecnologías — una preocupación que debe atribuirse a esa fuente, no un hecho establecido aquí. Estos datos muestran una correlación documentada entre la dependencia comercial, militar y tecnológica y el voto contrario a las medidas más incisivas: no probamos, ni afirmamos, un nexo causal directo — corresponde al lector extraer sus propias conclusiones de hechos verificables.
Nota editorial (juicio declarado)
Cabe señalar que la alarma de los firmantes se argumenta ante todo en términos de seguridad israelí, intereses estadounidenses y la continuidad de los Acuerdos de Abraham — un registro de seguridad, no de derechos humanos. Es una ausencia notable en el texto, no una prueba de lo que los firmantes piensan de la población palestina: Commanders for Israel's Security ha sido históricamente un grupo que se ha manifestado a favor de la solución de dos Estados y del fortalecimiento de la gobernanza de la Autoridad Palestina. Queda el hecho de que, en esta carta concreta, el riesgo para los palestinos no aparece como un argumento autónomo.
Queda abierta una pregunta, y es legítimo dejarla al lector en vez de cerrarla con una respuesta definitiva: ¿cómo es posible que hechos de esta magnitud — 850 heridos, 122 comunidades desplazadas, 120.000 olivos destruidos, un sistema judicial que cierra el 93,6% de las investigaciones sin imputación — permanezcan al margen de la atención internacional, tratados más como material para declaraciones electorales que como una cuestión de derecho?
Fuentes: Il Sole 24 Ore · L'Espresso · Mosaico · SIR · il manifesto · Yesh Din / SIR · Amnesty International · Open · Zazoom · ICT Security Magazine · Euronews · Il Giornale d'Italia · European Commission