NOTICIA
RD Congo: el acuerdo de paz de Washington no ha detenido las matanzas de civiles en el este
Julio de 2026
Los hechos
El 27 de junio de 2025 la RD Congo y Ruanda firmaron en Washington, bajo mediación estadounidense, un acuerdo de paz bilateral. El 19 de julio de 2025 el gobierno congoleño y el liderazgo del movimiento rebelde M23 suscribieron en Doha un compromiso de alto el fuego. El 4 de diciembre de 2025 los acuerdos de Washington formalizaron el pacto (Amnesty International, HRW World Report 2026, consultados en julio de 2026). El 10 de diciembre de 2025 —seis días después— fuerzas ruandesas y el M23 lanzaron una ofensiva en Kivu del Sur, conquistando la ciudad de Uvira; el M23 se retiró solo en enero de 2026, tras una solicitud diplomática estadounidense (Global Centre for R2P, consultado en julio de 2026).
En el mismo período, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OHCHR) documentó que entre el 9 y el 21 de julio de 2025 al menos 319 civiles fueron asesinados por el M23, apoyado por miembros de las fuerzas armadas ruandesas (RDF), en el territorio de Rutshuru —entre las víctimas, 48 mujeres y 19 niños, en su mayoría campesinos sorprendidos en sus campos durante la siembra (UN News, OHCHR, consultados en julio de 2026). Human Rights Watch documentó por separado la ejecución sumaria de más de 140 civiles, en su mayoría hutus, en al menos 14 aldeas en julio de 2025, en el marco de una campaña del M23 contra las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR —grupo armado hutu ruandés, algunos de cuyos miembros históricos participaron en el genocidio de 1994) (HRW, consultado en julio de 2026). Un informe de HRW del 10 de junio de 2026 documenta además reclutamiento forzado y detención arbitraria de miles de civiles —incluidos niños de hasta 12 años— en los campos de entrenamiento de Rumangabo y Tshanzu, gestionados por el M23 y las RDF entre 2024 y diciembre de 2025, con ejecuciones sumarias de quienes intentaban huir (HRW, consultado en julio de 2026).
Las violaciones no son unilaterales. La propia misión de investigación de la ONU, establecida por el Consejo de Derechos Humanos en febrero de 2025, concluyó que todas las partes —M23, RDF, ejército congoleño (FARDC) y la coalición progubernamental Wazalendo— cometieron violaciones que podrían constituir crímenes de guerra o de lesa humanidad. Amnistía Internacional documenta violaciones grupales cometidas tanto por el M23 como por los Wazalendo en Kivu del Norte y del Sur; Human Rights Watch documenta abusos de las FARDC y los Wazalendo contra la minoría tutsi banyamulenge —asesinatos, ataques a aldeas, extorsiones—, mientras el ejército congoleño seguía suministrando armas y apoyo financiero a esas mismas milicias Wazalendo (HRW World Report 2026, Amnistía Internacional, consultados en julio de 2026). Al 10 de julio de 2026, según el centro de análisis Critical Threats, los combates prosiguen a lo largo de la frontera entre los territorios de Masisi y Walikale pese a los acuerdos de paz formalmente vigentes.
Ruanda niega reiteradamente la implicación de sus propias fuerzas armadas en las matanzas documentadas por la ONU (declaración del 11 de agosto de 2025); la Alianza Fleuve Congo, coalición político-militar de la que forma parte el M23, rechazó las acusaciones de la ONU el 7 de agosto de 2025. Ruanda justifica su apoyo al M23 por la presencia en territorio congoleño de las FDLR.
Comentario jurídico
El conflicto se rige por el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra; la implicación documentada de las fuerzas armadas ruandesas (RDF) junto al M23 plantea además cuestiones de derecho de los conflictos armados internacionales, no solo internos. El reclutamiento de niños de hasta 12 años documentado por HRW entra en el ámbito de la Convención sobre los Derechos del Niño y su Protocolo facultativo sobre niños soldado. La Corte Penal Internacional abrió un examen preliminar sobre los crímenes en Kivu del Norte desde enero de 2022, a solicitud del propio gobierno congoleño, en junio de 2023 —un examen todavía abierto sin novedades públicas recientes.
Implicaciones — la prueba de simetría
Aquí la prueba no requiere reconstrucción: se sostiene por construcción, porque no es este sitio quien lo establece sino la misión de investigación de la ONU, que imputó posibles crímenes de guerra a todas las partes implicadas —el M23 y las fuerzas ruandesas que lo respaldan, pero también el ejército congoleño y las milicias Wazalendo que el gobierno de Kinshasa arma y financia. Ninguna de las partes sale limpia, y es la propia ONU quien lo dice, no una reconstrucción hecha desde este sitio.
Fuentes: Global Centre for R2P · Human Rights Watch · Amnesty International · UN News / OHCHR · Critical Threats