NOTICIA
Camerún: la represión electoral llega a un tribunal de París, mientras la crisis anglófona cumple diez años
Julio de 2026
Los hechos
El 12 de octubre de 2025 Camerún celebró una elección presidencial disputada: Paul Biya, de 93 años y en el poder desde 1982, fue proclamado vencedor. La represión de las protestas postelectorales causó al menos 23 muertos, según el colectivo de la sociedad civil «Stand up for Cameroon» (Africanews, allAfrica, consultados en julio de 2026). El 12 de junio de 2026 Issa Tchiroma Bakary —exministro, candidato opositor, hoy exiliado en Gambia— presentó dos denuncias penales ante el Tribunal Judicial de París invocando el principio de jurisdicción universal (expediente n.º 26163000304). Los objetivos: Paul Biya y una veintena de altos funcionarios, entre ellos el secretario general de la Presidencia Ferdinand Ngoh Ngoh y el ministro de Administración Territorial Paul Atanga Nji. Una lista separada nombra a diecisiete uniformados acusados de disparar contra manifestantes. La segunda denuncia se refiere específicamente a la muerte bajo custodia del opositor Anicet Ekané; Tchiroma cita también la muerte en prisión de Souleyman Tobi. Varios miles de cameruneses permanecerían detenidos en condiciones que Tchiroma califica de ilegales (Cameroon News Agency, allAfrica/RFI, consultados en julio de 2026).
El gobierno rechazó la iniciativa. El ministro Grégoire Owona la calificó de búsqueda de notoriedad; el ministro delegado de Justicia Jean de Dieu Momo planteó un argumento de soberanía, cuestionando la legitimidad de un tribunal extranjero para juzgar a las más altas autoridades de un Estado africano (declaraciones recogidas por RFI/allAfrica, Guardian Post Cameroon, consultadas en julio de 2026).
De fondo, desde 2016 se libra un conflicto armado entre el gobierno y grupos separatistas ambazonios en las regiones anglófonas del Noroeste y Suroeste: más de 6.500 muertos, unos 900.000 desplazados internos (International Crisis Group, consultado en julio de 2026). El informe BTI 2026 documenta violencia indiscriminada por parte de las fuerzas gubernamentales, incluida la destrucción de aldeas enteras y casos de violación y tortura; los grupos separatistas, por su parte, son acusados de secuestros con fines de rescate, extorsiones y ataques contra civiles considerados colaboradores (BTI 2026 Cameroon Country Report, consultado en julio de 2026). El Consejo de Seguridad de la ONU ha dedicado una sola reunión a Camerún desde 2019 (Global Centre for the Responsibility to Protect, consultado en julio de 2026).
Comentario jurídico
La represión postelectoral plantea cuestiones bajo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención de la ONU contra la Tortura —instrumentos aún no incorporados a este sitio—. Entre los ya incorporados aquí, la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 19, libertad de expresión; art. 5, prohibición de la tortura) ofrece igualmente un anclaje de principio. La denuncia de Tchiroma se basa en el principio de jurisdicción universal, reconocido por el derecho internacional consuetudinario e incorporado al ordenamiento francés, que permite perseguir crímenes graves sin vínculo territorial con el Estado del foro. El conflicto anglófono, en cambio, se rige por el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra, aplicable a ambas partes en un conflicto armado no internacional.
Implicaciones — la prueba de simetría
En el conflicto anglófono la prueba de simetría se sostiene plenamente: violencia indiscriminada y destrucción de aldeas por parte estatal, secuestros y extorsiones por parte separatista —ninguno de los dos sale limpio—. En la represión electoral no existe una «contraparte armada» a juzgar con el mismo rasero, pero el instrumento jurídico invocado —la jurisdicción universal— es por construcción neutral respecto a quién lo sufre: se aplicaría del mismo modo a cualquier gobierno, no solo al camerunés.
Fuentes: Africanews · allAfrica/RFI · Cameroon News Agency · International Crisis Group · BTI 2026 Cameroon Country Report · Global Centre for R2P