NOTICIA
Colombia: un acuerdo de paz de 2016, y niños reclutados a la fuerza en 2025
21 de julio de 2026
Los hechos
En 2016 Colombia firmó uno de los acuerdos de paz más celebrados de la década, poniendo fin a cincuenta años de guerra entre el Estado y las FARC. Menos de diez años después, en una región fronteriza con Venezuela llamada Catatumbo, decenas de miles de personas se vieron obligadas a huir de sus hogares en pocas semanas — no por la guerra que había terminado, sino por la que ocupó su lugar. En enero de 2025 el Ejército de Liberación Nacional (ELN), guerrilla activa desde los años sesenta y nunca desmovilizada, lanzó una ofensiva para recuperar el control del Catatumbo frente al Frente 33, un grupo disidente surgido de la desmovilización de las FARC en 2017.
Según el World Report 2026 de Human Rights Watch, publicado el 4 de febrero de 2026, la campaña del ELN incluyó asesinatos, agresiones, secuestros y desapariciones de civiles acusados de vínculos con el grupo rival, obligando a más de 64.000 personas a huir. El dato más duro afecta a los niños: la Defensoría del Pueblo colombiana documentó 625 casos de reclutamiento infantil por grupos armados en 2024, un 81% más que los 342 casos de 2023, con datos de la ONU que indican que la tendencia continuó en 2025. La Jurisdicción Especial para la Paz, el tribunal nacido del acuerdo de 2016, ya ha condenado a siete exlíderes de las FARC por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra — incluidos tortura, violencia sexual y esclavitud — vinculados al secuestro de al menos 21.396 víctimas durante el conflicto histórico.
Comentario jurídico
El reclutamiento infantil está prohibido por el Protocolo facultativo de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, del que Colombia es Estado parte, así como por el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra, aplicable al conflicto armado no internacional aún vigente en el país. Colombia también es Estado parte del Estatuto de Roma: la situación colombiana, abierta por la Corte Penal Internacional en 2004, se cerró en 2021 sobre la base del compromiso de la justicia interna — principalmente la Jurisdicción Especial para la Paz — de perseguir estos crímenes; si el repunte de violencia en el Catatumbo podría devolver la atención de la CPI al país sigue siendo una pregunta abierta, aún no resuelta por las fuentes consultadas.
Implicaciones — la prueba de simetría
La prueba de simetría se aplica aquí del mismo modo que a otros grupos armados no estatales cubiertos por este sitio — los hutíes en Yemen, Hezbolá en Líbano: la responsabilidad penal individual no depende de la bandera bajo la que se combate. El gobierno de Gustavo Petro declaró el estado de conmoción interior en la región y desplegó a las fuerzas armadas — una intervención que las fuentes citadas no cuestionan en su principio, mientras quedan abiertas las preguntas sobre su eficacia y la protección real de los civiles sobre el terreno. Colombia también figura entre los países señalados por la Emergency Watchlist 2026 del IRC como un contexto de riesgo creciente, pero reaparece raramente en los titulares internacionales. Este sitio no había escrito sobre ello hasta hoy.
Fuentes: Human Rights Watch — World Report 2026, capítulo Colombia · IRC — 2026 Emergency Watchlist